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Técnicas Reunidas y ACS, salpicadas por una trama masiva de sobornos en la industria petrolera

Las empresas aparecen relacionadas con Unaoil, una compañía con sede en Mónaco acusada de sobornar a gobiernos a cambio de contratos

Las investigaciones apuntan a un directivo de Técnicas Reunidas que supuestamente se llevó mordidas

Leighton Holdings, propiedad de ACS, es una de las compañías más señaladas por una serie de contratos conseguidos en Irak que ascendían a unos 2.000 millones de dólares

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Un nuevo escándalo de corrupción en petoleras salpica a empresas españolas. EFE

Tras una investigación conjunta, The Huffington Post (Australia) y el grupo de comunicación australiano Fairfax Media publicaron los detalles del funcionamiento de la trama de sobornos articulada por la familia Ahsani en el principado de Mónaco. El reportaje, titulado ‘The Bribe Factory’ (La fábrica de sobornos), revela la forma de trabajar de la firma Unaoil y relaciona sus prácticas ilegales con multinacionales como las españolas Técnicas Reunidas y ACS, ésta última a través de una filial.

El funcionamiento de Unaoil era relativamente simple. La firma dirigida por los Ahsani se presentaba en calidad de lobby frente a grandes corporaciones, a las que convencía de su papel indispensable a la hora de conseguir contratos en países de Oriente ricos en petróleo. Sobre todo se centraron en países de gran inestabilidad política como Irak, Libia o Siria. Una vez cobrada una tasa de varios millones de dólares por sus servicios, usaban ese mismo dinero para sobornar a altos cargos de los países productores con el fin de obtener los contratos deseados por las multinacionales. Con este método, compañías de la talla de Samsung, Hyundai, Petronas o Rolls Royce pagaron millones a Unaoil con el objetivo de asegurar sus negocios en estos países.

La vinculación de Técnicas Reunidas

Según The Huffington Post y Fairfax Media, Técnicas Reunidas es una de las sociedades que más trato tuvo con la firma Unaoil. La investigación concluye que directivos de la compañía española, junto a los de otras empresas como Technipk, MI-Swaco o Rolls-Royce, no solo apoyaron el uso de sobornos, sino que incluso se llevaron sus propias mordidas. Este diario se ha puesto en contacto con la empresa española para recabar su versión de los hechos pero no ha recibido respuesta.

La presencia de Unaoil en Libia comienza tras el levantamiento de las sanciones de Occidente al régimen de Gadafi. Ahí, la empresa de los Ahsani comienza a tejer una red cuyo hombre fuerte es Mustafa Zarti. Este personaje es descrito por la propia Unaoil como “un buen amigo del Presidente Gadafi, hijo de Libia y con mucha influencia para hacer lobby sobre los trabajos del país”. De ahí que la compañía acordara cubrir de millones a Zarti a cambio de ayudar a los clientes de Unaoil, algo que según uno de los emails publicados en la investigación comienza a hacer desde 2006.

Uno de los clientes que supuestamente se aprovecharon de este y otros contactos fue la española Técnicas Reunidas. Como se describe en el reportaje, la investigación de los medios apunta a un directivo de la empresa sospechoso de pagar sobornos en nombre de la compañía para alcanzar sus objetivos.

Antes de la llegada de Unaoil a Libia, Técnicas Reunidas trató de llevar a cabo un negocio que fracasó. Era la construcción de una planta química que fue adjudicada a Espindesa (filial del grupo) en el año 2000, con un valor de 6,5 millones de euros. Posteriormente, y tras la filtración por parte de Wikileaks de los papeles del Departamento de Estado de EEUU, se supo que España pidió ayuda a la CIA para detener el negocio ante la sospecha de que Gadafi podría utilizar el combustible en la fabricación de misiles. Técnicas Reunidas llevó el caso a los tribunales, donde en 2011 el Tribunal Supremo negó la indemnización de 11 millones de euros que reclamaba la compañía al Ministerio de Economía.

El papel de Leighton Holdings, la filial de ACS

Uno de los focos más importantes de la investigación apunta directamente a la compañía australiana Leighton Holdings, renombrada como CIMIC en 2015 y cuyo 74% de las acciones pertenece a la constructora alemana Hochtief, empresa propiedad de la española ACS. El reportaje de Fairfax Media y The Huffington Post describe detalladamente la relación entre Leighton y Unaoil, y cómo la sociedad de los Ahsani maniobra para obtener los derechos de construcción de un oleoducto en Irak, un lucrativo trabajo valorado en unos 2.000 millones de dólares.

Los emails a los que tuvieron acceso esos medios de comunicación señalan a dos directivos de Leighton, Russell Waugh y Peter Cox, como los conocedores del funcionamiento de Unaoil. Por su parte, la empresa de los Ahsani contaba con el director general y el director de proyectos de South Oil, a los que regaban de dólares mensualmente. El proyecto era uno de los más importantes para reconstruir Irak, por lo que ambas compañías pusieron toda la carne en el asador para asegurar los 2.000 millones de dólares del negocio.

El reportaje describe al menos dos pagos de Leighton a Unaoil por valor de 87 y 25 millones respectivamente. Finalmente la jugada les salió bien y tuvieron éxito, ya que Leighton se hizo con los contratos a los que quería optar desde el principio.

eldiario.es se ha puesto en contacto con ACS pero la empresa ha preferido no hacer comentarios. La compañía de Florentino Pérez se hizo en 2011 con la constructora alemana Hochtief, que ya poseía el 59% de la australiana Leighton Holdings, tal y como aparece publicado en su Informe de Resultados de ese mismo año. En 2014, ACS lanzó una opa de 755 millones de euros para controlar el 74% de las acciones. Ya en 2015 y tras varias acusaciones de corrupción anteriores al escándalo de Unaoil, la empresa cambió su nombre por el de CIMIC Group para distanciarse de la mala imagen de Leighton Holdings.

Pero esta no es la última vez que se relaciona a la filial de ACS con la corrupción. El Financial Times informó recientemente de la apertura un proceso de investigación a Hochtief por parte de la Corte Federal de Australia, con el objetivo de comprobar si hubo un delito de uso de información privilegiada en el proceso de compra de acciones de Leighton. La presencia de dos consejeros de Hochtief en la junta de Leighton levantó sospechas, especialmente tras un correo en el que uno de los consejeros pide ampliar dos semanas el periodo de compra de acciones, un movimiento a priori en beneficio de los intereses de ACS.

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