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Qué supone de forma inmediata el acuerdo CETA de libre comercio con Canadá

El tratado entre la UE y Canadá, conocido por sus siglas como CETA, entrará en vigor en un 95% en primavera

Se eliminan los aranceles de los productos que intercambien ambas regiones 

Las ONG alertan de la liberalización de los productos agrícolas porque Ottawa no cumple los estándares medioambientales de la UE

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La Eurocámara da luz verde al acuerdo económico entre la UE y Canadá

Protestas en la puerta de la Eurocámara antes de que diera luz verde al acuerdo económico entre la UE y Canadá EFE

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el CETA y en breve podrá empezar a aplicarse de forma provisional, cuando Canadá lo ratifique en primavera. Un mero trámite, exento de las dificultades que el acuerdo de libre comercio ha encontrado en la UE para poder entrar en vigor.

Cuando lo haga, el 95% del tratado producirá efectos y para el resto, habrá que esperar a que los Estados miembros lo ratifiquen y den el visto bueno a aquellas partes del acuerdo que no son competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Un proceso que hoy día no está garantizado, entre otras cosas porque aún deben pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE y varios tribunales nacionales sobre la legalidad del CETA. Si un solo país lo rechaza, dejará de aplicarse en su totalidad, pero mientras tanto, estas son sus principales consecuencias. 

Eliminación de aranceles

El CETA elimina los aranceles aduaneros de los productos que intercambien la UE y Canadá. La mayoría desaparecerán tan pronto como el tratado entre en vigor y otros lo harán de forma paulatina en tres, cinco y siete años. Bruselas asegura que las empresas europeas se ahorrarán más de 500 millones de euros al año, aumentando su competitividad y abaratando el precio de los bienes.

Las ONG alertan de la liberalización de los productos agrícolas porque Ottawa no cumple los estándares medioambientales de la UE. La Comisión Europea considera infundadas esas críticas, porque “el CETA no cambiará la forma en que la UE regula la seguridad alimentaria, incluidos los transgénicos” y “todas las importaciones desde Canadá tendrán que cumplir las normas europeas” en este ámbito. Algunos productos como la carne de ave o los huevos seguirán teniendo aranceles. 

Liberalización de servicios

Los servicios están liberalizados, a excepción de los audiovisuales, la sanidad y la educación pública y algunos servicios sociales, según un documento elaborado por el Parlamento Europeo. Bruselas asegura que el CETA "protege completamente los servicios públicos". Pero los sindicatos, por la experiencia de otros tratados comerciales similares, temen que si un país decide liberalizar alguno de sus servicios no se pueda revertir la situación.

Acceso a contratos públicos

Tanto las empresas europeas como las canadienses podrán concursar en las licitaciones públicas de cualquier Administración en igualdad de condiciones.

Homologación de títulos

La UE y Canadá reconocerán las cualidades profesionales de algunas profesiones reguladas, como por ejemplo los arquitectos, ingenieros y  contables.

Lo que de momento queda fuera

Durante la aplicación provisional, quedará excluido el capítulo del tratado relativo a las inversiones. Por tanto, los servicios financieros no quedarán cubiertos por ahora.

Tampoco entrarán en vigor los polémicos tribunales de arbitraje, uno de los principales caballos de batalla de las organizaciones contrarias al CETA y al TTIP, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos que no tiene posibilidad de salir adelante mientras Donald Trump sea presidente.

Paul Magnette, ministro presidente de la región belga de Valonia, se opuso al mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Su rechazo al hecho de tener que compensar a las compañías si aprueba leyes que van en contra de sus intereses retrasó la firma del acuerdo entre la UE y Canadá, hasta que obtuvo el compromiso del Gobierno belga de consultar al Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad de estos arbitrajes.

La justicia europea no será la única que se pronuncie al respecto. También debe hacerlo el Tribunal Constitucional alemán, y ya ha expresado dudas al respecto.

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