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Diez cotizadas catalanas pueden usar el decreto del Gobierno para permitir mudanzas exprés

Caixabank, Gas Natural, Abertis, Grifols, Cellnex, Fluidra, Service Point, Ercros, Dogi y Fersa dejaban la decisión de trasladar su domicilio social en manos de sus juntas de accionistas

En el caso de FCC, Catalana Occidente, Colonial, Applus, Almirall, Miquel y Costas y Laboratorios Reig, está en manos del consejo de administración

La norma permitirá adoptar el cambio de sede sin tener que pedir permiso a la asamblea de socios

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El presidente de la Bolsa de Barcelona defiende la consulta sobre el futuro de Cataluña

Pantallas en la Bolsa de Madrid. EFE

Diez empresas cotizadas catalanas van a poder utilizar el Real Decreto Ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros para permitir a un cambio exprés del domicilio social de las empresas. La norma, que entrará en vigor este sábado tras su publicación en el BOE, puede exacerbar la creciente fuga de compañías catalanas ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno de Carles Puigdemont.

Con el decreto del Ejecutivo central, aprobado bajo la figura legal reservada a razones de "extraordinaria y urgente necesidad" y redactado, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, a petición "de una serie de instancias empresariales", los consejos de administración de las compañías podrán aprobar un cambio de su domicilio social sin tener que pedir permiso a sus juntas de accionistas siempre que sus estatutos no indiquen expresamente lo contrario.

El Ministerio de Economía persigue facilitar así a otras compañías (muy especialmente, a Caixabank) seguir la senda marcada por Banco Sabadell, cuyos estatutos sociales daban vía libre a su máximo órgano de gestión para tomar esa decisión, adoptada el jueves con Alicante como destino. Otra importante compañía catalana, Freixenet (que no cotiza en Bolsa), también ha anunciado que estudia una mudanza. Su presidente es José Luis Bonet, también al frente de la Cámara de Comercio de España y abiertamente en contra de la independencia de Catalunya.

Las empresas cotizadas catalanas que van a poder acogerse a este cambio legal del Gobierno son Caixabank, Gas Natural, Abertis, Grifols, Cellnex, Fluidra, Service Point, Ercros, Borges Agricultural Nuts, Dogi, Renta Corporación y Fersa. Las cinco primeras son compañías que cotizan en el Ibex 35, el principal indicador bursátil español. Tienen un valor en Bolsa que el jueves rondaba los 75.000 millones.

Caixabank: El consejo de administración de la entidad va a reunirse este viernes para analizar un traslado de su sede social fuera de Catalunya, previsiblemente a Palma de Mallorca. Los estatutos de la entidad dicen que para aprobar un traslado de domicilio fuera de Barcelona, "se precisará el acuerdo de la Junta General de Accionistas". El banco es el tercero de España por volumen de activos y su poder en Catalunya y en España es enorme. Con un valor bursátil de unos 24.500 millones, 32.000 empleados y más de 5.000 sucursales, tiene una potente cartera de participaciones que abarca varios sectores estratégicos: es el principal accionista de la petrolera Repsol (9,84%), de Gas Natural (24,4%) y de Abertis (22,3%) y controla un 5% en Telefónica, Prisa y la aceitera Deoleo.

Gas Natural: la tercera eléctrica española y primera empresa gasista del país, heredera de la antigua Unión Fenosa (que adquirió en 2008), tiene más de 17.000 empleados y en 2016 facturó más de 18.400 millones de euros. Como su principal accionista, La Caixa, analiza seriamente un cambio de sede por los efectos financieros, regulatorios y laborales que tendría una declaración unilateral de independencia de Catalunya para una empresa fuertemente sometida a regulación española y con una deuda de 15.000 millones de euros. Sus estatutos dicen que el consejo de administración sólo es competente para "acordar el traslado del domicilio dentro del término municipal de Barcelona".

Abertis: la concesionaria de autopistas de peaje, con cerca de 5.000 millones de facturación en 2016 y casi 15.000 empleados a 30 de junio de este año, es otra de las empresas que estudia salir de Catalunya, según avanza Expansión, aunque todavía no hay una decisión tomada. Sus estatutos dicen que el consejo de administración sólo es competente para un traslado de domicilio dentro del mismo término municipal, esto es, Barcelona. Abertis ha sido objeto de una oferta pública de adquisición (opa) por parte de la italiana Atlantia que todavía tiene que aprobar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una vez obtenido el visto bueno del regulador bursátil, podrán presentarse contraofertas. Hay interés por parte de ACS, la constructora de Florentino Pérez, que tendría el beneplácito del Gobierno. El secretario del consejo de administración de Abertis es el influyente abogado Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, históricamente vinculado a CiU y que también ocupa ese cargo en Banco Sabadell.

Grifols: La farmacéutica con sede en Barcelona, con un valor bursátil de unos 10.000 millones y 16.808 empleados a 30 de junio, es otra de las que establece en estatutos que su consejo de administración sólo es competente para un traslado de domicilio dentro de la capital catalana. Su primer ejecutivo hasta enero y desde 1987, Víctor Grifols, nunca ha ocultado su simpatía por el nacionalismo catalán,. En los últimos años la compañía ha concentrado buena parte de su actividad en el exterior, en especial, en territorios de baja fiscalidad como Irlanda.

Cellnex: La filial cotizada de telecomunicaciones de Abertis, que salió a Bolsa en mayo de 2015, también establece en sus estatutos que su consejo sólo es competente para decidir el traslado dentro del término municipal de Barcelona. Tiene un valor bursátil de unos 4.300 millones, ventas de 4.050 millones y 1.335 empleados a 30 de junio.

Fluidra: El fabricante de piscinas, con sede en Sabadell (Barcelona), cotiza en el mercado continuo y tiene un valor bursátil cercano a los 1.000 millones, 4.431 empleados y una facturación de 713 millones en 2016. Sus estatutos establecen que un traslado de domicilio social debe ser aprobado por su junta de accionistas.

Service Point Solutions: Con sede en Barcelona, un valor bursátil de unos 450 millones, ventas de 9,1 millones y 133 empleados, la empresa ha anunciado este viernes una reunión extraordinaria de su consejo de administración "para analizar las posibles medidas a adoptar, en el marco de la situación política en Cataluña, en defensa de los intereses de la compañía, sus accionistas, clientes, proveedores y empleados, incluyendo el cambio de domicilio social". Esta decisión está actualmente en manos de su junta de accionistas, pero quedará en manos del consejo gracias al decreto del Gobierno. La empresa, constituida en 1969, superó en 2015 un concurso de acreedores.

Ercros: El histórico grupo industrial, con sede en Barcelona, tiene un valor de unos 280 millones, 1.366 empleados y unas ventas de 602 millones en 2016. Su presidente es Antonio Zabalza, ex secretario de Estado de Hacienda y ex director de gabinete de Felipe González. Un eventual traslado de domicilio fuera de Barcelona está en manos de su junta de accionistas, según sus estatutos.

Dogi: El grupo textil avanzó en la noche del jueves que su consejo va a iniciar los trámites necesarios para trasladar su sede de El Masnou (Barcelona) a Madrid. Esta decisión, según sus estatutos, depende de su junta de accionistas. Constituida en 1971, superó un concurso de acreedores en 2010 y su valor bursátil ronda los 340 millones. Tiene 355 empleados y en 2016 facturó 41 millones.

Fersa: La empresa de energías renovables, que va a reubatizarse como Audax Renovables, establece en sus estatutos que un traslado de domicilio depende de la junta. Con sede en Badalona, facturó 30 millones en 2016 y tiene doce empleados. Su valor bursátil es de 61 millones.

Otras cotizadas catalanas dejan la decisión de cambiar de domicilio en manos de su consejo de administración o no especifican qué órgano tiene esa facultad, por lo que no necesitarían el decreto que va a aprobar el Gobierno.

Se trata de FCC (la constructora que ahora controla el mexicano Carlos Slim, cuarta del sector en España por valor bursátil); Catalana Occidente (que ya ha anunciado que estudia marcharse de Barcelona); la socimi Colonial (que tiene como mayor accionista al fondo soberano de Qatar, con el 10,6%); la certificadora Applus; la farmacéutica Almirall (de los hermanos Gallardo, opuestos a la independencia y acogidos a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro); Borgel Agricultural Nuts; la inmobiliaria Renta Corporación; Miquel y Costas (fabricante del papel de fumar Smoking); y los laboratorios Reig.

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