Oposiciones a la Junta, un cóctel de morbo, juzgados y búsqueda del empleo soñado
La queja de una treintena de opositores a subalterno, que sospechan de las altísimas notas obtenidas en el examen por un matrimonio, es el último episodio de la lista de incidentes o acusaciones vertidas en el proceso de recluta de trabajadores para la Administración pública extremeña, en este caso la autonómica.
Al margen del caso, sobre el que la Junta prefiere no pronunciarse y los sindicatos no habían recibido ninguna queja, las fuerzas sindicales consultadas por el diarioex coinciden en que el sistema está agotado, “hace aguas por todos los lados”, y reciben con pétalos de flores el anuncio del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de regularizar esta cuestión partiendo de que haya un calendario estable de oposiciones a cinco años vista.
No dudan de la limpieza de los procesos selectivos en general, en torno a los cuales crece sin embargo un morbo abundante, pero creen que habría que cambiar algunas cosas para que no quede resquicio alguno de duda.
“Es rara la oposición que no ha terminado en los juzgados en los últimos años”, subraya Benito Román, presidente regional de CSIF. “Y es que no hay seguridad jurídica, ninguna de las partes saben a qué atenerse”.
El problema empieza por el propio temario de las oposiciones, señala Mariángeles Rodríguez, de la federación de servicios públicos (FSP) de UGT. Los temas están claros, sí, salen en la convocatoria, pero no hay ninguna referencia oficial de cómo prepararlos, qué textos, qué bibliografía, adónde acudir, con lo cual se inicia una búsqueda incierta porque “a un mismo tema en un sitio encuentras una respuesta y en otros, otra diferente”.
Para algo está la Escuela
Así la preparación del aspirante es heterogénea, caótica, o sometida a la existencia de temarios privados a su vez de origen diverso. “Yo creo”, propone Guillermo Barroso de la federación de servicios a la ciudadanía (FSC) de CCOO, “que para eso está la Escuela de Administración Pública de la Junta, para orientar y dar respuesta a ese problema, con bibliografía, estudios y otra referencias claras”.
La gran ‘pata’ sin embargo del sistema son los tribunales calificadores, que gozan de una gran autonomía. Antaño formados por funcionarios designados directamente por la Administración, se ha cambiado esa fórmula de “los mismos de siempre” –“y todo lo que dura acaba digamos deteriorándose”, confiesa un sindicalista- por funcionarios voluntarios.
Experimentado por primera vez, el procedimiento ha funcionado a medias. Hay tribunales que no se han cubierto en su totalidad, y sobre todo en ellos han aterrizado funcionarios “muy capacitados técnicamente, con la titulación adecuada, pero que no saben examinar”, indica Barroso. “Hay que enseñarles, hay que formarles”, reclama Román desde CSIF.
“Y que desde el principio de la convocatoria sean públicos los criterios de puntuación, para que los tribunales, y los examinandos, sepan a qué atenerse y haya seguridad jurídica para todos”, sigue exigiendo CSIF. En caso contrario llegan los recursos, los litigios, los largos trámites judiciales y los retrasos. “Hay que desterrar cualquier posibilidad de subjetividad, y que así los tribunales sean homogéneos para que los aspirantes tengan verdadera igualdad de oportunidades”.
Un minuto por pregunta
Normalmente las oposiciones se componen de una primera prueba tipo test, que hace de criba, y un segundo ejercicio en el que se desarrolla un tema. En la primera los sindicatos, dado que los errores restan, piden “preguntas claras”, explica Mariángeles Rodríguez, que reprocha que para cada respuesta hay solo un minuto de plazo “cuando la pregunta a veces tiene cuatro renglones y es tan imprecisa que la tienes que leer varias veces”. Es algo que se echa en cara a los tribunales.
Esta última convocatoria de empleo público de 2013, a la que pertenece el concurso de subalternos, está siendo especialmente exigente. Muchos suspendidos, con lo cual en varias especialidades no van a quedar aprobados suficientes para constituir bolsa de espera, y habrá que hacer luego otra convocatoria específica para ello “con el gasto y los trastornos consiguientes”, protesta Guillermo Barroso de CCOO.
Sin ir más lejos están las quejas de los aspirantes a auxiliar administrativos, de cuyo examen salieron diciendo que era propi de un nivel muy superior. “Las de administrativo fueron menos difíciles”, confirman desde UGT la paradoja, lo que confirma la descoordinación entre tribunales a la hora de formular preguntas o calificar respuestas.
Todo se ha complicado en los últimos años por la escasez de plazas y las necesidades laborales de una sociedad como la extremeña con tal tasa de paro, que sigue buscando en el empleo público la ocupación soñada, el destino dorado y para toda la vida.
“A todo esto hay que darle la vuelta y esperamos que la propuesta del calendario sea la base”, confía Román de CSIF. Para poder superar una trayectoria de pleitos judiciales, plazas cuyo ganador puede pronosticar un partido político (UPyD en el caso de la Asamblea con meses de antelación), escándalos como la suspensión del examen de una consejera de la Junta, y anulaciones, varios años después, de oposiciones ya resueltas.
