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EXTREMADURA

Los apicultores cacereños, contrarios a un cambio de las normas de trashumancia de colmenas

La Asociación Cacereña de Agricultores rechaza la creación de una nueva ley que dificulte el movimiento de colmenas entre comunidades

Se muestran a favor de la unidad del sector, y abogan por una trashumancia "libre"

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Apicultor

Apicultor EFE

En Extremadura cohabitan durante casi ocho meses la totalidad de las colmenas extremeñas junto a más de 300.000 de otras comunidades autónomas, acogiendo así más del 30 por ciento del censo nacional.

La Asociación Cacereña de Agricultores defiende las actuales normas nacionales y autonómicas de trashumancia recogidas en el real decreto 209/2002 y en las correspondientes normativas autonómicas.

En un comunicado conjunto con las organizaciones agrarias UPA y COAG Salamanca rechazan la propuesta de la  Junta de Castilla y León de aprobar una nueva Ley de Trashumancia de Colmenas.

Desde la asociación exponen el flujo recíproco de colmenas y otras especies ganaderas que se produce entre las comunidades de Castilla y León y Extremadura y valoran la realidad reguladora extremeña como "modelo de convivencia". En el que  interactúan durante toda la invernada y la campaña primaveral (producción de polen y mieles claras) la totalidad de las colmenas de la comunidad extremeña y más de 200.000 de Castilla y León.

Defensa de los apicultores extremeños

El presidente de la asociación Paulino Marcos ha criticado que en Extremadura aún no existe en ningún municipio ordenanzas que regulen los asentamientos apícolas, de las dos surgidas en 2015, una se ha derogado y otra se encuentra en suspenso tras las presiones realizadas por la Asociación Cacereña de Apicultores. Mientras que en Castilla y León estas ordenanzas se encuentran recogidas en la Ley 11/2003 de Castilla y León y posteriores modificaciones.

Por otro lado ha explicado que con el inicio de la trashumancia apícola los apicultores extremeños deben comunicar a las unidades veterinarias de destino en Castilla y León la ubicación exacta de las colmenas mediante polígono y parcela. Tienen que presentar en los ayuntamientos la comunicación ambiental y memoria descriptiva de la explotación, cumplir el área de pecorea, presentar seguro de responsabilidad civil y permiso del dueño de las parcelas, entre otros.

Expone que los requisitos anteriores no se exigen a ninguna de las explotaciones apícolas estantes de Castilla y León que se asientan en esos mismos municipios y que además los verdaderos problemas les surgen a los apicultores extremeños cuando realizan trashumancia a esta comunidad en la que permanecen poco más de tres meses.

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