Carta abierta del constructor José Romero, antes de entrar en la cárcel

Durante estos cuatro largos años de proceso, lo único que se oía y se filtraba a los medios de comunicación han sido cosas negativas hacia los condenados, desde repartirse dinero de obras no ejecutadas hasta duplicar el cobro de trabajos realizados.

Finalmente, la justicia condena a tres personas a prisión durante dos años y un día. Como no puede ser de otra forma, hay que acatar la sentencia, pero el acatarla desde luego no quiere decir que se esté de acuerdo con ella, y ni mucho menos que desaparezca el sentimiento de injusticia, indefensión y manipulación que tengo.

Durante todo el proceso, tanto en el periodo de instrucción, como en el juicio oral y en el recurso presentado a la Audiencia Provincial, me he sentido indefenso. Ninguno de los 13 testigos solicitados para mi defensa fue admitido, entre ellos ex alcaldes y ex ediles del PP del Ayuntamiento de Plasencia, funcionarios municipales, peritos técnicos, y trabajadores que podrían haber aclarado las dudas que existieran sobre la realización de las obras. Tampoco fueron tenidas en cuenta pruebas periciales que se presentaron por el resto de condenados.

De las 7 obras investigadas, en ninguna de ellas existe perjuicio para las arcas públicas y a continuación digo por qué, basándome en lo reflejado en las dos sentencias. La valoración que hace el perito judicial de las obras del polígono industrial, que consistieron en acondicionar acerados, obra fácil de valorar, asciende a la cantidad de 376.000 euros, siendo la cantidad cobrada por la empresa de 208.000 euros. Esto supone un ahorro para las arcas públicas de 167.000 euros. Como en este caso, en otras obras también sale un beneficio para las arcas públicas; en la obra del campo de fútbol de Los Pitufos, el peritaje es de 228.000 euros, y se cobró por los trabajos 208.000 euros, es decir, 20.000 euros de ahorro para el Ayuntamiento. La obra de la pista polideportiva de La Data está valorada por el perito judicial en 69.000 euros, y el Ayuntamiento pagó por ella 40.000 euros, es decir, 29.000 euros menos que su valor pericial. En las obras del aparcamiento de La Isla y los mantenimientos en la Ciudad Deportiva, la sentencia dice que los importes abonados por las obras corresponden a lo valorado judicialmente. En la obra de la Piscina cubierta, la facturación es de 110.000 euros y la sentencia dice que está valorada en 113.000, es decir, 3.000 euros a favor de las arcas municipales. La última obra es la pista de motocross, en la cual se facturó 104.311 euros y se valora por 104.388 euros.

Haciendo una simple cálculo sobre la valoración de las obras en la sentencia y lo cobrado por las mismas, resulta que existe un ahorro global para las arcas municipales de 219.000 euros aproximadamente.

A pesar de ello, la misma sentencia dice que si las obras hubieran salido a licitación pública, se estima que la baja que se habría conseguido en tres de las obras hubiera sido del 6%, lo que supone un total de 18.000 euros de posible ahorro. Es curioso que el juzgado suponga un 6% de baja, y no un 15% o un 2%, o una licitación desierta, o incluso un incremento del coste de la obra tras la adjudicación, cosas que suceden a menudo en las obras que se siguen efectuando en la ciudad, tanto en licitación pública como en adjudicaciones por invitaciones y sin publicidad.

Con lo cual, en ningún momento se dice que alguien haya cobrado por algún trabajo no hecho, ni está demostrado que se haya cobrado de más, sólo se estima que se podría haber ahorrado ese 6% en tres obras de las siete obras iniciales. Y siempre según la sentencia, nadie pagó a nadie, nadie robó, y la razón por la que desde el Ayuntamiento se me encargaban las obras, es porque las obras se hacían rápido y sin dar problemas durante la ejecución de las mismas.

Para terminar, todas y cada una de las facturas presentadas durante el periodo de cuatro años en el que se realizan las obras, repito, todas las facturas, una vez fiscalizadas, pasaban todos los trámites legales en el Ayuntamiento, y eran firmadas por el interventor y el tesorero del Ayuntamiento, para poder ser endosadas en el banco. Aun desconozco por qué motivo, una persona responsable de su trabajo, sabiendo que existe una irregularidad que provoca un perjuicio para las arcas municipales, lo permite durante cuatro años, cuando con simplemente no haber firmado, no habría existido ningún caso Plasencia.

Según esta sentencia, se puede interpretar que cualquier adjudicación directa por cualquier organismo público, siendo de cualquier cantidad, sería un fraude, ya que de hacerse en pública concurrencia supondría un beneficio para las arcas públicas.

En definitiva, tres personas a prisión durante dos años y un día porque una sentencia estima que se podrían haber ahorrado 18.000 euros.

Firmado, a 20 de abril de 2015, José Antonio Romero Vega