Los expertos extremeños en financiación autonómica piden que País Vasco y Navarra sean también solidarios
La comisión de expertos extremeños para el estudio de la financiación autonómica ha reclamado que las comunidades forales con su propia Hacienda, País Vasco y Navarra, se integren en los mecanismos que garantizan la solidad interterritorial de las comunidades de régimen fiscal común, que son todas las demás.
Actualmente esas dos comunidades norteñas recaudan y administran todos sus impuestos, y luego negocian con la Hacienda estatal la entrega de algunas cantidades o ‘cupos’, un sistema que ha sido criticado desde fuera del ámbito vasco-navarro como poco transparente e injusto, y con un saldo final beneficioso para esas dos comunidades.
Su plena integración en los mecanismos de reparto y solidaridad interterritorial es una de las conclusiones de la comisión de expertos nombrada por los partidos políticos dentro del seno de la Asamblea de Extremadura, y que recomienda a la Junta reclamar, en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, “un sistema de nivelación plena de todos los servicios públicos transferidos”, así como el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
El dictamen de la comisión ha sido trasladado a los grupos parlamentarios y a la Junta para favorecer “una postura unitaria” con que abordar las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica.
El documento repasa el marco jurídico del régimen común de financiación de las comunidades autónomas y considera, con respecto al cálculo de las necesidades de gasto, que lo ideal es que una comisión de expertos, “mediante los oportunos estudios técnicos”, estime estas necesidades para los distintos servicios públicos transferidos, “como, por ejemplo, sucede en otros países con una larga tradición en la financiación descentralizada”.
Dispersión de población
En ese nuevo cálculo “tendrían que incorporarse nuevas variables que reflejen costes diferenciales, como la existencia de costes fijos y de factores de dispersión de la población correctamente definidos”.
De igual forma, se tendrían que tener en cuenta, “demandas diferenciadas, como sucede con la inversa de la renta regional como indicador de la utilización de la provisión pública de los servicios o la población en riesgo de pobreza y exclusión social”.
Por otra parte la incorporación de los servicios transferidos no fundamentales en el cálculo de las necesidades de gasto de la región “justifica una mayor ponderación de las variables territoriales como la superficie y la distribución de la población en ella”.
En esa misma línea, precisa que en el ámbito sanitario resulta fundamental el cálculo de necesidades “con medición del coste real de los servicios esenciales” y ponderar “en mayor medida variables como la densidad de población”, además de introducir variables relacionadas con la pobreza.
Extremadura debe intentar pactar “un incremento sustancial de la financiación actual” e insiste en que para ello es importante que las particularidades que presenta la región y que condicionan sus necesidades reales de gasto sean reconocidas por el modelo de forma general y no a través de fondos específicos como el Fondo de Cooperación.
La nivelación de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) debe constituir “un mínimo irrenunciable” para Extremadura, aunque asimismo existen argumentos jurídicos y económicos para apoyar la nivelación plena de todos los servicios transferidos.
La comisión de expertos advierte, además, que avanzar hacia un sistema en el que la financiación garantizada dependa de la capacidad fiscal de los territorios resulta especialmente perjudicial para aquellas comunidades con menores niveles de renta y riqueza y Extremadura “representa un caso extremo de esta situación”.
Defienden una negociación “multilateral” del nuevo modelo de financiación, así como el principio de solidaridad recogido en la Constitución Española y un incremento del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para hacerlo más efectivo.
En esa misma línea, exige que la inversión territorializada del Estado responda a este mismo principio y se realice de forma transparente.
