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CCOO, UGT y FREAPA, unidos para reclamar a la Junta la retirada de fondos públicos a centros concertados

El curso comienza mañana en Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria

Reclaman la “des-concertacion” de la educación pública. Hay localidades donde la pública y la concertada comparten espacio. Explican que se da la circunstancia de que el sistema público pierde unidades, mientras los conciertos lo ganan.

CCOO, UGT y FREAPA, unidos a través de la Plataforma por la Educación Pública Extremeña, exigen a la Consejería de Educación que retire los fondos públicos a los colegios concertados y que se garantice que los públicos cubran las plazas de las que disponen.

Exigen que la educación sea pública o privada. El motivo que esgrimen es que la opción privada-concertada tiene fondos públicos y conlleva en algunas ocasiones al cierre de centros públicos por falta de alumnado y profesores.

“Tenemos una red suficiente”

El manifiesto en defensa de la pública considera que ya existe una red de centros públicos “con profesorado público, pagados por todos, suficientes para escolarizar a toda la población”.

Se trata de un documento con 12 puntos, en los que piden a la administración regional que garantice las plazas escolares a los centros públicos, y no a los centros concertados.

El responsable de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres en Centros Públicos (FREAPA) Joaquín León, ha recordado que en los primeros años de la democracia existía un déficit de plazas en centros públicos. Por ello se acordó la concertación de plazas escolares en centros privados, para cubrir esa demandada mientras se creaba la infraestructura necesaria.

Sin embargo ahora las circunstancias han cambiado, y desde 2011 se han ido incrementando las líneas en centros concertadas en detrimento de líneas públicas, además de que ha bajado la natalidad, según ha explicado en compañía de Isabel Roldán, de CCOO, y Rosa Martín de UGT.

Para la plataforma en defensa de la educación pública es fundamental recuperar unos estándares de calidad en la educación extremeña para recuperar ratios, jornadas lectivas y atención a la diversidad.

Sentencia de Religión

Por otro lado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado la ejecución provisional para el próximo curso escolar de la sentencia, de 31 de enero, que falla en contra del Gobierno regional al anular la carga horaria de Religión en la ESO y en el primer curso de Bachillerato y que suponía una reducción de la misma.

Anula los artículos del Decreto 98/2016, que estable el currículo de ESO y Bachillerato que se ha implantado este curso académico, por no incluir la oferta de Religión entre las asignaturas específicas del segundo curso de Bachillerato.

El TSJEx determina la ejecución provisional y sin fianza de esta sentencia -en la que se estimaba el recurso presentado la Asociación de Padres de Extremadura Escuela Pública Educación Integral (Apadex)- en tanto se resuelva el recurso de casación interpuesto contra la misma por la Junta de Extremadura.

El Alto Tribunal extremeño se pronuncia así a la solicitud de ejecución provisional que habían realizado ante el mismo el Arzobispado de Mérida-Badajoz, Obispado de Coria-Cáceres y Obispado de Plasencia. Los tres obispados extremeños presentaron también un recurso contencioso administrativo contra el decreto que regula el currículo de ESO y Bachillerato por la reducción horaria de la asignatura de Religión, que fue desestimado y cuyo fallo está recurrido.

El auto señala que “no se acredita la concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación que impidan acceder a acordar dicha ejecución provisional”, que son los motivos que justificarían su denegación, según establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en su artículo 91.3.

Entiende que el aumento de la carga horaria de Religión y cuya ejecución inmediata se solicita conlleva una alteración en las cargas horarias de otras asignaturas similares pero “no conlleva un importante aumento de costes ni afectación presupuestaria, en relación con el decreto anterior”.

Por el contrario justifica que “la no ejecución acarree problemas a los alumnos que ven reducida el horario y además se ven obligados bien a cursar otra asignatura de manera obligatoria, bien a aumentar el número de asignaturas a cursar”.

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