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EXTREMADURA

Desde mi azotea

Otro ataque a la decencia. El “caso Monedero”

"Romper el principio de la confidencialidad profesional, en este o en cualquier otro caso idéntico, sería otro paso hacia la consideración de España como un país poco serio. Y nada tiene que ver con la política. Pero sí mucho con la forma rastrera de hacer política que se viene viviendo en España desde hace ya demasiado tiempo".

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Monedero tiene dos casas e ingresó en 2013 casi 420.000 euros por sus actividades profesionales

Juan Carlos Monedero, dirigente de Podemos.

Todos los que hayan leído algo mío en lo que tocase a opiniones políticas sobre unos u otros partidos sabrán que suelo ser muy crítico con todos ellos, por algún tipo de “deformación profesional” debida a mi adscripción en una escuela de pensamiento crítico a la que no voy a renunciar, pero que no puede ser “partidaria” precisamente por ese carácter esencial. De modo que este escrito, como otros, pretende clarificar los planos que hoy me parecen muy confusos. Y romper la confidencialidad sería una indecencia.

No comparto con el Sr. Monedero su posición política (tampoco sé exactamente cuáles sean sus posiciones en aspectos para mi esenciales) ni la titulación profesional, según creo. Pero sí he trabajado, decenas de años ya, en tanto que sociólogo especializado en algunas técnicas estadísticas y comerciales, como consultor para empresas privadas e instituciones públicas en diversas áreas y países y algo puedo decir sobre el “asunto Informe”, o más bien sobre la un tanto falsa polémica en las que se está pidiendo que se “haga público”; unos lo piden por mala fe manifiestamente visible (son adversarios políticos de Monedero y el “y tú más” es un arma de uso masivo entre nuestra “clase política”) o por desconocimiento, sobre todo de los ciudadanos de buena fe que quieren transparencia en todas las actuaciones de los servidores públicos, algo esto último en lo que me adhiero por completo. Unos y otros están reclamando algo absolutamente impropio.

Un informe confidencial lo encarga una empresa o institución para conocer algo que por sus propios medios no conoce (o no le consta) y puede encargarlo a cualquier profesional (como podría encargar el plano de un edificio o mil ejemplos más) y esa entidad es la única que debe disponer de esa información, puesto que no es preciso siquiera hacer constar el compromiso de confidencialidad por razones obvias: Nadie iba a pagar por algo que una semana después fuera a ser conocido por todo el mundo interesado. Y hay estudios que interesan a mucha gente. Romper esa confidencialidad asumida en cualquier trabajo profesional, en el mundo entero, sería dar otro paso adelante en el proceso de degradación de un sistema político social, el español, que en el sentido ético está saltando por todas las costuras.

Además, el Sr. Monedero a la sazón ni siquiera era “miembro de un partido” ni menos representante del pueblo español en ningún sentido, y si lo hubiera sido, militante de un partido digo, no fue contratado por ello ni esa militancia, la que pudiera tener entonces, le podría llevar a otra cosa que a respetar esa confidencialidad exigida y exigible.

No seré yo, por tanto, quien me ponga en la fila de “los agraviados” por este asunto y más bien quisiera que se discutiera de planteamientos políticos concretos y no de la capacidad profesional o los contactos que todo consultor tiene derecho, y obligación, de cuidar, porque la confianza de sus clientes, pasados o futuros, se basa en esa misma capacidad de confianza que pueda inspirar.

Otra cosa es que el Sr. Monedero sepa entender que ahora sus clientes potenciales son otros, y también deberá ser digno de la confianza de estos.

Las cosas claras se entienden mejor. Y resulta obsceno perseguir a un investigador social por trabajar y vender su producción (por más, y enhorabuena, que la vendiera bien, algo en lo que no voy a entrar, porque dadas las condiciones en ciertos sitios, yo no he aceptado trabajos muy bien pagados cuando había otros factores en juego) mientras se tiene por contra esa “pereza” y desidia con gente que ha robado a España a manos llenas.

Romper el principio de la confidencialidad profesional, en este o en cualquier otro caso idéntico, sería otro paso hacia la consideración de España como un país poco serio. Y nada tiene que ver con la Política. Pero sí mucho con la forma rastrera de hacer política que se viene viviendo en España desde hace ya demasiado tiempo. ¿O quieren que la investigación social o la consultoría también desaparezca o la hagan sólo las “afectos al régimen”? Hablamos otro idioma.

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