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EXTREMADURA

Opinión

Presupuestos y viviendas públicas

Hemos defendido, sistemáticamente, que reencauzar nuestros Presupuestos Autonómicos a la lógica del procedimiento, y al rigor del gasto, en orden a los recursos  disponibles, era una meta difícil, por cuanto el desbarajuste contable del gobierno Monago era de “traca”

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Aplaudimos la vuelta a la realidad, por encima de las derivas administrativas, el propagandismo interesado y la chapuza. Ya lo denunciamos, puntualmente, en la misma medida que señalamos el travestismo de un partido – Izquierda Unida - que permitió, e incluso arropó sin pudor político, aquellas huidas, hacia la nada y más allá, de esta derecha de campanario que, visto lo visto, poco o ningún servicio ha rendido a Extremadura. 

Desde SIEX estamos convencidos de que nuestro empeño en desenmascarar tan antinatural abrazo societario ayudó a rescatar la mayoría institucional para el espacio sociológico que representa la izquierda posible en  Extremadura. Valga este comentario para reconocer, de entrada, la labor del Ejecutivo Autonómico, soldando los rotos ocasionados y retomando la racionalidad. 

Parece, por tanto, razonable que se articulen medidas progresistas - públicas necesariamente, no hay otras formulas - afianzadas en la seguridad, más que perceptible, de que el Gobierno tiene un amplio soporte ideológico, así como coartada social suficiente para acometer esas acciones en orden a las demandas sociales mas elementales, empezando por el empleo. 

Muy especialmente para quienes, por su vulnerabilidad, más lo necesitan. El propio Presidente de Extremadura insiste en reforzar su discurso, respecto de la ampliación de los complementos sociales – ya se remendaron los descosidos de la asistencia sanitaria en el mundo rural - que puedan implementar los ingresos familiares que, aquí, reflejan medias más bajas que las del conjunto del Estado. 

La vivienda pública es un eje fundamental de ese discurso, dado que en muchos casos no se disponen de otros ingresos que los de la Renta Básica, una salida que tiende,  necesariamente, a su consolidación como derecho. La vivienda, para un amplio bloque de extremeños, formaliza un pilar para la dignidad humana, significado, incluso constitucionalmente, como un derecho fundamental. 

Consecuentemente con ello, sobre la base de un soporte sociológico progresista de amplio espectro, se deben  asumir acciones de  empuje, en esa dirección, como respuesta a una ciudadanía que las exige, en el transito hacia un despegue  decidido, meta irrenunciable para afianzar una sociedad viable. Reforzar acciones radicales para salir de la desesperanza, cuando no de la más dura precariedad, es la estrategia para romper  la inacción que nos atenaza. Estabilizar una sociedad, haciéndola mas confortable, es, básicamente, en los postulados progresistas, desde la socialdemocracia, dar respuesta, eficazmente, a las demandas del electorado del espectro sociológico mas necesitado. Esa y no otra es, en Democracia, la razón del ejercicio político. 

A partir de estas consideraciones, debemos plasmar, desde esa intención política, una resultante practica que se refleje en las plantillas presupuestarias, dirigida a construir  Viviendas de Promoción Publica – las convencionales VPP, mal llamadas viviendas sociales, puesto que a ellas pueden acceder personas, hasta niveles de rentas medios, en orden a sus cargas familiares - cuya adjudicación responda a los requisitos evaluados por los servicios sociales, autonómicos y municipales, y que al mismo tiempo sirvan para generar empleo. 

Merece especial atención la compra de promociones paralizadas, a medio construir, que se encuentren en situación de concurso de acreedores -  generalmente -  por sus condicionantes de “quita y espera”, algo que daría muchas ventajas, en el ajuste del precio y en el aplazamiento del pago, para un comprador con solvencia como la Junta de Extremadura. 

El empleo generado es un bálsamo en la situación actual. La compra de activos inmobiliarios terminados, no nos parece adecuado, ni recomendable, por varias razones. La primera y primordial, por simplista, es que no generan empleo. La segunda es algo compleja, aunque real, porque está ocurriendo: En las ciudades los contingentes de viviendas en manos de las entidades de crédito, están bajando los alquileres de las viviendas en general. 

No deben jugar los gobiernos, por tanto, a resolver los problemas de los bancos. Por el contrario, deben resolver los de los ciudadanos y este, el de la vivienda, es uno de ellos. Hablamos de vivienda publica, en régimen de alquileres bonificados, según rentas y que, al cabo de los años podrían ser adquiridas por los adjudicatarios. Así se hizo siempre y así debe hacerse, ahora con más razón. 

Lo planteamos desde SIEX, porque donde hemos tenido presencia empujamos este asunto, imprescindible tras la “burbuja inmobiliaria” que quebró, aquellos años descabellados, de rapiña generalizada, tantos modelos de justicia social, tantos afanes progresistas. Es tiempo, en consecuencia de recuperarlos.   

Desde SIEX no queremos forzar urgencias. Seriamos inconsecuentes con nuestras reflexiones del principio, si consideramos ineludible la labor de racionalizar los presupuestos y abrirlos a sus mejores  posibilidades de futuro. Por ello no procede concretar, a priori, cuantías para esta intención. Ni plantillas sobre las que insertar enmiendas parlamentarias. 

Esa cuestión es formalista y ahora nos referimos al compromiso político sobre iniciativas que ya se plasmarán, administrativa y puntualmente, en trámites parlamentarios u otras formulas, siempre que exista la voluntad de que ello es imprescindible, por su gran valor social. De cualquier forma, desde SIEX, creemos que valdría la pena intentarlo lo antes posible, en beneficio del cuerpo social de Extremadura.                                                                                               

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