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Partidos y ecologistas, contrarios al uso del herbicidas contra las plagas del Guadiana

Nenúfar mexicano en el Guadiana

Jesús Conde

El glifosato es el principio activo presente hasta en el 90% de los herbicidas. Su uso es habitual en el mundo rural, donde se usa para acabar con las malas hierbas. Ahora también se utiliza en el rio Guadiana a su paso por Badajoz.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha decidido combatir la expansión del nenúfar mexicano, una de las plantas invasoras que se ha hecho fuerte en el río, con glifosato. Justifica que lo aplica directamente sobre la hoja del nenúfar y que han tomado las medidas para que el fitosanitario no caiga al agua. 

La media no ha gustado nada entre los ecologistas. Ecologistas en Acción de Extremadura, SEO/BirdLife denuncian la falta de transparencia y tachan estos ensayos de ilegales. Afirman que resulta inadmisible la aplicación de este químico en el propio cauce del río Guadiana, dentro del humedal protegido de la Red Natura 2000 Azud de Badajoz.

¿Qué dicen PSOE y PP?

PSOE y Podemos aprobaron mese atrás una propuesta presentada por la formación morada --también apoyada por C's-- para declarar a Extremadura libre de glifosato. La propuesta instaba a la Junta a no aplicar los herbicidas químicos en los espacios de uso público, como carreteras o redes de servicio para cuestiones no agrarias. Con esta medida Extremadura se convertía en la primera comunidad en declararse libre de glifosato.

Algo que no se cumple en el caso del Guadiana, aunque en este caso las competencias de la cuenca son del Estado. En mitad de la polémica la Confederación ha justificado  que se trata de un producto que está catalogado por el Gobierno como ‘no tóxico’.

Un cruce de opiniones

Podemos, que impulsó en la Asamblea la propuesta contraria a su uso, hace referencia al estudio de una agencia de la Organización Mundial de la Salud, que catalogó el glifosato como “probablemente carcinogénico”. En contra el PP justifica otro estudio, en este caso de la UE, que lo contradice. 

La diputada de Podemos Irene de Miguel explica a este diario que debe primar el principio de precaución, teniendo en cuenta que no existe una certeza al cien por cien de que sea un producto inocuo. Cree que basta con aplicar el sentido común para concluir que no debe usarse un herbicida en un ecosistema como el de un río, aunque sea en dosis pequeñas.

También piensa que resulta complicado que el Ministerio incluya este producto en la lista de productos tóxicos porque el Roundup, producido por Monsanto, representa a una de los mayores multinacionales de fertilizantes del mundo. Podemos subraya que la Junta debe tomarse en 'serio' la propuesta aprobada en la Cámara regional, y debería trasladar y exigir a Confederación su posición frente al glifosato. 

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han trasladado a este diario que están en contra del uso de este herbicida, aunque abogan por un periodo de transición hasta llevar a cabo su prohibición al completo. 

“Con respecto al uso por parte de Confederación Hidrográfica en el Guadiana, no es competencia del Gobierno regional, por ello deben ser el Gobierno central el que explique los motivos del uso de este herbicida”. 

El PSOE aboga por evitar riesgos para la salud de los extremeños, “de evitar contaminación derivada de la aplicación de principios activos que pudieran conllevar tanto la contaminación ambiental como riesgos para la salud”. “Pero consideramos necesario que se establezca un período de transición en el que se convoquen al resto de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma que posean carreteras y vías de servicio para que se establezca un período de transición en el que se establezca un protocolo para regular el control y la gestión del mantenimiento de las cunetas y márgenes de estos espacios de manera que sean viables y que se puedan desarrollar los trabajos de manera viable con criterios de calidad y sostenibilidad”. 

Comparte la idea de que se estudie la sustitución de estos métodos por otros no químicos, ni contaminantes. “Que además como ha realizado la Junta de Extremadura con otro tipo de contratos incluyendo las cláusulas sociales, pueden modificarse e incluir esas cláusulas para que puedan generar una mayor creación de empleo al utilizar métodos mecánicos que requieran mayor mano de obra”.

 

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