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La comunidad educativa vuelve a las calles de Extremadura para pedir la derogación de la LOMCE y más becas

Varios jóvenes con carteles durante la manifestación convocada hoy en Las Palmas de Gran Canaria por los ocho sindicatos representados en la enseñanza pública de Canarias, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Gran Canaria y la Coordinadora de Estudiantes contra las reválidas, los recortes y la Lomce. EFE/Elvira Urquijo A.

Jesús Conde

La plataforma extremeña por la educación pública se suma a la convocatoria de huelga general educativa de este jueves 9 de marzo para reclamar la derogación inmediata de la LOMCE. Estudiantes, profesores y otros trabajadores están llamados a la protesta para reclamar más becas que garanticen la igualdad de oportunidades y la recuperación de todos los derechos perdidos.

Están previstas concentraciones y manifestaciones en defensa de una educación pública y de calidad en Badajoz, Cáceres y Mérida. Sindicatos, organizaciones estudiantiles y asociaciones de padres y madres se unen para pedir al Gobierno que revierta la situación de la educación tras siete años de recortes. Porque la salida de la crisis, necesita inevitablemente de más inversión en una educación pública y de calidad según destaca Rosa Martín, de UGT Extremadura.

En Extremadura se suman a la convocatoria de huelga junto a UGT, el sindicato CCOO, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freapa) y las coordinadoras estudiantiles de Cáceres, Badajoz y Mérida, entre otros colectivos.

¿Por qué secundar la huelga?

La representante de la Unión General de Trabajadores señala que existen muchos motivos para secundar la jornada de protesta, entre ellos la vigencia de la LOMCE cuatro meses después de aprobarse en el Congreso, con los votos en contra del PP, la proposición de ley para tumbar la ley Wert.

También el llamado decreto ‘3+2’, que a juicio de los convocantes encarece los estudios, abre las puertas y favorece el desembarco de la educación privada. Apuntan a las dificultades que tiene el alumnado para acceder a una beca universitaria, el incremento de las tasas o el aumento de la ratio en los niveles inferiores.

En cuanto al profesorado, denuncian la pérdida de los derechos laborales y exigen la recuperación de las plantillas y la vuelta a las 18 horas semanales.

En materia de la LOMCE señala Francisco Jiménez, de CCOO Extremadura, que aunque la norma cuenta con la oposición de mayoría de la comunidad educativa se encuentra implantada en su totalidad, salvo los sistemas de evaluación de las reválidas.

Lamenta que en el escenario del pacto educativo actual sigue sin negociarse una nueva ley que cuente con el conjunto de la comunidad educativa. Ni con la ciudadanía, ni con el alumnado o el profesorado.

La Freapa se suma a las reivindicaciones de un pacto que escuche a toda la comunidad educativa y que permita consensuar una educación pública de calidad. Reclama más inversión en educación, más becas y libros, así como la eliminación de todos los efectos ‘lesivos’ que hasta el momento ha tenido la LOMCE, explica su presidente Joaquín León.

Desde el movimiento estudiantil la Asamblea Educativa de Cáceres anima a sumarse a la protesta contra los recortes que debilitan su formación; “por una educación por y para todas que no nos subordine al capital” y bajo la premisa de que la educación es un derecho, no un negocio.

También “contra el ataque neoliberal a las carreras de Letras y Humanidades”, y en defensa de una educación laica “que no permita adoctrinar a la juventud y por una universidad transparente”. Piden una educación “que rinda cuentas en casos de fraude y corrupción”.

Añade la asamblea educativa de Mérida que el objetivo de la educación debe ser el desarrollo personal y social, “y por tanto debe responder a las necesidades de todos los alumnos y no a unos intereses económicos concretos”. “Abogamos por el aprendizaje colectivo y otras herramientas educativas en vez de por la competitividad”.

A su juicio el pacto educativo “enmascara intereses partidistas y no representa a la comunidad educativa”. “Estamos convencidos de que la nueva ley de educación defiende en esencia el mismo modelo educativo que la LOMCE y que el margen de maniobra dentro de este pacto es mínimo y está marcado por el Gobierno”.

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