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Las mentiras y verdades en la carta de Carles Puigdemont

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Carles Puigdemont: "El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut d'Autonomia de Catalunya."

Falso. Solo el 43% del pueblo catalán participó siquiera en esa votación, que no referéndum, porque no tuvo las mínimas garantías legales para llamarlo así: ni en el recuento ni en el censo ni en cómo se convocó. La comparación con el Brexit es falaz porque en Reino Unido se movilizaron activamente los partidarios del ‘sí’ y del ‘no’, porque aquel fue un referéndum legal y porque la participación fue muy superior al 1 de octubre catalán: el 72,2%.

También es tramposa la comparación con el referéndum del Estatut de 2006, donde participó un 48,8% del censo catalán, más que el 1 de octubre a pesar de que fue una votación de escasa movilización porque la inmensa mayoría de los partidos eran partidarios del sí, no había incertidumbres sobre el resultado y por eso mucha gente no votó.

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Ilegalizar el independentismo

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No es la primera vez que la Audiencia Nacional pone en marcha una investigación penal por un delito de sedición. Hay un precedente, hace nueve años. Fue en 2008, cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de la dictadura franquista y con la justicia se topó. En aquel momento, el 2 de diciembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó que no eran competentes para investigar  la rebelión –alzarse violentamente contra el Gobierno– ni por tanto la sedición –una rebelión en pequeño–.

Aquel intento de investigar los crímenes del franquismo le costó a Garzón una imputación por prevaricación. El Supremo después le absolvió por esta causa, pero en su sentencia también certificó lo mismo que había hecho antes la Audiencia Nacional: que este tribunal no era el competente para investigar y juzgar estos delitos.

No hay una sola sentencia de la Audiencia Nacional, ningún precedente, ni un solo caso previo donde este tribunal haya tratado un delito de sedición o rebelión. Todas las sentencias sobre estos delitos –por ejemplo, contra los controladores aéreos– las han firmado audiencias provinciales. Nunca antes había sido materia de la Audiencia Nacional. Nunca hasta hoy. 

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Motivos para el optimismo

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¿Podríamos estar mejor? Sin duda. Pero también es indudable que podríamos estar mucho peor. La crisis de Estado sigue abierta en Catalunya. También están abiertas unas heridas profundas en la convivencia que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Sigue sin resolverse el problema de fondo: esos dos millones de catalanes que se quieren marchar, y que España parece incapaz de ilusionar. Pero en los últimos días, contra todo pronóstico, hemos bordeado un terrible abismo sin que nadie se haya tirado por él.

Algún día, por alguna biografía, sabremos exactamente qué fue lo que más influyó en las dos horas antes del discurso de Carles Puigdemont: las presiones, el orgullo, el miedo, la responsabilidad… Algún día conoceremos las verdaderas razones por las que el president decidió parar; cambiar la DUI prometida y prevista por el máximo frenazo en seco que el movimiento independentista era capaz de tolerar. Lo que ya sabemos, lo que es obvio, es que por mucho que cierta prensa madrileña, ciertos partidos, insistan en que se ha producido una declaración de independencia inaceptable, el martes eso no sucedió. Y que el frenazo de Puigdemont ha propiciado un escenario que, con todos los peros y matices, es por primera vez esperanzador.

A la mínima DUI posible para Puigdemont, Rajoy ha respondido con el mínimo 155 posible para el Gobierno. El presidente ha iniciado el procedimiento legal para la intervención de la Autonomía, pero lo ha hecho sin abusar de los adjetivos, con un discurso inusualmente templado, sin forzar la humillación de Catalunya y cerrando un pacto con el PSOE con un calendario concreto para la reforma de la Constitución. Tal vez estos gestos sean pocos y lleguen tarde; sin duda nos habríamos ahorrado muchos episodios terribles si esta distensión hubiese empezado tiempo atrás. Que se abran las nubes no evita que pronto vuelva a tronar. Pero el cambio en la tendencia es indudable. Tanto, que hay quien cree que no puede ser casualidad.

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Una DUI en diferido, en régimen de simulación

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El esperado discurso de Carles Puigdemont ha logrado un sorprendente consenso: enfadar por igual a la CUP y al PP, aunque fuese por diferentes motivos. Unos creen que no ha llegado. Los otros, que se pasó.

Para una parte del mundo independentista, el presidente del Govern de la Generalitat es hoy un traidor: un líder que se ha acobardado en el día para la historia, en el momento en que todo el mundo les miraba. La decepción es evidente porque Carles Puigdemont prometió algo que no ha podido sostener. Si esto era un juego del gallina –dos coches a toda velocidad frente a frente hasta que llegase el choque o se apartase uno de los dos– ha sido el Govern y su president quienes han pegado el volantazo.

Para el PP, y para gran parte del nacionalismo español, Puigdemont hace ya tiempo que cruzó definitivamente el Rubicón. Desde el Gobierno interpretan el ambivalente y confuso discurso del president como “inadmisible”, como “una declaración implícita de independencia”, como otra provocación. No van a aceptar esa llamada a la negociación porque no creen que haya algo que negociar. No tienen tampoco ningún incentivo para hacerlo porque se sienten vencedores: el independentismo está desilusionado, su líder está siendo cuestionado y hay grietas entre el Govern y la CUP.

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Declaración de independencia

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¿Qué hará el Govern? ¿Presentará una declaración unilateral de independencia (DUI) o, antes de este punto de no retorno, frenará? La gran incógnita se despejará este martes a las seis de la tarde, con el discurso en el Parlament de Carles Puigdemont. Las dudas sobre qué decisión tomará son públicas desde que así las han manifestado varios dirigentes de su propio partido, el PDeCAT. El debate en el partido de Puigdemont es conocido, y las opciones que se discuten son dos.

Unos apuestan por mantener la hoja de ruta prevista y cumplir al pie de la letra con la llamada ley de transitoriedad: aceptar el resultado del referéndum, declarar la independencia de la república catalana y abrir un periodo constituyente… que durará lo que tarde el Senado en aprobar el 155 y suspender la autonomía.

Otros, conscientes de las implicaciones de un paso así, apuestan por retrasar la DUI, suavizar de alguna forma esta declaración o incluso pararla; ganar tiempo y evitar así perder el apoyo internacional que el independentismo consiguió gracias a las cargas policiales el 1-O. Retrasar este paso y dar un giro táctico, que no frenar.

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La paz se firma siempre con el enemigo

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“No se puede dialogar ni negociar nada con quien está fuera de la ley”, aseguran desde el PP, desde Ciudadanos, desde la inmensa mayoría de los medios y desde algunos sectores del PSOE. Es falso, por mucho que se repita o se añadan epítetos aún más gruesos ("golpistas", "delincuentes", "traidores"…). Es falso porque la inmensa mayoría de los conflictos políticos se han arreglado siempre por la política: con la negociación y el diálogo, entre partes aún más irreconciliables.

Colombia negoció con las FARC, e hizo bien. Reino Unido negoció con el IRA, y también hizo bien. Todos los partidos de gobierno negociaron con ETA, y también hicieron bien. Y la actual democracia española empezó con un pacto, el de la Transición: con un diálogo donde participaron desde las fuerzas vivas de la dictadura hasta un Partido Comunista al que el régimen franquista tachaba de terrorista.

En todos estos ejemplos, también la Transición, la paz se firmó con sangre sobre la mesa. Y si el diálogo ha sido posible y fructífero incluso negociando con asesinos, ¿por qué no se puede hablar con los independentistas, que distan mucho de haber cometido estos terribles crímenes?

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Camino hacia el desastre

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El rey Felipe VI tenía tres opciones y dos eran mejores que esta. Una era callar. La segunda, hablar para todos los españoles, también para todos los catalanes. Ha escogido la peor de todas: tomar partido sin matices por la derecha española, por el PP y Ciudadanos, con un discurso que anticipa una intervención por la fuerza en Catalunya, que cierra la puerta al diálogo, que deja fuera a la gran mayoría de los catalanes y a una gran parte de España. Ha fallado al momento histórico y a todos aquellos que aún confiábamos en que esto no terminaría en el abismo.

La situación no puede pintar peor. Nunca antes he sido tan pesimista sobre el futuro de España a largo plazo y para los próximos días. Somos rehenes, todos nosotros, de un Govern y un Gobierno de irresponsables, inútiles e incendiarios.

A un lado, unos independentistas que están convencidos de la bondad de sus actos, que anteponen la patria a todos sus ciudadanos, que llevan años preparándose para este momento, que tienen un plan claro y lo están ejecutando. Lo tienen más cerca que nunca y lo saben, y están dispuestos a que paguemos el precio.

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Rajoy rompe España

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Los independentistas tenían dos grandes estrategias para el 1 de octubre. Solo dos, y ninguna de ellas era secreta. La primera era votar: defender el derecho a decidir en las urnas, aunque fuese en un referéndum ilegal, de parte y sin garantías, que solo sirviese como forma de protesta.

La segunda, el plan B si no se lograba votar, era forzar al menos una respuesta lo más dura posible por parte del Gobierno que dejase en evidencia su falta de diálogo: luchar por el derecho a decidir en las portadas de la prensa internacional, en los vídeos de la policía disolviendo a patadas los colegios electorales.

Gracias a Rajoy, contra todo pronóstico, ambas estrategias han funcionado: la de la votación y la de la represión. El 1-O lo ha perdido Mariano Rajoy y ha sido un triunfo para los independentistas, que hoy tienen más cerca que ayer lograr su objetivo.

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Democracia es votar, pero no es solo votar

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Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también que los legisladores respeten la ley, los derechos de la minorías y los procedimientos parlamentarios. Y por eso el Parlament catalán no puede abolir la Constitución y el Estatut en una votación exprés, incumpliendo hasta el propio reglamento de la Cámara y con una mayoría de diputados que ni siquiera bastaría para modificar la ley electoral o nombrar al presidente de TV3.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también dialogar, fomentar la convivencia y gobernar para todos, no solo para los que te votaron. Y por eso ha sido tan nefasta como irresponsable la actitud del presidente Mariano Rajoy, que ha ignorado durante más de un lustro el problema que él mismo provocó por motivos electoralistas con el primer referéndum ilegal: su recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya. El tijeretazo del politizado Tribunal Constitucional a ese acuerdo de convivencia que había sido refrendado por el Parlamento catalán, por el Parlamento español y por los catalanes en las urnas es el origen este trágico desgarro.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también que las personas confíen en las instituciones que votan. Y por eso es tan corrosivo para  la credibilidad de la democracia española que quienes defienden el cumplimiento de la ley sean un presidente cuyo partido se financió ilegalmente desde que se fundó, un fiscal general del Estado reprobado por la mayoría absoluta del Congreso, una policía donde anidó una brigada política contra los rivales del Gobierno y un sistema judicial donde las injerencias del poder político son tan evidentes como constantes.

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Un éxito policial, un fracaso político

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1. La detención del núcleo duro del Govern que estaba organizando el 1-O marca un antes y un después en este terrible septiembre catalán. No solo es  un golpe letal a esta votación por la vía de la logística: sin papeletas, sin centro de datos, sin presumiblemente urnas… es evidente que será imposible el 1-O que quería la Generalitat. También es un salto importante en el auténtico conflicto, el político, que se ha incendiado aún más.

2. ¿Quién ha ordenado la operación de la Guardia Civil contra varios altos cargos de la Generalitat por organizar el 1-O? No ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado que desde hace diez días instruye una investigación donde ya están imputados el president Carles Puigdemont y todos los consellers de la Generalitat. No ha sido la Guardia Civil por su cuenta y riesgo –aunque escuchando a algunos líderes políticos pareciese que es así–. No ha sido siquiera la Fiscalía, que fue informada pero no consultada, aunque tampoco se opuso. Ha sido el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona quien ha ordenado de oficio esta operación.

3. El juez se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer. Tiene 70 años y es de perfil conservador. Entre otras decisiones polémicas, como órdenes de prisión preventiva contra manifestantes anarquistas que después fueron absueltos, es el juez que, en 2015, abrió diligencias contra el entonces jefe de los Mossos por no evitar los pitidos al himno nacional durante una final de la Copa del Rey. Según el juez, los Mossos podían haber cometido un delito por no intervenir y frenar la pitada en el Camp Nou. Es un buen ejemplo, relevante hoy, de qué entiende este juez por uso proporcional de la fuerza.

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