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Un juez ascendido por el PP redactará la sentencia de la caja B del PP

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1. El PP estaba molesto con la Audiencia Nacional. La causa hay que buscarla el 26 de julio de 2017, el día en que Mariano Rajoy tuvo que ir a declarar como testigo para hablar de la corrupción de su organización. El presidente del Gobierno intentó zafarse del mal trago y testificar por plasma, pero ni siquiera esto logró. ¿La razón? Que en el complejo ecosistema de la Audiencia Nacional uno de los jueces supuestamente conservadores se salió del carril y votó en contra de lo que quería el PP.

2. El tribunal que obligó a Rajoy a testificar estaba formado por tres jueces: el progresista José Ricardo de Prada y los conservadores Julio de Diego y Ángel Hurtado. Pero contra pronóstico, Julio de Diego respaldó a De Prada y apoyó que todos los que habían sido secretarios generales del PP, también Rajoy, fuesen llamados a declarar. Ángel Hurtado se quedó así en minoría, Rajoy tuvo que desfilar por el juicio de la Gürtel y este episodio encendió todas las alarmas en el Partido Popular.

3. Estos dos jueces díscolos con el PP –De Prada y de Diego– iban a ser también quienes juzgasen una buena parte de los casos de corrupción de este partido que aún están pendientes de sentencia. Entre otros, uno especialmente importante: el de la caja B, esos papeles de Bárcenas donde aparecen apuntados los pagos de 373.000 euros en dinero negro a un tal M. Rajoy.

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La reforma constitucional que no será

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Hace apenas dos meses, en una entrevista con Pedro Sánchez en eldiario.es, pregunté al secretario general del PSOE si se fiaba de Mariano Rajoy, si confiaba en su palabra, si no le preocupaba que le ocurriera con su acuerdo de reformar la Constitución lo mismo que le pasó a Albert Rivera, cuando pactó una serie de medidas para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno que después el PP no cumplió. Esto fue lo que me contestó:

Dos meses después, hoy muy pocos en el PSOE y casi nadie de entre los dirigentes del resto de los partidos parecen aún creer que en esta legislatura se vaya a aprobar una reforma constitucional. El PP cumplió con el PSOE nada más que en los mínimos formales; apoyó que se abriese una comisión de estudio de la reforma constitucional. Una comisión a la que Rajoy ha puesto el freno de mano y que no tiene apenas visos de prosperar.

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Los buenos gestores

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A las autonomías con problemas de financiación –casi todas– el Gobierno les deja la opción de las lentejas. O las tomas o las dejas. O firmas un convenio con la industria farmacéutica que discrimina a los genéricos, o te quedas fuera de las ayudas financieras que reparte Cristóbal Montoro para la Sanidad, como si el dinero fuese suyo y no de todos.

La información que ayer publicamos en eldiario.es sobre cómo el Ministerio de Hacienda niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las grandes farmacéuticas es un escándalo gravísimo. No solo porque pueda generar sobrecostes innecesarios a todos los españoles –los genéricos son igual de eficaces y más baratos–. También por la forma antidemocrática con la que el Gobierno del PP impone su programa político a administraciones donde no gobierna, a ciudadanos que no le votaron, en competencias que no son las suyas.

Las autonomías y ayuntamientos son administraciones igual de dignas y democráticas que el Ejecutivo central; no son gobiernos de segunda, supeditados al Consejo de Ministros de Rajoy. No vivimos en un Estado centralizado donde solo haya una autoridad y el reparto de competencias en España deja bastante claro de qué se ocupa cada una. Por eso no es tolerable que el Gobierno central invada las funciones de las demás para exclusivo beneficio de su partido, en contra de los intereses de los propios ciudadanos. Es lo que hace con los genéricos y este convenio con las farmacéuticas de obligado cumplimiento para las autonomías, cuando la sanidad está transferida. Es lo mismo que ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid y la intervención de sus presupuestos.

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La hipocresía del Gobierno en seis datos sobre la intervención de Madrid

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1. Quien exige a Madrid que gaste menos y ha intervenido el Ayuntamiento con esa excusa es la misma administración que ha disparado la deuda. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene sus cuentas con déficit. Manuela Carmena, con superávit. En 2016, la deuda de la Administración central creció en más de 25.000 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Madrid la redujo en casi 900 millones.

2. El Gobierno está incumpliendo sistemáticamente la misma regla de gasto que el ministro Cristóbal Montoro diseñó y por la que ha justificado la intervención del Ayuntamiento. El año pasado, Montoro aumentó el gasto del Gobierno en un 2,8% cuando el límite era del 1,8%. La ley lleva cuatro años en vigor y la administración central se la ha saltado tres años consecutivos.

3. Desde que gobierna Mariano Rajoy, no ha habido un solo año en que la Administración central haya cumplido con sus objetivos presupuestarios. El déficit siempre ha estado por encima de las previsiones que Montoro comprometía con Europa y aún sigue por encima del 3%. En estos cinco años, la deuda española ha crecido en casi 350.000 millones de euros y ya suma más de 1,1 billones. Debemos 24.500 euros por persona.

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La historia de Podemos

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Todo Podemos está en este imprescindible libro de Aitor Riveiro, compañero de eldiario.es y tal vez el periodista que más y mejor información ha publicado sobre este partido durante sus tres años de historia. Aitor estaba ahí desde el primer momento, como lo estuvo eldiario.es. Cuando otros medios de comunicación ignoraban o despreciaban a esa nueva formación política, en nuestra redacción decidimos que había que contar a nuestros lectores lo que estaba pasando con Podemos, con ese proyecto heredero del 15M, que nació como un intento de hackeo a Izquierda Unida —para abrir la candidatura a las europeas a una competición en primarias con otros sectores sociales— y que ha terminado consolidándose como la tercera mayor fuerza política en el Parlamento, en un partido que, con sus alianzas y confluencias, ya gobierna en varios de los principales ayuntamientos de España.

Aitor Riveiro fue el periodista al que encargamos esa cobertura, hace ya tres años. Desde entonces, ha dedicado a ese trabajo todas las horas de las que disponía.
La historia de estos tres años de Podemos, en grandes rasgos, es ya conocida por todos. Sabemos quiénes eran sus fundadores, qué pensaban antes y después de entrar en política, de dónde venían Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero o Luis Alegre. Se sabe también cómo ha sido su evolución en estos años, sus divisiones internas y también las alianzas con otras fuerzas políticas que han tejido. Se conoce el resultado del año sin Gobierno, de las conversaciones frustradas con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Se ha escrito mucho sobre el asalto a los cielos, sobre la hipótesis Podemos, sobre la ventana de oportunidad, sobre la transversalidad, la casta, la trama o la hegemonía. El periodismo, sin embargo, no sólo está en los titulares sino también en los detalles, las causas y las consecuencias. En los otros nombres, no siempre tan conocidos. En el cómo, en el por qué.

En este libro, El cielo tendrá que esperar, Aitor Riveiro repasa estos tres años con la precisión y la profesionalidad de quien ha publicado la información más rigurosa sobre Podemos. No es el libro de un militante, donde se exageren las luces y se oculten las sombras. No es tampoco propaganda, destinada a demonizar a sus dirigentes por intereses ocultos. No es un ensayo político, donde el autor pontifique sobre el pasado o profetice el futuro que le espera a este partido. Es el trabajo informativo de un buen periodista, que separa la verdad de las mentiras, los datos de los rumores, para explicar la historia de Podemos desde antes de su fundación, cuando aún era sólo una idea, hasta su congreso de Vistalegre 2. Aitor conoce a todos, ha hablado con todos y ha documentado todo. Nadie podrá desmentirle ni una coma.
¿Cómo fue posible que un grupo de profesores y alumnos de la facultad de Ciencias Políticas lograran un hito así?¿Qué pasó durante las frustradas negociaciones con el PSOE para formar Gobierno? ¿Cómo se gestó la confluencia con IU para las generales y por qué se frustró el primer intento? ¿Por qué sus dos principales líderes, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, se han distanciado tanto? Aitor Riveiro deja en este libro las respuestas a estas y otras preguntas, un documentado material con el que, más adelante, seguro trabajarán los historiadores. Porque sin este libro no se entiende bien lo que ha pasado en la historia de Podemos. Y sin la historia de Podemos tampoco se entiende la historia reciente de España.

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El primer acto de la campaña electoral

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Cuando la Generalitat puso las urnas el 1 de octubre contra el mandato expreso del Tribunal Constitucional, cuando el Parlament proclamó la República de Catalunya con ese referéndum ilegal como excusa, es evidente que el Govern incumplió la ley. También es obvio que saltarse la ley y las órdenes judiciales tiene consecuencias penales en cualquier país democrático, y hay varios delitos que con toda justicia se les podrían imputar. El de desobediencia grave a la autoridad: de seis meses a un año de multa. O el de prevaricación: de tres a ocho meses de multa y hasta 15 años de inhabilitación. O el de malversación: hasta ocho años de prisión, si se demuestra el uso de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal.

Son todos ellos delitos graves y que la justicia debe investigar y castigar. Son lo bastante serios como para que no fuese necesario forzar la mano y aplicar un derecho penal de autor, de contundencia desmesurada y de dudoso encaje legal. ¿Rebelión sin violencia? Es como un homicidio sin víctima: un oxímoron. Es una mano dura penal que solo da argumentos a quienes quieren retratar a la democracia española como un Estado autoritario, como un país incapaz de dar salida política a los problemas políticos. Como la Turquía occidental.

España no es Turquía ni Rajoy es Erdogan. A los separatistas en Turquía –los kurdos– no les aplican el Código Penal: les bombardean. El Gobierno ha clausurado más de un centenar de medios de comunicación, ha encarcelado a cientos de periodistas, de jueces, de fiscales, de maestros, de policías... Pero que España no haya llegado a la represión de Turquía no significa que el Gobierno y la Fiscalía a sus órdenes no estén forzando los cauces de la justicia y del Estado de derecho hasta límites que cualquier demócrata –independentista o no– debería criticar.

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Las cuentas de eldiario.es en su quinto aniversario

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Lo primero, una disculpa. Os debo este informe de cuentas desde hace un mes, desde que celebramos nuestro quinto cumpleaños. La crisis catalana me ha retrasado en este compromiso con nuestros socios y lectores. Estas últimas semanas han sido tan intensas que no he tenido las horas necesarias para preparar este informe. Ruego entendáis mis razones y, aunque sea con retraso, aquí están nuestras cuentas y datos económicos del primer semestre de 2017.

1. Seguimos siendo sostenibles

eldiario.es ha llegado a los cinco años de vida con buena salud. Seguimos creciendo a buen ritmo y manteniendo nuestra rentabilidad. Durante el primer semestre de 2017 hemos ingresado 2.108.087 euros y hemos gastado 1.981.631 euros. Nuestro beneficio antes de impuestos entre el 1 de enero y el 30 de junio ha sido de de 126.456 euros. Como siempre, vamos a emplear ese dinero en seguir invirtiendo en periodismo.

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El Govern de la Generalitat en el exilio

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Carles Puigdemont no está en Bruselas de visita. Es parte de una estudiada  estrategia de defensa contra las querellas que el fiscal general del Estado acaba de presentar. El expresident de la Generalitat ha viajado hasta Bruselas porque sabía que esa querella llegaría este lunes, porque sabe que pronto seguirá una orden de detención, porque se ha asesorado legalmente y porque cree que esta huida a Bélgica es la mejor opción para su defensa, tanto política como legal.

El expresident de la Generalitat tiene en Bélgica uno de los sistemas judiciales más garantistas de Europa. Es uno de los pocos países –con Alemania, Holanda y Reino Unido– donde una orden europea de detención y entrega puede ser recurrida en los tribunales del país entrando en el fondo del asunto: en los delitos de los que se le acusa. Así, sus abogados podrán argumentar que no hay un delito de rebelión ni de sedición, y será un juez belga quien tenga que decidir si es así. Puigdemont, con bastante razón, cree que tiene más opciones de librarse de la cárcel si pleitea desde allí.

Para su defensa política, Bélgica también es la mejor opción. El país está gobernado por una coalición en la que participa un partido ultranacionalista flamenco que pide la independencia de Flandes y simpatiza con el independentismo catalán. Uno de los viceministros belgas de este partido, Theo Francken, fue quien ayer planteó que habría que dar asilo político a Carles Puigdemont. No está claro que el expresident de Generalitat vaya a conseguir esta protección –el primer ministro belga después corrigió a su viceministro–. Pero sí parece que Puigdemont la pueda pedir.

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Elecciones el 21-D

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Contra casi todos los pronósticos,  Mariano Rajoy ha anunciado la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas en Catalunya para el primer día posible que permite la ley: el jueves 21 de diciembre. Dentro del fracaso que supone el 155, dentro del desastre que estamos viviendo, la decisión es osada y no parece la peor; desde luego es mejor que una intervención prolongada del autogobierno catalán, como pretendía una gran parte de su partido. También supone admitir que gobernar Catalunya en el siglo XXI por medio de un virrey era una fantasía imposible de cumplir.

Las dudas ahora son otras. La principal, si en esas elecciones autonómicas participarán los partidos soberanistas que este viernes han declarado la República de Catalunya. Si lo hacen, estarían asumiendo la irrealidad de su DUI. Si no lo hacen estarán renunciando para los próximos cuatro años a la política institucional, y dejarían un mapa social aún más difícil de reconducir.

En la hemeroteca, hay varias declaraciones de líderes de la CUP y JxSí que dicen que no se presentarían en ningún caso a unas elecciones convocadas por el Gobierno español. Era más fácil decirlo antes de este anuncio de Rajoy. Es posible que este debate divida al independentismo, y que no todos los partidos tomen la misma decisión.

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El martirio

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A mediados de septiembre, tras la aprobación de la ley del referéndum, tuve una conversación con un diputado independentista. A solas, sin micrófonos, le pregunté mi gran duda: “¿Pero de verdad pensáis que este octubre vais a tener la República de Catalunya?”. Me admitió que no, que sabían que eso no era posible. “Ahora no tendremos la independencia, pero lo que va a pasar estas semanas nos va a ayudar a acercarnos a la independencia en el futuro”, me explicó. “Esto terminará con presos políticos y, oye, tampoco es tan tremendo porque las cárceles españolas no están tan mal; que no son como las latinoamericanas”.

Esta conversación me impactó, no solo por la sinceridad con la que este dirigente independentista admitía la gran mentira: que estaban prometiendo a sus votantes algo que sabían que era irreal; que la independencia se podría declarar, pero que sería tan inútil como abolir la ley de la gravedad. También me sorprendió la naturalidad con la que este dirigente independentista hablaba de la cárcel, y no era en absoluto en tono de humor. Si alguien reflexiona sobre cómo de duras son las cárceles españoles es porque ha asumido que puede terminar en prisión.

Lo ocurrido hoy en el Senado y el Parlament es un enorme fracaso colectivo, el de todos aquellos en Catalunya y España con poder y responsabilidad: los políticos, los grandes empresarios, los medios de comunicación… Quienes crearon la primera gran brecha en la convivencia con el recurso contra el Estatut. Quienes azuzaron el discurso del odio en ambos frentes. Quienes se negaron a buscar salidas democráticas. Y por último en el tiempo, pero como primeros responsables de este viernes nefasto, quienes pensaron que “cuanto peor, mejor” y optaron por la vía de una declaración de independencia unilateral, irrealizable e irresponsable. Una DUI antidemocrática y nefasta que solo respalda poco más de un tercio del pueblo catalán.

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