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También hay élites y calamares vampiro más allá de la política

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César Molinas, experto financiero con un  largo currículum en la banca de inversión, publicó ayer  un comentado artículo en El País sobre los problemas de España y su solución. El texto es provocador y tiene algunos párrafos brillantes, pero cae en dos simplificaciones tan demagógicas como probablemente populares: responsabilizar a los políticos de todas las catástrofes de España y recetar como gran solución una reforma del sistema electoral, ese remedio infalible para todos nuestros males. Ambas son falsas.

La clase política española, ¿esa única culpable?

César Molinas hace suya una teoría ajena, la de los académicos Daron Acemoglu y James Robinson, autores de un reciente ensayo titulado  Por qué fracasan los países. Siguiendo una de las tesis de este libro, Molinas asegura que la crisis española tiene que ver con la clase política en su conjunto, a la que describe como una “élite extractiva”: como un enorme “calamar vampiro” que se alimenta de las burbujas económicas que él mismo genera. Para respaldar esta teoría, Molinas añade dos argumentos más: que ningún partido o político español ha pedido disculpas por la crisis y que ninguno tiene un diagnóstico coherente ni una estrategia a largo plazo.

Resulta llamativa la demanda de disculpas viniendo de un profesional del sector que más disculpas tendría que pedir al planeta entero –Molinas trabajó en Merrill Lynch, uno de los grandes bancos de inversión que originó esta crisis mundial– pero el mayor error es otro: confundirse de élite o, al menos, hablar solo de una parte de ella. Tiene algo de razón Molinas al asegurar que la burbuja inmobiliaria fue en parte alimentada –no se sabe si por avaricia o por torpeza– por las decisiones de una “élite extractiva”, por una oligarquía que impuso sus intereses por encima de los de la mayoría de los ciudadanos. Esa élite rentista existe en España desde la Reconquista, pero los políticos suelen ser sus empleados, no sus jefes. “España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”,  me dijo hace algún tiempo un exministro de Lula da Silva, Roberto Mangabeira, y aquel análisis sigue siendo válido.

¿Tienen responsabilidad los partidos políticos en lo que ha pasado en España? Por supuesto, y mucha. Pero no están ellos solos en esa foto. También habría que poner el foco en la élite económica; al menos a la “élite política” la podemos echar con los votos. De hecho, los autores originales de la idea de las “élites extractivas”  hablan de dos oligarquías: políticos y banqueros. ¿Por qué Molinas solo traduce una? ¿De verdad no tuvo nada que ver en el boom inmobiliario el sector financiero español, con sus hipotecas al 110% del valor nominal? ¿No se nutrió de esa burbuja esa misma banca a la que ahora entre todos rescatamos? ¿Habría publicado El País este artículo con llamada en portada si Molinas hubiese cargado esas mismas tintas (de calamar) sobre el poder económico?

La reforma electoral, ¿esa única receta?

Pero la simplificación más pedestre en la que cae Molinas está en la solución “imperiosa y urgente” que propone como gran medida contra los males de España. Allá donde no llegan Acemoglu y Robinson –que  en esta entrevista reconocen “no saber” cómo mejorar las instituciones políticas– sí alcanza el apóstol de su palabra. Según Molinas, basta con cambiar el sistema electoral para que España pueda matar a su “calamar vampiro”.

El voluntarismo con el que abraza esta idea no es muy distinto al de algunos sectores del 15-M, que también ven en el sistema electoral español la culpa de absolutamente todos nuestros males. Pero a diferencia de este movimiento, que proponía un sistema más proporcional del que tenemos, Molinas plantea justo lo contrario: un sistema electoral mayoritario, tipo  first-past-the-post, como el de Reino Unido, donde quien gana en un distrito electoral se queda con todo y no deja nada al segundo.

Este modelo electoral favorece aún más al partido más votado, así que en España probablemente supondría la consolidación absoluta de los dos grandes, PP y PSOE, justo ahora que su respaldo social empieza a resquebrajarse. Molinas no explica cómo cuadra esta consecuencia directa y medible de la reforma que plantea con su anterior análisis sobre la partitocracia vampira y lo resume todo en una idea: que así los políticos se deberían a sus votantes y no a sus siglas. Ésta es la columna central de su teoría, pero a pesar de la extensión del texto, no merece más desarrollo que el simple dogma. Además, los datos apuntan justo lo contrario. En Reino Unido, cuna de este anacrónico modelo electoral,  hay solo dos independientes entre 650 diputados y son los partidos los que deciden quién puede presentarse. Y  si se mira el mapa del mundo, es difícil sacar una conclusión sobre qué modelo electoral es el mejor. Es cierto que la calidad de las instituciones democráticas es clave para el éxito de un país, pero el modelo electoral en sí mismo parece un factor poco relevante. Si Reino Unido es una gran democracia no es por el first-past-the-post, sino por todo su engranaje institucional de contrapoderes. Además, ni siquiera así los ingleses han evitado la burbuja inmobiliaria, la quiebra de parte de su sector financiero, una recesión de caballo y una deuda pública mayor incluso que la española. También en el Reino Unido triunfa –como en casi toda Europa– el discurso antipolítico, pero supongo que allí nadie fía la solución a un cambio en el sistema electoral.

¿Hacen falta reformas estructurales en España? Sin duda. Como Molinas, yo también creo que hay una élite extractiva cuyos intereses chocan abiertamente con el interés general de los ciudadanos. Pero a diferencia de él, creo que la solución pasa por más democracia, en lugar de por menos: por más participación ciudadana y más representatividad en las urnas, en vez de por un sistema electoral aún menos proporcional que prime las abusivas mayorías absolutas. Por una ley de Transparencia digna de tal nombre, mucho más urgente que mil reformas electorales. Por  organismos reguladores independientes. Por reglamentos más simples y menos opacos que eviten las decisiones arbitrarias de las que se alimenta la corrupción. Por redistribuir la riqueza para garantizar la libertad de oportunidades, en vez de aumentar la desigualdad, cargando todos los recortes sobre los de siempre. Por repartir el poder, en vez de centralizarlo. Por reformar el Senado para que sirva de contrapeso del Congreso y el Gobierno, en vez de eliminarlo. Por más y mejor política, en vez de por estigmatizarla.

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