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El juez imputa a la alcaldesa de Alicante por presunta corrupción urbanística

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en una imagen de archivo.

Belén Toledo / Belén Toledo

El PP valenciano suma a dos imputados más a su larga colección de cargos públicos implicados en casos de presunta corrupción. Esta vez se trata de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. Los dos están acusados de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Los autos judiciales detallan cómo Castedo supuestamente recibió regalos y favores del constructor más importante de la ciudad, Enrique Ortiz. La alcaldesa, por su parte, le hizo llegar, presuntamente, planos urbanísticos ocultos para el público en general y aceptó los cambios que el constructor le proponía para adaptar el documento a sus intereses empresariales. Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son nueve los diputados autonómicos del PP imputados en presuntas irregularidades.

La investigación es parte del caso Brugal, una vasta instrucción judicial que arrancó con las presuntas corruptelas del entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la adjudicación de contratos de recogida de basuras. Las escuchas telefónicas de la Policía pronto descubrieron los presuntos amaños urbanísticos de Castedo. La alcaldesa fue señalada por la Fiscalía Anticorrupción como presunta autora de los delitos en octubre de 2010. El escándalo no fue obstáculo para que el presidente de la Generalitat Valenciana en ese momento, Francisco Camps, la incluyera en las listas de las elecciones autonómicas de mayo de 2011 como número uno de la circunscripción de Alicante. Ha sido precisamente su condición de diputada en Les Corts Valencianes la que ha retrasado durante años su imputación, ya que gracias a su escaño Castedo está aforada. En consecuencia, sólo el TSJ puede tomarle declaración e investigar su conducta. La alcaldesa y su antecesor declararán ante este tribunal el próximo 19 de octubre.

La alcaldesa, rendida al constructor

Las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía arrojan numerosos indicios de su conducta presunta delictiva. Según se puede leer en las transcripciones de la Policía, Castedo mostró directamente a Ortiz los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante varias veces cuando todavía faltaban meses para la exposición pública del documento. En los diálogos que ambos mantenían tras estos encuentros, la alcaldesa informaba solícita al constructor del cumplimiento de las indicaciones que este le hacía. “Te hemos apañado también lo de..., lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet”, le asegura en uno de sus diálogos.

En las conversaciones se advierte la influencia que Ortiz tenía sobre Castedo. En una de las grabaciones, el constructor la emplaza a una nueva reunión: “Me enseñas y me contestas alguna pregunta que tengo que hacer, que tengo que comprar alguna cosa por ahí”. “Ah, vale, vale”, contesta la dirigente. Hay, además, llamadas en las que la regidora pide a Ortiz puestos de trabajo para personas conocidas. En los autos judiciales, figuran también presuntos regalos del constructor a la política: un coche marca “Mini” y una estancia en un hotel de más de 2.000 euros, en la misma fecha en el que el constructor y su esposa ocuparon el mismo establecimiento.

Desde que se conocieron las acusaciones que pesan sobre ella, la alcaldesa ha insistido en su inocencia. Para ello, ha utilizado variados argumentos. En junio de 2011, aseguró en que el hecho de que ella pidiera favores laborales a Ortiz para terceras personas era lícito e incluso beneficioso para el bien común: “No, es que no fue solamente a uno, fue a muchos, porque el Ayuntamiento tiene una agencia de empleo. (...) Es nuestra obligación llevar a cabo los contactos con las empresas”. Castedo asegura que el proyecto del PGOU no fue alterado para beneficiar al constructor y niega haber recibido regalo alguno. En los últimos meses, la oposición le ha exigido en varias ocasiones que dimita. En el pleno del pasado 29 de septiembre tuvo lugar la enésima petición en este sentido por parte del portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón. “Si hubiera asaltado un Mercadona, ¿también pediría mi dimisión?”, fue la respuesta de la alcaldesa.

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