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Las víctimas de Angrois ven otra investigación “más necesaria que nunca” tras la imputación del jefe de Adif

Víctimas de Angrois, en la zona del accidente el pasado verano

David Lombao

“El juez ratifica lo que las víctimas venimos denunciando desde hace tres años y medio”. La citación como investigado -antigua imputación del exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, como presunto “autor de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave” en el accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 80 personas y resultaron heridas otras 144, acaba de acercar a las víctimas del accidente los alientos que han venido perdiendo en el ámbito político. “Hemos denunciado reiteradamente que el fallo humano del maquinista no era la única causa del accidente” y este movimiento judicial “nos viene a dar la razón” y hace “más necesaria que nunca” la apertura de sendas investigaciones política y técnica sobre el accidente, afirman.

Tras conocer el auto del juez Andrés Lago Louro los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 creen que el instructor de la causa, reabierta en mayo de 2016 por orden de la Audiencia de A Coruña, deja “meridianamente clara” la existencia de un “comportamiento negligente e irresponsable” por detrás del siniestro, y que este incluye “a los altos directivos de Adif, perteneciente al Ministerio de Fomento y cuyos altos cargos son nombrados por los propios ministros”. Al contrario de lo sostenido en el revocado cierre de la instrucción, subrayan, el maquinista no es el único responsable porque “no se realizó el análisis de riesgos que era preceptivo” antes de poner en servicio la línea o “cuando se produjeron modificaciones significativas” en ella, “como la desconexión del sistema de seguridad que evitaría el accidente”, ordenada por el exjefe ahora imputado.

Las circunstancias que Lago Louro refleja ahora en este giro de la investigación judicial, resalta la plataforma de víctimas, fueron obviadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el órgano dependiente de Fomento y que, tal y como acreditaron la Audiencia de A Coruña y la Agencia Ferroviaria Europea, no era independiente del Gobierno de España en el momento de realizar su informe. En sus 266 páginas de análisis sobre lo sucedido en la compostelana curva de A Grandeira “no se refieren en ningún momento al análisis de riesgos, elemento esencial en la investigación, tal y como ratificaron los peritos y el juez en su auto”.

La CIAF “no analizó las causas raíz” del descarrilamiento y ahora, que queda constatado que es necesario ir más allá del maquinista, la plataforma ve imprescindible que se atiendan sus demandas. Por una parte, en lo referido a la apertura “de una comisión técnica independiente al margen de la investigación judicial”, la misma que “se nos niega reiteradamente, mintiendo de manera pertinaz”. Por otra, la aprobación de una comisión de investigación parlamentaria “para depurar responsabilidades políticas”, comenzando por los propios responsables del Ministerio de Fomento en cada momento, desde la apertura de la línea (2011) hasta la desconexión del sistema de frenado automático (2012). “El juez nos da la razón, como ya hicieron en Europa”, resumen.

Reacciones políticas

La citación como investigado de Cortabitarte, que se negó a declarar cuando fue imputado por el primer juez de la causa y sobre quien también pesa otra imputación por un accidente sucedido en Arévalo (Ávila) en el año 2010, supone para las fuerzas políticas que defienden la apertura de una comisión de investigación, En Marea y BNG, una reafirmación de esta tesis.

Así, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ve constatado que “la Justicia intenta” aportar la “verdad” que “se nos ha negado una y otra vez” en el Parlamento gallego y en el Congreso con los “sucesivos” bloqueos de la comisión de investigación. El proceso judicial, subraya, avanza tras “años de lucha de las víctimas y sus familiares” y de “mentiras de PP y PSOE”, que “deniegan el acceso a la verdad”.

En este sentido, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ve abierta “una puerta a la esperanza” que “debería abrirse mucho más” hasta llegar a “investigar a quienes tenían responsabilidades políticas más claras”. “Esta imputación -señala Pontón- abre claramente la vía de que hay responsabilidades políticas y ponen de nuevo sobre la mesa la necesidad de que se reabra el debate sobre la apertura de comisiones de investigaciones en el Parlamento gallego y en el Congreso de los Diputados”.

“Si PP y PSOE no tienen nada que ocultar -agrega la nacionalista- deberían abrirlas, porque es evidente que hubo decisiones políticas que redujeron la seguridad de los trenes que circulan por Galicia y que esta reducción de la seguridad provocó el mayor accidente ferroviario de la historia de nuestro país”, concluye.

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