¿Qué ha pasado con las 500 viviendas de la Xunta para personas desahuciadas?

Stop Desafiuzamentos se ha manifestado en la mañana de este viernes simultáneamente en las delegaciones del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) en Compostela, A Coruña, Ourense y Lugo, así como ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol. En una acción coordinada, activistas del colectivo y ciudadanos han querido “denunciar públicamente” el “abandono” por parte del IGVS “de sus responsabilidades con respecto a las familias y personas desahuciadas” y demandaron que se “cumpla el derecho a una vivienda digna y adecuada”, en especial para las personas más vulnerables y sin recursos.

En esta primera acción simultánea y coordinada entre los diversos colectivos, Stop Desafiuzamentos pregunta sobre todo al Gobierno qué ha sido de las 500 viviendas de las que, según las medidas aprobadas y anunciadas por la propia Xunta, la Administración autonómica dispone por todo el país para las personas afectadas por desalojos o ejecuciones hipotecarias y reclama que se haga público el listado del parque de vivienda social vacía que hay en las diferentes ciudades y villas para las personas necesitadas. Según los colectivos, tan sólo se han entregado 33 de esas 500 a pesar de haber unas 5.000 solicitudes.

Entre gritos de “aquí está la cueva de Alí Babá”, “desahuciar al Partido Popular”, “desahucio en el Parlamento” o “Xunta de Galicia, ladrón de viviendas”, fueron varias docenas de miembros de Stop Desafiuzamentos los que se manifestaron en las diferentes ciudades para pedir “soluciones prácticas” a un “problema de emergencia habitacional” como el que tiene Galicia en unas concentraciones apoyadas por BNG, EU, Anova o Podemos.

Los colectivos antidesahucios de Galicia justifican que sea el IGVS el destinatario de sus protestas, ya que “es precisamente la Xunta la institución pública más cínicamente inoperativa de todas cuantas tienen competencias en materia de vivienda en el país y el IGVS su herramienta fundamental para vulnerar los más elementales derechos humanos”.

Tal y como recuerda Stop Desafiuzamentos, en mayo de 2012 la Xunta publicitó un decreto “para paliar los efectos de la crisis” sobre las familias desahuciadas. No obstante, y según denuncian los distintos colectivos, “nada se sabe de algún caso en el que se haya conseguido aplicar este decreto”. Poco más tarde, en diciembre de ese mismo año, el propio Núñez Feijóo anunció un Programa de Realojamiento dotado inicialmente con 500 viviendas y que fue aprobado en el Consello da Xunta, pero ejemplos, como el sucedido en A Coruña, muestran que la eficacia es nula o incomprobable.

Las viviendas de este tipo que se solicitaron en A Coruña con el apoyo de asociaciones antidesahucios fueron todas denegadas, a pesar de que varias noticias publicadas aseguraron que se habían concedido 33 adjudicaciones de las que ningún dato se sabe.

Ya en enero de 2013, según los diferentes colectivos, el director del IGVS se comprometió con Stop Desafiuzamentos de A Barbanza a que ninguna familia se quedara sin derecho a una vivienda digna, al igual que hizo algo más tarde con el colectivo en Compostela. No obstante, y según denuncian, “el único ejemplo que se conoce en el que el IGVS concedió una vivienda fue el de Aurelia Rey”.

“Sin embargo, a partir de ese momento, no concedió vivienda a alguna a las personas que la solicitaron apoyadas por los distintos colectivos antidesahucios gallegos”, recordaron los diferentes movimientos.

Ya en abril de 2013, Feijóo anunció la firma de un convenio entre Xunta, ayuntamientos y Poder Judicial para “adoptar medidas de carácter social” y “movilizar las 500 viviendas que la Xunta tiene a disposición de las familias desahuciadas”. “No se ha sabido más del tema y no tenemos conocimiento de ningún caso en el que se haya activado este protocolo, y eso que lo hemos solicitado varias veces”, denuncian los diferentes colectivos, que recuerdan que la Xunta también emitió una orden en mayo de 2013 por la que se determina como colectivo de atención preferente con ayudas excepcionales a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias en el marco del Programa Aluga. “Tampoco conocemos caso alguno en el que una persona desalojada fuera acogida por este programa”, insisten. En ese abril de 2013, el propio Gobierno asumió que sólo nueve viviendas estaban ocupadas por personas desahuciadas.

“Mentiras y más mentiras y reírse en la cara de personas desesperadas a las que les acaban de quitar lo más elemental para tener una vida mínimamente estable, una vivienda”, insisten los colectivos, que denuncian que las instituciones “estén incurriendo en una obscena dejadez de responsabilidades con unas consecuencias de una gravedad intolerable”.

Los diferentes colectivos de Stop Desafiuzamentos ponen además varios ejemplos sobre esta dejadez, como el hecho de que en A Coruña el IGVS le deniegue una vivienda por la vía de emergencia a una mujer enferma de fibromialgia y al cuidado de su madre o el caso de Elisabeth Salnés, en circunstancias semejantes. En Ourense, también se le negó un inmueble a otra mujer víctima de violencia machista, diagnosticada de trastorno depresivo y al cargo de un hijo y dos hijas, una de ellas con una minusvalía del 38%.

“La vivienda no es una propiedad, sino un derecho básico recogido en el artículo 47 de la Constitución. Pero el IGVS y la Xunta sólo saben de un derecho, el derecho a la mendicidad, así que rechazan cumplir con sus responsabilidades y mantienen 300.000 viviendas vacías en Galicia”, aseguran los colectivos contra los desahucios, que recuerdan que “fue Feijóo el que ofreció a las familias afectadas 500 viviendas para resolver sus problemas. Nada sabemos de ellas”.