Colectivos vecinales logran que parte de los documentos de la Operación Chamartín dejen de ser secretos 25 años después
El convenio que firmaron en 1993 el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Distrito Castellana Norte (DCN) -una sociedad integrada por BBVA y la constructora San José- para el desarrollo de la llamada Operación Chamartín ha sido secreto durante 25 años. No se conoce el texto original ni las sucesivas renovaciones del contrato que cada dos años han supuesto una renegociación de las condiciones por parte de la empresa pública de transportes y el socio privado para el desarrollo de la zona norte de Madrid. Ahora, una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la que ha tenido acceso eldiario.es, obliga a que parte de esos documentos se hagan públicos esta semana.
Asociaciones vecinales y oenegés como Ecologistas en Acción, que se oponen al último acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid, DCN y Fomento para este desarrollo del norte de la ciudad, solicitaron por separado entre mayo y junio toda documentación del expediente de la Operación Chamartín a través del Portal de Transparencia. Las respuestas de Adif, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, a cada una de las solicitudes llegaron fuera de plazo, o no llegaron, y en algunos casos fue para posponer los plazos de respuesta.
La última respuesta por parte de Adif (propietaria de los terrenos cedidos a DCN) la recibió la asociación vecinal de San Cristóbal del Barrio de Castilla. Entonces, el organismo público accedió a facilitar una parte de la documentación relativa a la Operación Chamartín, pero rechazaba el acceso a tres informes. Tras un recurso de la Federación regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción ante el Consejo de Transparencia por recibir fuera de plazo la respuesta a su solicitud, el órgano mediador ha dado la razón a la FRAVM y la asociación ecologista y Adif deberá remitirles los documentos que se negaba a hacer público en el plazo de cinco días.
Adif alegó para mantener en secreto estos documentos que la sociedad privada que forma BBVA y constructora San José se había opuesto a que se facilitase la información. De hecho, pese a que la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento autorizó el acceso al resto de la documentación, concedía dos meses a DCN para interponer un recurso en caso de que estuviera en contra, atendiendo a los procedimientos legales. El acceso a esa documentación, por lo tanto, se producirá dentro de dos meses en el mejor de los casos, pero puede alargarse durante años si la entidad privada presenta recurso.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado por buena esta resolución de Adif y las asociaciones vecinales tendrán que esperar ese periodo de al menos dos meses para tener acceso a esa parte de la documentación. Sin embargo, no acepta que tres documentos, los “más comprometidos” según los colectivos vecinales, sigan siendo secretos y resuelve que Adif los tiene que remitir a la FRAMV, a Ecologistas en Acción y al propio consejo de transparencia, en un periodo de cinco días hábiles. La federación regional de vecinos de Madrid recibió la resolución el pasado jueves y espera tener los documentos a finales de esta semana.
Veinticinco años después de su inicio, incluyendo modificaciones sustanciales de las condiciones iniciales del concurso, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento y DCN (BBVA y la constructora San José) escenificaron en julio un acuerdo para el desarrollo del norte de la ciudad. El Gobierno de Manuela Carmena quiere aprobar el plan antes de que acabe el año. Tras haber pasado por junta de Gobierno en septiembre y abrirse un plazo de alegaciones, el Ejecutivo lo llevará al Pleno municipal para su aprobación definitiva.
La corporación local espera un respaldo casi unánime de todos los grupos que forman el Pleno: Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos. Solo un reducido número de entre seis o nueve concejales de Ahora Madrid se opondrá a la operación.
