València lleva 4 años sin aplicar el recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda pese a recogerlo la ley

Ni regulación del precio de los alquileres, ni recargo en los impuestos a los grandes propietarios que tengan sus viviendas vacías. El Ayuntamiento de València ignora varios preceptos de la ley estatal de Vivienda, artículos destinados a movilizar los pisos vacíos y limitar compras especulativas o alquileres abusivos. Y lo hace bien porque considera que hay otras medidas más eficientes —construir, una agencia pública de alquiler, disuadir la ocupación irregular— o bien porque considera que son complejas de aplicar.

Este último caso es el que afecta al recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, un tributo municipal que viene contemplado en la ley estatal de Vivienda. València comenzó a aplicarlo cuando coincidieron los gobiernos de izquierdas en el Ayuntamiento y en la Generalitat, que impulsaron una normativa específica y un registro de grandes tenedores y de viviendas vacías para subir los impuestos a multipropietarios. El gravamen local comenzó a aplicarse en el año 2022 a las viviendas que cumplían los requisitos —que el propietario tuviera más de 10 y estuvieran vacías más de un año— mientras que el autonómico recaudaba 7 millones de euros anuales, que en el último año han caído a 2,5. La medida no busca un impacto en las arcas públicas, sino sacar al mercado las viviendas que están deshabitadas.

Según una respuesta remitida por el gobierno de María José Catalá al Grupo Socialista, el Ayuntamiento de València lleva años sin aplicar el recargo del IBI. El consistorio defiende que resulta “extremadamente complejo” aplicar la ley estatal, “tal y como está redactada”, y que “no resulta aplicable a ningún inmueble”. En 2022, dice el consistorio, el recargo se aplicó solo a una persona, titular de 26 inmuebles, que pagó casi 5.000 euros de IBI y 1.483 de recargo.

La ordenanza fiscal de València establece un recargo del 30% a las viviendas desocupadas cuyo titular tenga más de 10 en propiedad en el término municipal. Para ello, deben estar en el Registro de Viviendas Deshabitadas de la Generalitat Valenciana, otra administración que tampoco tiene mucho interés en subir los impuestos a los grandes propietarios. La ley autonómica considera grandes tenedores a los propietarios de más de 10 viviendas, mientras que la estatal cuenta a partir de 4 inmuebles. Los datos del catastro apuntan que en la capital hay 3.231 propietarios de más de cinco viviendas y más de un cuarto de ellos son empresas. Además, una sola persona tiene más de 300 viviendas en propiedad. Ninguno paga este recargo en el IBI.

La respuesta choca con un anuncio que realizó el entonces concejal de Hacienda, Borja Sanjuan, en febrero de 2023, meses antes de las elecciones que conllevaron el cambio de gobierno. El edil apuntó que la previsión era recaudar cinco millones de euros con el gravamen que afectaba a 41 inmuebles. De la respuesta del consistorio, ahora gobernado por PP y Vox, se deduce que no llegó a materializarse.

La ley estatal establece en su disposición final tercera un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que puede aplicarse a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal previstas en la ley. Se establece el incremento del recargo actualmente situado en el 50 por ciento de la cuota líquida del IBI hasta un máximo del 150 por ciento, en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas también desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal. La medida busca “un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los Ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad”, según apunta el preámbulo.