Las empresas de limpieza de Madrid admiten que el servicio es malo
Las empresas de limpieza de Madrid reconocen que el servicio es malo. Que la ciudad no se adecenta adecuadamente. El presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón, admite que “lo que el ciudadano ve es la mala limpieza que ahora mismo tiene la ciudad”.
El Ayuntamiento, actualmente dirigido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), abona unos 20 millones al mes a las contratistas Ferrovial, Sacyr, Obrascón y OHL-FCC por este servicio. Y, si no hay remunicipalización, lo hará hasta 2021, según los contratos adjudicados en 2013 por Ana Botella (PP). Jardón dice que las empresas “no tienen la culpa” y achaca el problema a los concursos a los que se presentaron las contratistas que en lugar de fijar los medios humanos y materiales para prestar el servicio, como se hacía hasta entonces, decidió marcar unos determinados objetivos con un recorte del presupuesto del 30%, justifica.
Con todo, en la patronal de la limpieza no tienen un especial temor a que se resuelvan los contratos por parte del equipo de Carmena para retomar el control directo de la limpieza de las calles, una posibilidad que ha dejado entrever el Gobierno local. El presidente de Aselip considera que es improbable: recientemente, “la alcaldesa actual llamó a las empresas, cada una le contó su historia y ella lo entendió perfectamente”; existe “una entente y un diálogo muy fluido” entre las concesionarias y el nuevo equipo municipal, asegura.
De hecho, una portavoz municipal explica que, de manera general, “el Ayuntamiento no trabaja para remunicipalizar. Trabaja para que las cosas funcionen”. En la parte empresarial analizan que “no tendría mucho sentido” romper contratos ocho antes de que expiren. “Implica una serie de trabas, de cosas a cumplir; no olvidemos que hay 7.000 y pico operarios que tendría que quedarse”. Además del lucro cesante que pudieran reclamar las empresas al Ayuntamiento en caso de resolución anticipada del contrato.
La cuestión es que los recursos dedicados a adecentar la ciudad han ido diluyéndose. Tras la convocatoria del concurso en 2013, las contratistas optaron al contrato de limpieza y ofrecieron sus rebajas en el precio de salida (era el criterio estrella para llevarse el encargo). El Ayuntamiento adjudicó el servicio. Acto seguido, tres contratistas impulsaron un despido colectivo que provocó una huelga. Al final, el Expediente de Regulación de Empleo se convirtió en un despido temporal de 45 días anuales para cada operario. Según el sindicato UGT, eso implica, en definitiva 442 barrenderos menos al día “para ahorrar 12 millones al año”.
UGT ha subrayado que el problema de la limpieza radica en esa pérdida de trabajadores (“4.000 menos que en 2010”) y entiende que la “municipalización del servicio por si sola no es la solución”. Por su parte, CC OO pone más el acento en el “retorno a la gestión pública” aunque admiten que es un proceso jurídicamente complejo “también en lo que afecta al empleo”.
Recuperación de los servicios
La idea de devolver la gestión de los servicios al control público se está revelando como una senda tortuosa. Sin ir más lejos, el miércoles pasado, la delegada de Medio Ambiente de Madrid, Inés Sabanés, argumentaba que “los tiempos” y el poco margen del que habían dispuesto desde que entraron en el Gobierno local había estado detrás de la prórroga que ha activado el Ayuntamiento de los contratos de recogida de basuras que finalizaban en octubre próximo.
La prórroga no ha gustado a los empresarios. “No es una solución”, asegura Francisco Jardón . “Son contratos deficitarios” y el Ayuntamiento, que “lo sabe”, pone a las empresas, que “pierden bastante” en una situación “todavía más precaria”. La recogida de basuras en el centro de la ciudad se adjudicó en 2002. La de los distritos de la periferia se contrató el año pasado por 13 meses y la ganadora del concurso –Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial)– ofreció rebajar el presupuesto un 10% para llevarse la adjudicación. Las concesionarias no pueden negarse a que se les alargue el encargo aunque el pliego de prescripciones sí contempla una revisión del precio en caso de prórroga.
