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El Gobierno y Piélagos regularán sus responsabilidades en la ejecución de sentencias de derribo

Un convenio recogerá las obligaciones de cada una de las dos administraciones con los propietarios de las 80 viviendas afectadas en el municipio

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Vista aérea del municipio de Piélagos.

Vista aérea del municipio de Piélagos.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión de este jueves un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos para regular las obligaciones y responsabilidades de cada una de las dos administraciones en la ejecución de las sentencias de derribo, que afectan a 80 viviendas en este municipio y que no incluye a las del Alto del Cuco.

En concreto, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, el convenio con el Ayuntamiento de Piélagos regulará las obligaciones y liquidaciones de deuda que se deriven del desarrollo de la propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición, realizada por el Gobierno de Cantabria y dicho municipio en septiembre de 2011.

El convenio tiene el objetivo de articular el esquema básico de proceder para colaborar en el cumplimiento de la propuesta de ejecución de sentencias y establecer el reparto de las obligaciones de cada una de las administraciones para resolver los procedimientos y cumplir con su obligación solidaria de responsabilidad frente a terceros.

También pretende articular el modo de resolver los procedimientos de responsabilidad frente a terceros para posteriormente liquidar las cantidades en que la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Piélagos incurran en la ejecución de las sentencias, velando por el respeto a la responsabilidad legal que internamente les corresponda en función de lo ya determinado en los expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados.

En el caso del Ayuntamiento de Piélagos pasan por adoptar las medidas para la aprobación definitiva del PGOU, concediendo si resulta compatible con la ordenación nuevas licencias a las viviendas afectadas por orden de demolición, así como realizar todas las actuaciones tendentes a la demolición en el caso de que sea preciso ejecutar las órdenes de derribo.

Además deberá compensar siempre que la legalidad lo permita los tributos de todo tipo que hayan de liquidarse por la concesión de las nuevas licencias que puedan otorgarse; y aportar suelo que se integre, al ejecutar el planeamiento, en el patrimonio municipal de suelo, con cargo a su cuota de responsabilidad, para su utilización como mecanismo de indemnización en especie.

También habilitará suelo en los instrumentos de planeamiento que tramite para hacer factible la terminación convencional de los expedientes de responsabilidad patrimonial mediante la entrega de nuevas viviendas a los afectados que lo deseen y colaborará en la tramitación de todos los expedientes de responsabilidad y realojo.

Promover los incidentes que resulten de los expedientes de autorizaciones provisionales concedidas; redactar los proyectos con cargo a su cuota de responsabilidad y resolver los expedientes de licencia para las viviendas a edificar para proveer las indemnizaciones en especie que se pacten; y coordinar con el Gobierno su actuación material y los criterios de resolución de los expedientes a través de la comisión que se creará para ejecutar las tareas y alcanzar los objetivos que se marcan de manera coordinada, coherente y eficaz completan sus obligaciones.

Viviendas de sustitución e indemnizaciones

Mientras, las obligaciones del Gobierno de Cantabria son colaborar con el Ayuntamiento de Piélagos para la aprobación definitiva del PGOU en tramitación; asumir en caso necesario la construcción de las nuevas viviendas de sustitución o el importe de las indemnizaciones económicas que procedan; y asumir el coste de las indemnizaciones que procedan en materia de responsabilidad patrimonial por daños morales.

Además, debe tramitar en colaboración con el Ayuntamiento los expedientes de responsabilidad patrimonial con aquellos propietarios que manifiesten su voluntad de llegar a una solución convencional y planificar la colaboración con el Consistorio la realización ordenada del conjunto de actuaciones a ejecutar, procurando el realojo de los afectados antes de proceder a la demolición.

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