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Defensor Vecinal de Vitoria llama a evitar que los ciudadanos "carguen" con la campaña de multas de la Policía Local

Cree que el "incremento exponencial" de sanciones puede responder a una "desviación de poder" por parte de los agentes

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El Defensor Vecinal de Vitoria (Síndico) ha emplazado al Ayuntamiento a estudiar las posibilidades legales existentes para evitar que los ciudadanos "carguen" con las consecuencias de la campaña de multas iniciada por agentes de la Policía Local que, en demanda de mejoras laborales, han extremado la rigurosidad en la aplicación de las ordenanzas.

El Síndico ha asegurado, a través de un comunicado, que el "incremento exponencial" de las multas de la Policía Local en los últimos días no responde a "circunstancias objetivas apreciables".

El Defensor Vecinal ha recordado que la Ley Procedimiento Administrativo Común señala que "son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder".

El Síndico ha explicado que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa precisa que "se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".

De esa forma, considera que pueden ser "irregulares" los actos de la Administración que "aparentemente ajustados a derecho (como puede ser una denuncia de tráfico), pero que en el fondo persiguen un fin distinto del interés público querido por el legislador (finalidad distinta a la protección de la seguridad del tráfico)".

El Sindico recuerda que el Tribunal Supremo "admite la existenciade este vicio de legalidad" cuando se alcanza "la convicción moral de que las motivaciones del acto fueron ajenas al interés público concreto al que la potestad conferida por el ordenamiento debe servir".

"EVIDENCIAS"

El Defensor Vecinal explica que no puede "mantenerse ajeno a tales evidencias ni hacer abstracción de ellas, como si las denuncias formuladas lo hubieran sido en circunstancias de absoluta normalidad".

Aunque reconoce las "dificultades jurídicas" que pueden existir, pide al Ayuntamiento que "estudien con detenimiento los cauces legales existentes para no cargar sobre ciudadanos particulares las consecuencias de un conflicto del que no son parte".

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