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Nuclenor pide a Industria un nuevo plazo para solicitar la prórroga de Garoña

El permiso de funcionamiento de la central nuclear finaliza el 6 de julio.

El Consejo de Seguridad Nuclear abordará el lunes la petición de la empresa.

Los dueños decidieron no continuar con la actividad porque no podría afrontar la nueva ley de tasas de residuos.

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Los dueños de la central nuclear de Santa María de Garoña aún aspiran a continuar con su actividad. El Consejo de Administración de Nuclenor ha presentado un escrito al Ministerio de Industria en el que solicita la revocación parcial de la Orden Ministerial del 29 de junio de 2012 para mantener abierta la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización vigente y, de esta manera, continuar con la explotación de la central. El futuro de la central nuclear burgalesa será abordado en el pleno extraordinario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el próximo lunes para estudiar la renovación, por un año, de la autorización de explotación de la planta, que acaba de solicitar la empresa Nuclenor, propietaria de la central.

El permiso de funcionamiento de Garoña termina el próximo 6 de julio, por lo que Nuclenor ya había presentado el año pasado en dos ocasiones (14 de agosto y 3 de septiembre) dos solicitudes similares que fueron denegadas por el ministerio.

En el trasfondo del cierre previsto para la central nuclear está la nueva legislación en materia de tasas de residuos, que según la empresa que explota Garoña hacía inviable la continuidad de la planta. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afirmado hoy que si el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) se llegara a producir, sería un "gran fiasco empresarial".

Según explica en una nota de prensa, Nuclenor formuló una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, un día después de la publicación en el BOE de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, su decisión de cese de la actividad de Santa María de Garoña, sin descartar la posibilidad de que la planta fuera puesta de nuevo en funcionamiento si dispusiera de nuevos elementos de valoración, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta por parte de esa Dirección General.

Según la misma nota, "la aplicación de dicha nueva ley de acuerdo con los borradores conocidos entonces situaría a Nuclenor en patrimonio negativo, dada la magnitud de los tributos que debían abonarse por mantener la operación de la central".

Esta iniciativa tomada por la empresa propietaria de Garoña ha desencadenado una nueva reacción en cadena de numerosos colectivos y partidos políticos. Desde la plataforma Araba sin Garoña, que en una entrevista en Radio Vitoria ha asegurado que no contempla "otro escenario" que el cierre de la central nuclear el próximo 6 de julio, hasta el PNV alavés, que ha pedido al diputado general, Javier de Andrés, que lidere el movimiento de oposición a una hipotética continuidad de la planta burgalesa.

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