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El barrio de Asteguieta se debate entre el miedo y los rumores sobre un clan gitano

El vecindario de Asteguieta, un barrio pegado a Vitoria-Gasteiz, rechaza la llegada de los 'Pichis', la familia gitana conocida por su "historial de delincuencia"

Las asociaciones y colectivos que apoyan a la familia aseguran que es un "miedo irracional" y que sus delitos son "rumores"

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Los y las vecinas de Asteguieta plagan el portal de la vivienda adjudicada a los 'Pichis' de pancartas

Los y las vecinas de Asteguieta plagan el portal de la vivienda adjudicada a los 'Pichis' de pancartas

Los medios llevan días hablando de las 'patrullas vecinales' que impiden a una familia gitana acceder a su nueva vivienda en Asteguieta, un pueblo de 270 personas a un kilómetro de Vitoria y perteneciente a su término municipal. Se trata de la familia Manzanares Cortés, conocidos como los 'Pichis', que ha recibido desde entonces el apoyo de activistas y políticos que defienden su derecho a "vivir en paz". Asociaciones gitanas denuncian "actos racistas ilegales". Mientras, los y las vecinas de Asteguieta no lo cuentan así.

El tema entra en ebullición en el momento en que Alokabide, la Sociedad Pública de Alquiler del Gobierno vasco, adjudica a los Manzanares Cortés una vivienda protegida en Asteguieta. El piso en cuestión fue destrozado el pasado diciembre, algo que incluso los vecinos del pueblo condenan porque están "en contra de cualquier actuación fuera de la legalidad". De la autoría de los hechos no se conoce nada y el ataque permanece bajo investigación.

Lo que sí se conocen son las razones del vecindario para no querer convivir con los Manzanares Cortés, y estas no derivan en su etnia, según explican. De hecho, hay dos familias gitanas viviendo en el pueblo, además de otras de Pakistán, Marruecos, Colombia, Paraguay, Brasil y Senegal, y todos se llevan "de maravilla". El pueblo no tiene un problema de racismo. Lo que tienen, aseguran, es miedo. "Los Pichis son una familia conflictiva. Aquí ya han destrozado un piso en  Abetxuko -otro pueblo-barrio de la periferia vitoriana- y han agredido y amenazado a varias personas", afirma un portavoz de los vecinos de Asteguieta. "Si preguntas, nadie quiere vivir con ellos. Ni siquiera quienes los defienden", apunta.

Cuando se llega allí se puede ver a un grupo de personas reunidas a la entrada del pueblo bajo un mosaico de pancartas que cuajan las fachadas. En el portal donde Alokabide adjudicó la vivienda a la familia un cartel nos recuerda alguno de los objetivos de las movilizaciones: "Tenemos paz y convivencia, no queremos delincuencia". El relato del pueblo está muy lejos de las acusaciones de asociaciones y activistas, y ellos no dudan en contarlo y en  movilizarse por ello.

En una carta dirigida al Ayuntamiento, los vecinos subrayan algunos titulares publicados en varios medios alaveses a lo largo del año pasado: una  amenaza con "una reyerta a tiros" a vecinos de Abetxuko, un  "buscaremos cómo callarte la boca" a la abogada de los vecinos de ese mismo pueblo tras los incidentes en el lugar, una  agresión en el albergue de Vitoria en que el residen desde mayo… Entre ellos destaca una recogida de firmas: las de los barrios vitorianos de Sansomendi, Ali-Gobeo, Zabalgana, Salburua y Lakua en marzo y mayo de 2017, barrios periféricos en los que había viviendas ofertadas por Alokabide. Con un 'No a los Pichis', precedieron a Asteguieta en el rechazo a la familia por sus supuestas actuaciones delictivas ante los rumores de que podrían adjudicarle un piso allí. Sin embargo, se le asignó finalmente la vivienda en Asteguieta, el pueblo alejado al oeste de Vitoria al que solo llega un autobús cada media hora.

La vivienda adjudicada a la familia Manzanares Cortés está en el portal 107

El portal de la vivienda adjudicada a los Manzanares Cortés

La Asociación gitana de Álava, Gao Lacho Drom,  defiende a la familia frente al "acoso" que está sufriendo y afirma que Pedro María Manzanares -el padre de la familia- siempre se ha mostrado "afable y cordial, dispuesto a sentarse en la mesa a hablar". Uno de los debates que surgen ante un denominado 'bullying mediático y social' -el cual ha promovido 'tractoradas' de los vecinos para rechazarlo- o la acusación a Asteguieta o Abetxuko de su intolerancia hacia minorías, es si se antepone su raza a los conflictos que supuestamente han generado. Ante esas denuncias, procesos o acusaciones la asociación defiende que hay "muchos bulos, muchas noticias alejadas de la realidad", que es que los procesos judiciales, por la ausencia de gravedad, "no han prosperado". "No hay sentencias porque no ha habido nada del otro mundo". El grupo de activistas que ha firmado un manifiesto en apoyo a la familia coincide con la asociación en este mismo aspecto, afirmando que se han analizado en un dossier todas esas publicaciones y que, entre otras "irresponsabilidades", se hace un uso excesivo del condicional, que demuestra que los datos no han sido contrastados.

Gao Lacho Drom -del romaní, 'pueblo en el buen camino'- fue acusada por el mismo Pedro María Manzanares de no haber hecho nada por él. De hecho, arremetió contra la asociación y dijo que si por él fuera, estarían "todos fuera de aquí". Aun así, tanto Gao Lacho Drom como la Fundación Secretariado Gitano denuncian las 'patrullas vecinales' -término que los vecinos rechazan-, creadas a través de "un estereotipo que identifica con la delincuencia a todos los miembros de esta familia, que incluye a menores". Gao Lacho Drom defiende el derecho de la familia de acceder a esa vivienda "como el de cualquier otro ciudadano, porque le ha sido adjudicada legalmente", remarca.

"Miedo irracional"

La familia cuenta también con el apoyo del mencionado grupo de activistas y políticos entre los que se encuentran el exalcalde de Vitoria-Gasteiz José Ángel Cuerda o el escritor Juan Ibarrondo. Este último resalta que lo que quieren denunciar es el "acoso que se está haciendo, ahora de forma preventiva". Afirma que el miedo es libre, pero que en este caso es "irracional, basado en rumores". En este aspecto le gustaría tranquilizar a los vecinos: "No es una familia conflictiva". Asimismo, rechaza que estos vigilen el pueblo y quieran impedir la llegada de la familia: "Si estamos contra la delincuencia, estamos contra de todas las delincuencias", sostiene.

Las instituciones han tomado el papel de mediadoras. El Servicio para la Convivencia y la Diversidad del Ayuntamiento de la capital alavesa hace un llamamiento a todas las partes para el diálogo, y les invita a "informarse bien, a poner sobre la mesa las informaciones y rumores que hayan podido llegar a unos y a otros". Sin embargo, el vecindario no se siente escuchado y asegura que en esas reuniones se ven "en el ruedo, mirados por los políticos desde la barrera de Alokabide". Afirman que es una "convivencia impuesta": "Nos están pidiendo algo que ellos no aceptarían", replican.

Manifestación contra la llegada de los Pichis a Asteguieta

Manifestación contra la llegada de los Pichis a Asteguieta

Lo que para unos son rumores para otros son hechos objetivos. En el Centro municipal de acogida social (CMAS), donde viven actualmente, un menor de la familia supuestamente dio una paliza a un residente. Ibarrondo afirma que, según el Centro, "la actitud de la familia está siendo positiva" allí. Según algunos medios, el Ayuntamiento se planteó expulsar a dicho menor en septiembre y la Fiscalía pidió una orden de alejamiento en octubre.

Quien ha evitado pasar por políticamente correcto ha sido precisamente Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, que junto con su formación en Vitoria no ha dudado en defender a los vecinos de Asteguieta: "Hay que garantizar que la gente pueda vivir con tranquilidad. Hay gente que intenta incluso criminalizar a los vecinos de Asteguieta, y eso hay que rechazarlo". El alcalde, el peneuvista Gorka Urtaran, ha contestado a estas declaraciones, afirmando que "lo que no se puede hacer es adoptar la postura de unos contra otros" y le ha acusado al líder de los populares vascos de usar su discurso para obtener una "rentabilidad política" desde su defensa del diálogo y la búsqueda de un acuerdo de mínimos.

Ya en 2011 hubo conflictos cerca de Asteguieta, en el pueblo de Durana y en otras zonas, como Abetxuko, donde los 'Pichis' 'okuparon' un piso y una orden judicial ordenó su expulsión. Ahora, esta familia ha conseguido una vivienda pública protegida y tienen el derecho legal de vivir en ella, y asegura que quiere convivir en paz. Los vecinos no están dispuestos, mientras el Ayuntamiento promueve el diálogo para conseguir la convivencia pacífica de ambas partes. La llegada de los Manzanares Cortés a su casa de Asteguieta está prevista próximamente, cuando el piso adjudicado sea reformado tras los destrozos. Por el momento, la guerra entre los 'rumores' y el miedo de Asteguieta, entre la aceptación y el rechazo de la 'delincuencia', sigue incendiando la mesa de debate.

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