El Gobierno ataca al Parlamento al adjudicar las valoraciones de la dependencia
El Gobierno de Navarra ya ha adjudicado la valoración económica de las personas dependientes, pese a la moción en la que la mayoría parlamentaria le solicitó que parara el proceso para continuar, un año más, con esta privatización. Será la fundación Koine – Aequalitas la que se encargue durante 2015 de analizar la situación económica de las familias que soliciten ayudas a la dependencia, accediendo a datos como su declaración de la renta o patrimonio.
Desde 2012 el proceso de valoración económica está en manos privadas, pasando de Koine Aequalitas a MM Consulting, las dos empresas que han alternado la concesión de las valoraciones. Hace un mes, el Parlamento de Navarra, con los votos a favor de todos los grupos excepto UPN y PPN aprobó una moción presentada por Izquierda Ezkerra para que el servicio volviera a ser gestionado directamente por el departamento de políticas sociales debido, sobre todo, a que las empresas privadas acceden a información confidencial de las familias. Sin embargo, el Gobierno, una vez más, ha seguido adelante con la adjudicación.
Para el parlamentario propulsor de la iniciativa, Txema Mauleón, esta adjudicación sirve para “constatar nuevamente que el gobierno está incumpliendo la voluntad de la mayoría del Parlamento que pidió que no se opte por privatizar el servicio de valoración de la dependencia porque es un servicio básico que debe hacerse desde el servicio público con personal público”. Las razones, tal y como explica el parlamentario, “especialmente porque estamos hablando de personal que se encarga de la valoración económica y tiene acceso a los datos más confidenciales que puede haber respecto a los beneficiarios de las ayudas a la dependencia”.
Koine - Aequalitas cobrará 70.000 euros, IVA excluido, de las arcas forales para realizar los informes de la valoración económica. Se trata de una rebaja del 40% sobre los 120.000 euros que el ejecutivo había licitado. Un descuento que, para Txema Mauleón, promotor de la iniciativa parlamentaria, dos consecuencias. “Este tipo de cosas suelen tener dos efectos, un empeoramiento de las condiciones laborales de las personas que realizan esa tarea, que probablemente estarán cobrando menos lo que cobrarían si fueran personal público, y que se baje la calidad”.
Consecuencias para el usuario
Pero, ¿cómo puede afectar eso, directamente a los usuarios? “Ya se sabe que hay seis meses para realizar todo el proceso de valoración de las solicitudes y en ocasiones no se está cumpliendo este plazo, si encima escamoteamos personal o el servicio para realizar esa tarea, puede suponer más retrasos en la valoración y que, por tanto, cobren las ayudas con retraso”, alerta Mauleón. “Aunque es con carácter retroactivo, ha habido casos de que en ese periodo de tiempo la persona beneficiaria ha fallecido, así que no es baladí, es una cuestión importante”.
