La Audiencia Nacional les declara libres y niega la extradicción de dos de los torturadores más significados de la dictadura de Franco imputados por la querella Argentina: Jesús Muñecas, capitán de la Guardia Civil que represalió docenas de jóvenes en los cuarteles de Zarautz y Tolosa; el otro, J.A. González, Billy el Niño, inspector de policía que ejerció su profesión de tal en la capital madrileña. Hace tres semanas grupos memorialistas de la Plataforma Vasca en favor de la Querella Argentina, arropando a algunos de estos torturados nos concentramos en Tolosa, clamando por la justicia y la extradición de los impultados. La Audiencia Nacional, cómo no, les extendió su bufanda intentando ocultar y proteger a los históricos torturadores. Pero la historia sigue…
En estos días, la Jueza argentina María Servini de Cubría da un paso más y se planta en Euskadi para tomar declaración a tres querellantes vascos en sus respectivos juzgados, uno el sr. Félix Padín, miliciano cenetista represaliado en trabajos forzados y los hermanos Kalzada, por el fusilamiento de su padre y otros cinco busturiarras y por los años de cárcel de Julen Kalzada en la cárcel Concordataria de Zamora. La jueza argentina sigue en su empeño porque prevalezca la ley de justicia universal contra los crímenes franquistas, valiéndose de la jurisprudencia dictada en convenciones internacionales, firmadas algunas por el Estado español.
Hay todavía más. La justicia española ha modificado el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con objeto de abandonar los casos de asesinato del reportero gallego José Couso muerto en Irak por el Ejército americano y del jesuita Ignacio Ellacuría asesinado en San Salvador, a la vez que el abierto a la República China por el genocidio practicado al pueblo tibetano. Por un 'rendez vous' a dichos Estados, claudica en sus compromisos con la Justicia Universal, aunque ello traiga como consecuencia poner también en la calle importantes grupos de narcotráfico extranjeros.
¡Extraño discurso doble! Al igual que se resiste a reconocer los crímenes de lesa humanidad del franquismo, el Gobierno español renuncia a la defensa de sus ciudadanos asesinados en el extranjero. Nadie puede juzgar los crímenes del franquismo y a ningún extranjero juzgará España. ¡Vergonzante autarquia jurisdiccional, la española! La Justicia española se cree con derecho a desentenderse de los compromisos intercionales, cuando quiere y como quiere.
Utilizan todo tipo de subterfugios para mantener la impunidad de los crímenes franquistas: fueron actuaciones circunstanciales, no sistemáticas; por tanto, no son crímenes de lesa humanidad; han prescrito; la Ley de Amnistía los ha borrado, etc. Si juntáramos en los juzgados vascos cuantos jóvenes pasaron en la dictadura por los cuarteles de Zarauz, Tolosa, Intxaurrondo, Ondarru, La Salve o por las comisarías de Indautxu o Donosti, ¿quién sostiene que las torturas no fueran sistemáticas?, ¿que no golpearan a toda una generación de jóvenes?, ¿que no fueran, por tanto, crímenes de lesa humanidad? Contabilicemos cuántos pasaron en el posfranquismo (1965-77) por los tribunales y prisiones franquistas, lo que en la mayoría de las veces suponía el paso por la tortura. ¿Pueblo a pueblo, cuántos fueron? La Comisión que el Gobierno vasco ha creado para inventariar la tortura debería ampliar el plazo para la presentación de denuncias, con una publicitación mayor que la anterior vez y estudiar este capítulo de violación de derechos con la debida seriedad.
Sorprende que quienes en la época de Busch y de Aznar se erigieran en 'txapeldunes' del antiterrorismo, impulsando guerras y leyes excepcionales a mansalva, sean tan remisos e irresponsables cuando se trata de juzgar las violaciones protagonizadas por sus inmediatos antepasados políticos o por fuerzas de Estados amigos. No se puede ser más desconsiderado con las leyes internacionales.
Sobre todo, no admiten ver sentados en el banquillo al franquismo y sus secuaces. ¿Será que el actual sistema 'democrático' conserva lazos con aquel régimen, tanto en lo ideológico como en lo institucional? El sistema judicial, el estamento militar, las fuerzas represivas, la monarquía misma, etc… Prefieren quedar con el culo al aire en el escenario internacional. ¡Tanto les cuesta cortar el cordón umbilical con el franquismo!
¡Adelante señora jueza, María Servini de Cubria!
Juan Mari Zulaika, miembro de GOLDATU, la Asociación de presos y represaliados de la dictadura franquista
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