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Anticorrupción estudia una denuncia contra Botín por sus hipotecas de alto riesgo

Es la primera presentada en España por créditos con garantías inmobiliarias que se concedían a clientes que no cumplían los requisitos ni las garantías para su devolución

Ruz ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la denuncia impulsada por la PAH, que cree que este tipo de hipotecas se parecen a las 'subprime' que se comercializaban en EEUU

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Botín pide que el contribuyente y la banca sana no vuelvan a pagar una crisis

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín

La Fiscalía Anticorrupción estudia desde el pasado 5 de noviembre la primera denuncia penal presentada en España por la comercialización de hipotecas con un perfil de alto riesgo concedidas a clientes con altas posibilidades de impago. El denunciante, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se dirige contra la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50 % al Banco de Santander y al BNP Paribas, y los directivos de estas entidades, entre ellos, Emilio Botín, su hija Ana Patricia y Alfredo Sáenz. Según los denunciantes, este tipo de hipotecas se parecen mucho a las subprime que se comercializarion en Estados Unidos y que dispararon la crisis financiera.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó la denuncia el pasado 31 de octubre en la Audiencia Nacional. Sus abogados consideran competente a este tribunal por el tipo de delitos que consideran se han cometido: estafa continuada, contra los consumidores, contra el orden socieconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal. Por reparto, la denuncia fue a caer en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Pablo Ruz. En pocos días, Ruz remitió a los fiscales especializados su contenido para que se pronunciaran sobre si consideran que hay indicios de delito y admitirla o no a trámite. Las citadas fuentes aseguran que Anticorrupción aún no ha comunicado aún al juez su decisión.

La PAH actúa contra los citados denunciados en representación de 21 afectados en Madrid, Murcia y Barcelona. Según la denuncia, la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) puso en marcha un plan estable de comercialización de productos financieros con un perfil muy arriesgado para la compra de vivienda. 

Según el relato de la denuncia, desde finales de los años noventa, UCI estableció relaciones mercantiles con una amplia red de inmobiliarias y asesorías financieras, entre las que destacaban Tecnocasa y Kiron. Los clientes acudían a estas inmobiliarias y pagaban por sus servicios, desconociendo que en realidad contrataban con UCI. Los préstamos eran concedidos requiriendo a los consumidores escasa documentación y “sin comprobación de su verdadero alcance respecto al riesgo financiero”. El objetivo de UCI eran jóvenes, inmigrantes y otras personas con inestabilidad laboral, lo que permitía al Santander y al BNP Paribas entrar en un segmento hipotecario virgen.

En la operación participaba Valtecnic, una tasadora española cuya valoración difería entre un 150 y un 200 % de la oficial. Mediante “mecanismos complejos de contratación”, UCI hacía creer al consumidor que estaba adquiriendo un producto “altamente ventajoso” cuando en realidad implicaba un alto riesgo de impago, añade la denuncia. Con desconocimiento de los clientes, el préstamo se iba incrementando porque en él se incluían todos los gastos generados, incluyendo las comisiones de todos los intervinientes. Además, UCI captaba clientes con cuotas iniciales rebajadas artificialmente, como artificialmente se elevaba después el monto del préstamo.

Deuda perpetua

Cuando se producía el impago, la sociedad de Banco de Santander y BNP Paribas acivaba un sistema  de persecución a deudores que incluía comunicaciones por escrito y llamadas “intimidatorias”. Entonces, UCI imponía la renegociación de las condiciones, incrementándose el montante adeudado cada mes. La denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, incluye casos concretos de clientes con el monto de la hipoteca firmada, como el de F.E, que firmó por 380.000 euros en 2008 y en 2013 debía 441.309, es decir, 61.795 euros más. Los sucesivos mandatos de venta pretendían aumentar ese perjuicio bajo la amenaza de ejecución hipotecaria y deuda perpetua.

La denuncia considera que se trató de una gestión temeraria del riesgo con ánimo de lucro. Los citados bancos habrían tratado de hacerse un hueco en el segmento del mercado al que no solían llegar las hipotecas, como jóvenes o inmigrantes. Para ello, vendieron los préstamos a otros inversores internacionales en una práctica conocida como titulación. De esta forma, podían realizar los balances internos sin introducir el riesgo estas hipotecas y obteniendo así nueva financiación con la que continuar con el negocio del préstamo hipotecario. Los denunciantes también apuntan a que hubo financiación de compra de Vivienda de Protección Oficial (VPO)  por encima del valor legal máximo.

Además de los Botín y el que entonces era consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, la denuncia va dirigida contra todos los que son considerados responsables del diseño y puesta en práctica del sistema de comercialización de las citadas hipotecas basura. Son un total de 19 directivos de UCI, Banco de Santander, BNP Paribas y la tasadora Valtecnic. Entre los responsables del Santander denunciados también figura el consejero Antonio Basagoiti García-Truñón, padre del exlíder del PP vasco.

El volumen de cotización de los fondos aludidos en los diez años que van de 1999 a 2009 asciende a 14.365,8 millones de euros, según la denuncia. Se trata de 133.701 hipotecas y 22.831 préstamos personales no hipotecarios. Entre un 11 y un 15 por ciento de las hipotecas concedidas correspondían a viviendas de protección oficial y una tercera parte tenía como destinatarios a jóvenes menores de 40 años.

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