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Ciudadanos se enfrenta a nuevas acusaciones por la financiación de sus campañas

Albert Rivera de nuevo en el punto de mira por la supuesta financiación ilegal de las campañas

Carmen Moraga

Ciudadanos no consigue zafarse de las sospechas de que ha financiado ilegalmente sus campañas electorales, justo cuando está a punto de que comience la del 26J para la que el propio partido naranja reclama “austeridad”. La última denuncia ha afectado directamente al propio Albert Rivera. Según publica el diario La Razón, la Cámara de Cuentas de Madrid detectó a finales de 2015 que el partido había pasado la factura de 35 plazas de hotel, entre ellas la de Rivera, correspondientes a la noche electoral de las autonómicas del 24-M, al grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid. Una ilegalidad en toda regla.

La dirección del partido lo niega y asegura a eldiario.es que “el pago del hotel se facturó a la cuenta del partido abierta específicamente para la campaña, no desde el grupo parlamentario”. “Nuestra propia factura explica los conceptos con claridad, sin ningún animo de ocultar nada, nosotros entendemos que es gasto electoral, aunque la Asamblea no”, afirman.

Esta denuncia se une a otras que han ido surgiendo y que vulneran la ley de financiación de partidos y la de Bases de Régimen Local, que prohíbe a los partidos pagar sus gastos de campaña con las subvenciones que reciben los grupos municipales o parlamentarios, que deben ser destinados únicamente para el funcionamiento de dichos grupos y nunca para otros fines.

Sin embargo, se ha comprobado que la dirección de Ciudadanos obliga a sus cargos a la firma de una “carta ética” en la que se comprometen a ceder el control y la fiscalización del dinero de estas subvenciones a la propia dirección del partido que, según han denunciado diversos cargos, lo utiliza en lo que le parece oportuno. Entre otras cosas, para pago de créditos bancarios contraídos por las campañas. Los administradores de estas cuentas son el vicesecretario general y número dos del partido, José Manuel Villegas, y el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado.

La información de La Razón abunda ahora en estas ilegalidades. En concreto, explica que el gasto de 2.700 euros de habitaciones de hotel durante la noche del cierre de la campaña autonómica madrileña, “permitió que Rivera pernoctara (en una habitación triple) y también diez de sus diputados en esta comunidad (los primeros de la lista y miembros de su equipo, en 14 dobles y 4 individuales) en un hotel de la capital la noche de los comicios” que se facturó al grupo de la Asamblea. Algo que según explica en su informe la Cámara de Cuentas no debió hacer. “Los gastos anteriores no son propios de la campaña, ya que se producen una vez finalizada ésta, ni tampoco son necesarios e inherentes al proceso electoral, ya que se trata de alojamientos en la propia ciudad de Madrid para los candidatos a la Asamblea de Madrid, y para otras personas, que ni siquiera reúnen la condición de candidato”, les amonesta. 

Ciudadanos se defiende diciendo que “el informe de tribunal informa que gastamos apenas el 60% del valor que teníamos derecho por subvención de los resultados electorales”. “Nos descuenta del valor a recibir como subvención un concepto de una factura por valor de 2.700 euros” que fue el coste de las habitaciones de la noche electoral“.

“La subvención de los gastos electorales –explican fuentes del partido a eldiario.es– termina a las 24.00 horas del día de las elecciones y entienden que ese gasto está fuera de plazo”. “El resultado es que nos descuentan este valor, y no lo cobramos como subvención, es decir, no tenemos que devolverlo, porque no lo llegamos a recibir”.

No obstante, en el partido de Rivera aseguran que “aceptamos la resolución y no presentamos recurso a la decisión” ya que “nuestra propia factura explica los conceptos con claridad, sin ningún animo de ocultar nada, nosotros entendemos que es gasto electoral, la Asamblea no”. “Lo aceptamos y punto”, concluyen.    

Se da la circunstancia de que también se acaba de destapar que el partido pasó a su grupo parlamentario de Murcia los gastos tanto del acto central de la campaña a las generales celebrado en Cartagena como del acto de presentación de los candidatos en precampaña. Incluso facturó un reportaje fotográfico de Rivera. Precisamente, el 22 de abril, el partido destituyó al delegado territorial de Murcia, Mario Gómez, por pagar de forma irregular facturas de la campaña electoral a través de grupo parlamentario y no a través del partido.

También hubo denuncias de pagos irregulares en La Rioja. En concreto, se contrató de forma ilegal a la delegada territorial, María Luisa Alonso, cuya nómina se pagaba a cargo del grupo municipal. Asimismo se destapó que se pagaba al delegado del País Vasco, Nicolás de Miguel, a costa del grupo parlamentario. La dirección de Ciudadanos achacó estas irregularidades a “errores administrativos”. Sin embargo, la dirección nacional del partido decidió poco después cesar a toda la cúpula riojana, algo que fuentes de los propios cesados atribuyeron a “represalias por haber denunciado estos pagos”.

Antiguos militantes del partido de Rivera han llevado estos casos ante la Fiscalía Anticorrupción para que determine si incurren en financiación ilegal.

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