Familiares denuncian que fiscalía mexicana intenta criminalizar a estudiantes

La principal línea de investigación de la fiscalía mexicana busca criminalizar a los 43 estudiantes desaparecidos hace cuatro semanas por supuestamente apoyar al cártel de Los Rojos, rival del grupo criminal Guerreros Unidos, denunciaron hoy familiares de los jóvenes.

En una conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen los estudiantes desaparecidos en Iguala, explicaron que esto lo saben gracias a sus abogados del colectivo Tlachinollan, que tienen acceso a los expedientes del caso.

Según dichos documentos, los detenidos habrían declarado que la noche del 26 de septiembre los jóvenes estaban transportando en los autobuses en los que se desplazaban a miembros de Los Rojos y que por esto fueron atacados.

Estos hechos fueron negados por los familiares, quienes aseguraron que van a continuar con la lucha y exigir a las autoridades que sus hijos aparezcan con vida.

Según el fiscal general, Jesús Murillo, el 26 de septiembre policías locales dispararon contra los estudiantes de la Normal por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, operadores de Guerreros Unidos y hoy prófugos de la Justicia.

Esa noche murieron seis personas, incluidos tres alumnos de la Escuela Normal (dedicada a la formación de maestros), y 43 más fueron detenidos por los policías y entregados a un miembro de Guerreros Unidos identificado como “Gil”.

Este avisó al líder del cártel, Sidronio Casarrubias, de los hechos de violencia, pero los atribuyó a “un grupo delictivo contrario”, por lo que éste avaló “las acciones para la defensa de su territorio en Iguala”, contó el fiscal el miércoles pasado.

Todavía se desconoce el paradero de los jóvenes porque entre los 52 detenidos hasta ahora por el caso, entre ellos Casarrubias, no está Gil ni otros dos criminales que recibieron a los estudiantes de manos de los policías.

Según el Gobierno, Los Rojos y Guerreros Unidos surgieron tras la muerte del capo del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva en una operación de la Marina en 2009 y desde entonces se disputan varias regiones de estado de Guerrero y Morelos.