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El Gobierno niega información sobre la elevada indemnización del PP a Cristóbal Páez por ser reservada

El Gobierno se niega a dar información sobre la indemnización de más de medio millón de euros que cobró el exgerente del PP Cristóbal Páez --quien sucedió en ese puesto al imputado Luis Bárcenas--, tras el acuerdo al que llegó con el partido. El Ejecutivo alega que estos datos son reservados y que no es su función conocer situaciones derivadas de la relación contractual entre un "ente privado" y un "ciudadano particular".

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El Gobierno niega información sobre la elevada indemnización del PP a Cristóbal Páez por ser reservada

Esta es la respuesta que ha remitido el Ejecutivo a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quien el pasado mes de agosto le pidió cuentas por este tema al apreciar "notorias ilegalidades" en la indemnización percibida por Páez, al que se habrían abonado más de 186 días por año trabajado.

Díez recordaba en su escrito que la propia secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, declaró el pasado mes de agosto ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el gerente "no fue formalmente despedido, sino que se trató de una extinción laboral" convenida, que incluía dos anualidades completas de su salario, además de la indemnización pertinente por el despido improcedente.

DELITO ECONÓMICO Y FISCAL

Según la documentación del procedimiento judicial, en el año 2010 Cristóbal Páez habría cobrado en total 560.082,74 euros entre su salario, indemnización por despido improcedente y las dos anualidades de salario completas. "Siendo retenidos algo más de 116.000 euros en concepto de IRPF", argumentaba Díez, para quien esa indemnización fue "muy superior" a la máxima establecida y su tributación "no se ajustaría a los requisitos legales" vigentes en ese momento.

El diario 'El Mundo' publicó que a Páez le correspondía una indemnización de 115.500 euros al abandonar su puesto en el PP pero se le abonaron otros 350.000 euros como cantidad complementaria, lo que supone, a juicio de la líder de UPyD, que se ha cometido un "delito económico y fiscal" atribuible a la dirección nacional del PP y al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En concreto, UPyD asegura que en dicha operación se habrían dejado de ingresar a las arcas públicas del Estado aproximadamente 96.000 euros, ya que se le retuvieron 116.000 euros en lugar de los 212.831 que marcaba el programa de retenciones del año 2010, lo que resulta, a su parecer, "escandaloso por ser en este caso el infractor nada menos que el partido que gobierna en España".

¿SE LE APLICARON LAS RETENCIONES ADECUADAS?

Por ello, Díez preguntó al Gobierno si Hacienda y la Agencia Tributaria poseían dicha información y si, en el caso de ser así, comprobaron "que las retenciones aplicadas fueron las pertinentes". Asimismo, quería saber si el Gobierno tenía intención de investigar los hechos en el supuesto de que no estuviera al tanto de los mismos.

Ahora desde Moncloa le aclaran que no es función del Gobierno "conocer ni valorar" situaciones "derivadas de la relación contractual de tipo laboral entre un ente privado y un ciudadano particular", salvo se que produzcan "infracciones de la normativa", en cuyo caso corresponde hacerlo a los distintos servicios de Inspección del Estado, o que se deriven delitos de las mismas. En este último supuesto, el Gobierno se limita a mostrar su respeto por las decisiones que pudiera adoptar la Justicia.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno también subraya a Díez que la tributación de una determinada cantidad percibida por un contribuyente y las comprobaciones que, en su caso, puedan haberse realizado sobre la misma, tienen, como toda la información tributaria, carácter "reservado" lo que impide "ceder o comunicar" datos sobre la misma a terceros, salvo si se dan las excepciones que prevé la Ley General Tributaria.

"Entre dichas excepciones no se encuentra la contestación de preguntas parlamentarias", añade el Gobierno que, por tanto, no contesta a las cuestiones planteadas por Díez.

La líder de UPyD también preguntó al Ejecutivo si consideraba "recomendable y ejemplarizante que se paguen indemnizaciones, con fondos públicos, de 186 días por año trabajado, después de reducir drásticamente las indemnizaciones por despido en la reforma laboral". Pero el Gobierno ha decidido no entrar tampoco en ese asunto.

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