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IU insta a Gallardón a atender la petición del juez Pedraz para que EEUU extradite a los acusados de la muerte de Couso

El portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha emplazado al Gobierno a atender la petición del juez Santiago Pedraz de instar a Estados Unidos a extraditar a los militares acusados de la muerte en 2003 del periodista José Couso en la Guerra de Irak (el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson) y para que se tome declaración como testigo a la sargento Adrienne Kinne.

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IU insta a Gallardón a atender la petición del juez Pedraz para que EEUU extradite a los acusados de la muerte de Couso

"¿Qué medidas piensa adoptar ante la solicitud presentada por el juez Santiago Pedraz para que el Gobierno tome las medidas oportunas ante el incumplimiento por parte de las autoridades estadounidenses del Tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, en relación con el 'caso Couso'?", reza la pregunta registrada en el Congreso.

De esta forma, Llamazares convierte en iniciativa parlamentaria la reclamación realizada por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación de la muerte del cámara de televisión José Couso durante la invasión de Irak en el año 2003, quien el pasado 3 de enero reclamó al Ejecutivo -a través del Ministerio de Justicia- que 'adopte las medidas oportunas' con respecto a lo que considera un 'incumplimiento de las disposiciones previstas en el Tratado bilateral de extradición' existente entre España y Estados Unidos.

En su iniciativa, Llamazares recuerda que el auto del juez Pedraz "es consecuencia de la petición realizada por la Fiscalía, después de que la acusación particular en esta causa solicitara a principios del pasado mes de diciembre al titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que imputara por un delito de encubrimiento a las autoridades estadounidenses y españolas 'al no haber cooperado las mismas de conformidad a los tratados bilaterales firmados entre ambos países'.

FALTA DE COLABORACIÓN

En su auto, el magistrado confirma la argumentación del Ministerio Fiscal y da por constatada 'la falta de colaboración de las Autoridades competentes de los Estados Unidos de América', que habrían imposibilitado 'el agotamiento y la conclusión' de la instrucción.

Pedraz coincide en que existe esta falta de colaboración, pero rechaza emprender acciones legales en este sentido porque asegura que 'el encubrimiento que se denuncia no encaja en los supuestos enumerados en la Ley Orgánica del Poder Judicial', así como que la responsabilidad de que se cumplan los tratados bilaterales es del Gobierno, no de la Justicia.

'Se vislumbra que, efectivamente, las autoridades norteamericanas no han cooperado con las españolas de la manera en que se especifica en los tratados bilaterales', señala el juez, que no obstante asevera que 'ello no habilita a los juzgados a inmiscuirse en temas de política criminal internacional y cumplimiento o no de los Tratados internacionales, quedando esta facultad en manos de las autoridades políticas (Gobierno de la nación y Cortes Generales)'.

Sin embargo, Pedraz sí que dispone comunicar al Ministerio de Justicia 'la falta de colaboración de las Autoridades competentes de los Estados Unidos de América y, en consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Tratado bilateral de extradición' con el fin de que 'el Gobierno de España adopte las medidas oportunas'.

SABÍAN QUE ERA UN CENTRO DE PERIODISTAS

El magistrado cursó una comisión rogatoria en marzo de 2011 en la que solicitaba la filiación y el domicilio de la sargento Adrienne Kinne, a fin de poder tomarle declaración como testigo en el procedimiento en el que se investiga la muerte de Couso, que tuvo lugar el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad.

En el programa de televisión 'Democracy Now', dirigido por la periodista Amy Goodman, a la que el juez también quería interrogar, Kinne aseguró que sabía que el hotel Palestina era objetivo potencial por parte del Ejército norteamericano.

En la causa, que fue reabierta por segunda vez en julio de 2010 por orden del Tribunal Supremo, se encuentran procesados y bajo orden de busca y captura el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad internacional en concurso con un homicidio.

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