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La Junta de Castilla y León justifica el sobrecoste del Perla Negra con "una media de tasaciones"

La portavoz, Milagros Marcos, dice que se hicieron muchas valoraciones del edificio y no explica por qué no se atendió a dos informes que lo tasaban en 39 y 41 millones

La Junta cerró la compra en 52 millones aunque la Intervención General del Estado detectó que se habían pagado dobles facturas que dispararon el precio hasta los 70

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Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas.

Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas.

"Se hizo una media entre tasaciones, porque hay varias". Así justifica la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, que se despreciasen y ocultasen dos tasaciones encargadas por el secretario general de Economía en 2009, Rafael Delgado, para decidir si era mejor comprar el edificio de Soluciones Integrales conocido como Perla Negra.

Este diario desveló hace unos días que esas tasaciones, realizadas por Alia y Tinsa, valoraban el edificio en 39 y 41 millones de euros. Las tasaciones se hicieron después de que Pablo Trillo, vocal de la empresa pública encargada de la gestión de suelo, alertase de los precios "disparatados" que se manejaban tanto para el alquiler como para la compra.

A pesar de que las valoraciones eran casi coincidentes, la Junta cerró la compra en 52 millones de euros. Pero no es que pagase 10 millones de más, es que a través de dobles facturas detectadas por la Intervención General del Estado el precio se disparó hasta los 70 millones.

Para defender la cuestionable decisión de la Junta, Marcos se refirió a "dos tasaciones oficiales" encargadas por el juez que instruye el caso y por la Fiscalía, soslayando que las mismas han sido rechazadas por la fiscal por entender que se tomaban como referencia edificios que nada tenían que ver con el que se alza ahora sobre un páramo en la localidad de Arroyo de la Encomienda.

Marcos quiso esquivar en todo momento las cuestiones más obvias: el motivo de que se encargaran dos tasaciones que despreció, si el presidente Juan Vicente Herrera las conocía, ya que fue alertado previamente por Trillo, o si por el contrario alguien se las pudo ocultar.  "Lo que no parece normal es que no esperemos a la decisión del propio juez", dijo Marcos a pesar de que tres meses antes había pedido públicamente "el archivo de la causa".

"Es una garantía que la Administración solicite varias tasaciones periciales y que de la media de esas tasaciones salga la adjudicación final", insistió Marcos. Es decir, que la Junta hizo lo contrario de lo que habría hecho cualquier comprador, exigir el precio que fijaba la tasación más baja. "Vamos a confiar en la Justicia, estamos personados, se está esperando a información de la Policía Judicial", subrayó la portavoz, que se agarró una vez más a las "tasaciones judiciales".

Marcos no quiso contestar a la otra información también revelada por eldiario.es sobre la memoria de la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta en la que se refleja que los terrenos para el polígono industrial de Portillo - que forman parte de la misma causa judicial- costaron 34 millones y hoy están valorados en 14. La investigación considera que pudo haber una connivencia entre la Junta y los empresarios que compraron los terrenos a 3 euros el metro cuadrado para revender al Gobierno regional a 20 euros el metro cuadrado.

En el caso ADE Perla Negra está imputada media cúpula de  la Consejería de Economía. Los cargos aún en activo están siendo defendidos por letrados del despacho Garrigues contratados por la Junta de Castilla y León. La Junta se personó poco después de que este diario publicase que había adjudicado sin concurso y por 4,4 millones de euros la división interior del edificio.

El 'agraciado' fue el estudio de arquitectos Unifica Servicios Integrales, el mismo que reformó en negro la sede del PP en la calle Génova. Sin embargo, la Junta aún no ha aclarado si se persona en calidad de perjudicada. Si es así, no podría seguir pagando la defensa letrada de algunos de los investigados por entrar en un conflicto de intereses que viciaría todo el caso.

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