Lesmes dice que la ley es el “dique de contención” ante los excesos que “nunca son inocuos”

El presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha defendido hoy que el imperio de la ley es el “dique de contención” ante los excesos que “nunca son inocuos en la convivencia de los países” y que pueden producirse cuando la retórica se alía para manipular emociones.

Lesmes, que ha inaugurado en el Colegio de Abogados de Sevilla unas jornadas sobre mediación, se ha referido en su intervención al desafío independentista de Cataluña que lo que al principio puede parecer un abuso conceptual corre el riesgo de convertirse “en la conculcación de los derechos individuales y colectivos por aquellos que han abierto ese camino, muchos de los cuales ostentan responsabilidades públicas”.

“La historia nos enseña y por ello sabemos, o deberíamos saber, que no hay nunca excesos inocuos en la connivencia de los países y de las sociedades y es el imperio de la ley, base del Estado de derecho, el dique de contención de esos excesos”, ha afirmado.

Lesmes ha subrayado que “España es hoy una sociedad abierta, amante de los elementos que conforman toda pluralidad cultural, ideológica y geográfica dentro del Estado”.

“Quienes creemos en la convivencia dentro de la diferencia, quienes juzgamos que la pluralidad, la disparidad y la diversidad son patrimonio irrenunciable de las sociedades avanzadas y por tanto parte esencial de su riqueza, necesitamos, demandamos que se respeten la ley y el Estado de Derecho como garantía de esa riqueza que supone la heterogeneidad”, ha declarado.

El presidente del TSS ha defendido que la Constitución española es la norma suprema “a la que estamos sujetos los poderes públicos y los ciudadanos en todo el territorio nacional”.

Ha destacado que “el inquebrantable compromiso de los operadores jurídicos” en la defensa del Estado de derecho “da esperanza a los ciudadanos en este momento de inquietud y preocupación” con la puesta en marcha por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución, que suspende las competencias del Govern catalán ante su disposición a declarar unilateralmente la independencia, lo que podría constituir un delito de sedición.