Organizaciones de DDHH rechazan la pensión de invalidez a exagentes de Pinochet

Organizaciones chilenas de derechos humanos condenaron hoy las millonarias pensiones de invalidez que reciben miembros jubilados de las Fuerzas Armadas que están sanos, entre los que figuran condenados por crímenes de lesa humanidad.

Los familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) llamaron al Gobierno a “tomar cartas en el asunto” y terminar con el “trato especial” a las Fuerzas Armada en materia de pensiones.

“Es brutal que exagentes de Pinochet reciban altas pensiones por supuesto estrés postraumático, después de haber asesinado gente en la dictadura”, afirmó a Efe la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira.

Los abultados montos por “inutilidad” que reciben militares retirados en perfecto estado de salud “habla muy mal de este país, en el que las Fuerzas Armadas pasan por encima del Gobierno, que no supervisa”, subrayó Lira.

Un reportaje emitido la noche del domingo por el canal público de televisión TVN reveló que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) pagan cuantiosas sumas de dinero a exuniformados jubilados que están sanos “física y mentalmente” e incluso trabajan.

Se constató que cuatro condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura están entre los beneficiados, además del propio hijo de Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, quien recibe mensualmente 900.000 pesos chilenos (unos 1.381 dólares) desde 1979.

“Ellos saben que están cometiendo un delito con los dineros de todos los chilenos. Rechazamos, pero también exigimos que se termine con el poder que las Fuerzas Armadas mantienen en el país”, señaló Lira.

En Chile, los criminales de lesa humanidad no pierden sus grados ni beneficios económicos al ser condenados, por lo que cobran sus pensiones según su posición jerárquica en la milicia.

Asimismo, a 27 años de finalizado el régimen, el Estado no está facultado para fiscalizar a las instituciones militares como hace con las civiles, lo que ha sido ampliamente criticado por la izquierda política, entre otros.

La ciudadanía ha mostrado indignación por estos hechos, que son aún más graves a la luz de las bajas jubilaciones que reciben los chilenos afiliados al sistema privado de pensiones, que en el 90 % de los casos obtienen menos de 240 dólares al mes, según datos de la Fundación Sol.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció que en las Fuerzas Armadas impera la “falta de ética”, pues se “compra el silencio” de los soldados a cambio de pensiones de invalidez que superan los 2 millones de pesos (unos 3.000 dólares).

“Existe un pacto de silencio, del que son parte todas las Fuerzas Armadas, que benefician a sus agentes condenados para que no entreguen información respecto de los crímenes y represión de la dictadura”, remarcó a Efe la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

En esta misma línea, las activistas llamaron a legislar para “democratizar” las Fuerzas Armadas, con el objeto de poner fin al “secretismo” que permanece entre sus filas desde la dictadura.

Las pensiones de inutilidad se entregan a quienes han sufrido accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales o padecen una enfermedad que les impida trabajar de por vida, en el sector público o privado.

Con este tipo de compensación, la persona recibe 20 % más que la última remuneración que obtuvo en actividad.

Bajo este contexto, se registraron numerosas jubilaciones que sobrepasan el monto establecido legalmente, de 2.304 dólares por beneficiario.