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La infanta Cristina no lo tendrá tan fácil esta vez para librarse

La Audiencia Provincial pidió a Castro indicios de fraude fiscal y blanqueo y el juez los documenta en 227 páginas

Los jueces ya advirtieron de que el recurso a que no sabía lo que hacía su marido vale solo para otros delitos y hasta marzo de 2006

El auto de Castro describe irregularidades en que Cristina es protagonista y no solo presunta colaboradora

Decidirá sobre la declaración una Sección de mayoría progresista recelosa del criterio exculpatorio de la Agencia Tributaria

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El PP expresa respeto a las decisiones judiciales y no comenta la imputación de la infanta

El juez Castro fijó la declaración de la infanta para el próximo 8 de marzo

La investigación de José Castro a la infanta ha concluido con un auto de 227 folios por el que el juez llama a declarar a Cristina de Borbón como imputada por delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Tras la presentación de los anunciados recursos será la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma quien decida si la hija del rey se sienta finalmente a dar explicaciones ante el instructor del ‘caso Nóos’. Los jueces de ese tribunal dejaron sin efecto la primera citación de la infanta decidida por Castro en abril. En unas semanas, volverán a pronunciarse. Los avances en la investigación y las evidencias de los delitos que ahora se le imputan facilitan que esta vez sí se produzca un fallo favorable al interrogatorio de la infanta. Estos son algunos factores que pueden influir en esa decisión.

Estaba avisada.

El principal argumento de la Sección para dejar sin efecto la primera imputación de Castro fue que no existían indicios suficientes de que la infanta conociera o participara de los manejos de su marido al frente del Instituto Nóos y, por tanto, de que fuera “cooperadora necesaria” de los delitos cometidos por Iñaki Urdangarin. Con el Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres obtuvieron de forma irregular 6,2 millones de administraciones gobernadas por el PP.

Pero según decían en el auto esos mismos jueces, el argumento del desconocimiento vale solo hasta marzo de 2006 y para los delitos cometidos a través del Instituto Nóos.  “Otro tratamiento y consideración merece los beneficios que pudo haber tenido la mercantil Aizoon después de esa fecha, ya que para entonces, la infanta había abandonado Nóos y se supone que por haber sido alertada desde la Casa Real de las irregularidades existentes en su gestión, de modo que hay que suponer que a partir de entonces estaba o debería estar al tanto y al corriente de las mismas”. Aizoon es la sociedad que Urdangarin y su mujer compartían al 50 %, creada por el duque de Palma para desviar parte del dinero “sucio” obtenido con Nóos.

Castro lo tiene claro: “Los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Iñaki Udangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado”.

Las revelaciones sobre los gastos de la infanta.

Del último tramo de la investigación destaca la descripción que ha permitido hacer de la vida que llevaba la infanta a través de los gastos cargados a Aizoon. Esta sociedad jamás repartió dividendos entre sus dos socios, pero estos cargaban cenas, viajes y regalos a la sociedad. Con ello cometían una “doble defraudación”, según Castro. Por una parte, ahorraban pagar el IRPF por lo que ganaban de forma encubierta y, por otra, minoraban la base imponible del Impuesto de Sociedades.

Los jueces que ahora van a decidir sobre la declaración de Cristina ya decían en su auto de mayo que “es importante conocer si esos gastos se verificaron, en qué fechas y si se abonaron o no con dinero público o con dinero proveniente de la defraudación tributaria”. Pues bien, el juez Castro desgrana ahora en su auto “infinidad” de gastos realizados por la infanta con cargo a Aizoon que en realidad cubrían cuestiones personales, incluida la reforma del palacete de Pedralbes. Hasta tal punto que ella solo gastó de su bolsillo poco más de 3.000 euros en ocho años.  

Los jueces rebaten a la Agencia Tributaria.

Si la Sección Segunda siguiera el criterio del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, con seguridad dejaría sin efecto esta segunda citación. Sin embargo, el auto de mayo dejaba claro que los jueces no tienen por qué seguir a pies juntillas las consideraciones de Hacienda. De hecho, la Sección Segunda destacó entonces que el informe de la AEAT sobre la infanta era “provisional e incompleto”, e incluso detectaban en él “zonas oscuras”.

El juez que actuó de ponente se detuvo en señalar que aunque fue redactado por los técnicos de la Delegación en Cataluña, el informe tuvo la supervisión del director de la Agencia en Madrid. Los magistrados instaban a Hacienda a seguir investigando la posible participación de la infanta en delitos fiscales y de blanqueo de capitales. 

En su último informe, la Agencia exime a la infanta de cualquier responsabilidad. Las cantidades defraudadas, advierte, no alcanzan los 120.000 euros en los que el Código Penal sitúa el umbral del delito. Castro difiere de los métodos utilizados: “Este instructor no puede compartir el criterio de la Agencia Tributaria de calificar como deducibles, a efectos de la liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2007, gastos que sólo vienen pretendidamente amparados por documentos en los que concurren tan serias y graves irregularidades indiciarias de delito”.

Protagonista, no solo colaboradora.

Si la infanta defraudó algún año más de 120.000 euros, umbral donde se sitúa el delito, el juez asegura que es algo imposible de saber, pero añade que, en cualquier caso, merece que se pregunte a la infanta por ello. En el auto se destaca cómo la infanta "autoalquiló" la sede de Aizóon, de la que figuraba a la vez como arrendataria y arrendadora, y cómo se encargó personalmente de contratar "en negro" al servicio doméstico, al que se hizo pasar por empleados de la sociedad.

Unos jueces implacables contra la corrupción.

La decisión de avalar la citación de la infanta recaerá en los tres mismos magistrados que resolvieron en mayo. Dos de ellos están afiliados a la progresista Jueces para la Democracia y uno a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En el pasado no votaron alineados por su adscripción ideológica.

Los progresistas son Diego Jesús Gòmez-Reino y Juan Jiménez Vidal. El primero fue el ponente del auto que dejó sin efecto la primera citación y el segundo emitió un voto particular a favor del interrogatorio. Completa el tribunal la conservadora Mónica de la Serna, que se alineó con Gómez-Reino.

La Sección Segunda tiene fama de dura en los casos de corrupción, como avalan las sentencias contra Jaume Matas o María Antonia Munar, rebajadas después por el Tribunal Supremo.  En relación con el caso Nóos, la Sección ha avalado todos los pasos dados por el juez Castro, con excepción de la primera citación de la infanta.   

El "esfuerzo motivador" de Castro

El juez José Castro ha estado decidido en todo momento a imputar a la infanta, pero no a cualquier precio. Eso lo demuestra el hecho de que este martes podía haber anunciado un interrogatorio en los próximos días que no diera tiempo a que se pronunciara la Audiencia Provincial sobre posibles recursos. Castro estaba facultado para ello, pero ha preferido actuar como ya hiciera la primavera pasada y permitir que se pronuncie ante la Sección Segunda. Esos jueces le pidieron entonces “un mayor esfuerzo motivador” y él lo ha hecho durante estos últimos meses.

Una simple diligencia, como es la citación de un imputado, se resuelve en un párrafo. Castro ha empleado 227 páginas, redactadas durante sus vaciones de Navidad. A partir de ese martes, las partes cuentan con tres días para recurrir en reforma ante el juez y de cinco para hacerlo ante la Sección en apelación, con lo que el plazo acabaría el próximo miércoles. Si la Sección se demora lo mismo que en la primera citación, para mediados de febrero se conocerá si la infanta es el primer miembro de la familia real que se tiene que sentar a dar explicaciones ante un juez.


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