La defensa de uno de los policías de Coslada pide que los agentes no se acerquen a los testigos

El letrado de uno de los policías de Coslada (Madrid) juzgados por corrupción ha pedido que los agentes de la unidad que investigó el caso no se acerquen a las testigos protegidas, mientras que el principal acusado ha solicitado la suspensión temporal del juicio hasta resolver una prueba.

La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado hoy la segunda sesión del juicio contra el exjefe de la Policía de Coslada, Ginés Jiménez, su mujer y su hijo, otros seis agentes locales y tres ciudadanos rumanos vinculados con la prostitución, en el marco de la operación Bloque por la que en 2008 fueron detenidos 26 agentes locales.

La Fiscalía pide para ellos entre 26 años y ocho meses de prisión en el caso de Jiménez y una multa de 2.160 euros para cinco de los agentes por cohecho impropio.

El letrado José Ramón García, que defiende al agente Carlos M.R., ha solicitado a la sala que ordene que la UDYCO (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado), que practicó las detenciones en 2008, “no entre en contacto para nada” con las testigos protegidas del caso.

También ha solicitado que se traspasen a la Guardia Civil las competencias relativas al traslado de estas mujeres a la Audiencia de cara al juicio y a cualquier otra diligencia, con el objetivo de que “no se sigan viendo vulnerados los derechos de la defensa”.

El abogado, que al igual que otros expuso ayer el “cúmulo de irregularidades” que acumula el proceso y precisó varias cometidas presuntamente por la UDYCO, ha relatado hoy que a esas mujeres declararon inicialmente ante esa unidad y “ya no pudimos volver a verlas”.

A esta petición se han adherido el restos de los letrados de los acusados.

La sala también recibido hoy la petición del abogado de Ginés Jiménez para que el juicio se suspenda temporalmente hasta que se tenga el resultado de una prueba solicitada y aprobada hace tiempo en el proceso, consistente en localizar el contenido de dos llamadas que mantuvieron en 2008 el exjefe policial y la juez decana de Coslada, en la que ésta supuestamente reconoce que existe una persecución contra el exmando policial.

El letrado Oskar Zein ha propuesto que se suspendan las sesiones previstas para los tres próximos días mientras se agilizan las gestiones para que se remitan al juzgado esas conversaciones pinchadas y no encontradas.

El resto de defensas se han unido a esa petición, ya que lo contrario podría conllevar una anulación futura del proceso, mientras que el letrado del Ayuntamiento de Coslada, Miguel Camacho, que ejerce la acusación particular, no se ha opuesto porque “debe primar el derecho a la defensa”.

El tribunal resolverá previsiblemente mañana sobre esas dos cuestiones planteadas hoy y también sobre las nulidades totales o parciales solicitadas por los letrados de los procesados.

Hoy la Fiscalía y la acusación particular han contestado a las exposiciones hechas ayer por las defensas, manteniendo su postura y negando que se hayan vulnerado los derechos de los procesados, que haya que anular el proceso total o parcialmente o que hayan prescrito algunos delitos, así como posibles dilaciones indebidas.

No obstante el fiscal del caso, Antonio Gil García, se ha mostrado “preocupado” por la posible prescripción del delito de cohecho impropio del que están cinco policías agentes, ya que “es interpretable”.

El fiscal se ha defendido de las críticas vertidas por las defensas por tardar en presentar su escrito de acusación y hacer acusaciones genéricas, explicando que todo el proceso se ha dilatado, entre otras cosas porque han contado con once magistrados.