La muerte de Nisman sigue encerrando más dudas que certezas tres años después

Tres años después de que el fiscal argentino Alberto Nisman apareciera muerto tras acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, de encubrir a supuestos terroristas, las dudas siguen sobrevolando el caso: la Justicia determinó que fue víctima de un asesinato, pero ¿quién o quiénes fueron los verdugos?

El 18 de enero de 2015, apenas un día antes de que tuviera que explicar ante el Congreso de la Nación los detalles de su denuncia a la todopoderosa viuda de Néstor Kirchner, Nisman apareció en el suelo del baño de su casa con un tiro en la cabeza que silenció para siempre las pruebas que, según aseguraba, comprometían fuertemente a la mandataria, su ministro de Exteriores y otros colaboradores.

Desde el 'minuto 0', lo sucedido impactó de lleno en la escena política e informativa del país y dio la vuelta al mundo en medio de acusaciones de irregularidades contra la primera fiscal del caso -por la supuesta contaminación de la escena del crimen- y de multitud de teorías conspirativas sobre el supuesto asesinato.

Poco a poco, el expediente judicial dejó de avanzar a paso de tortuga en torno a una “muerte dudosa” -sin determinar si el fiscal se suicidó o lo mataron- para dar un salto de gigante después de que, en septiembre pasado, una junta de policías y peritos concluyera que dos personas lo golpearon, drogaron y asesinaron.

En base a esa reconstrucción de los hechos, el actual fiscal a cargo, Eduardo Taiano, consideró que uno de los implicados en el crimen manipuló el arma que mató al fiscal y el otro lo asistió y movió el cuerpo de la víctima, que al morir tenía 51 años y dos hijas, Iara y Kala.

Y es precisamente la pistola utilizada lo que se tornó clave para la investigación, que hasta ahora solo ha dejado a un procesado por la muerte: el enigmático Diego Lagomarsino, colaborador informático del fiscal, con quien mantenía una estrecha relación y que es señalado como “partícipe necesario” del crimen.

La razón de esta imputación no es otra que el haber aportado el arma con la que se consumó el delito por autores que aún no han sido identificados.

En reiteradas ocasiones, Lagomarsino, que está en libertad pero con una tobillera electrónica para ser controlado, ha asegurado que se la pidió el propio fiscal para proteger a sus hijas, por miedo a que alguien quisiera hacerles algo.

“Mi opinión personal es que él tomó la decisión de dispararse, lo que no sé es por qué, si fue un suicidio inducido”, opinó el año pasado el informático en una entrevista.

Por otro lado, la causa mantiene hasta ahora a otros cuatro procesados, los policías encargados de custodiar al fiscal, aunque en este caso por incumplir sus deberes como funcionarios, lo que habría posibilitado la entrada de los homicidas en el apartamento, ubicado en el selecto barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires.

Hoy, tres años después, mientras el tema sigue manteniendo en vilo a la sociedad, otra causa busca comprobar si era verdad lo que decía el difunto fiscal contra quien fuera presidenta entre 2007 y 2015.

Nisman llevaba años encabezando la investigación del atentado a la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos, sigue impune y es históricamente atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hizbulá.

Cuatro días antes de morir, el fiscal presentó una denuncia en la que aseguraba que la firma de un acuerdo entre Argentina e Irán en 2013, que oficialmente pretendía impulsar una colaboración conjunta para esclarecer el atentado, suponía en verdad un pacto para encubrir a los iraníes sospechosos del ataque para favorecer el intercambio comercial bilateral, algo que Fernández siempre ha negado.

“Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que a quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaración”, dijo en diciembre pasado Fernández, actual senadora, pocas horas después de que un juez ordenase su detención por la causa, algo que no se materializó por contar con fueros parlamentarios.

Según la exmandataria, que está afectada por múltiples causas judiciales y se califica como una perseguida política, ese pacto, que nunca fue ratificado por Irán y en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional, pretendía avanzar en medio de la dilatada indisposición de Teherán de extraditar a los acusados, entre ellos antiguos altos cargos persas.

Ahora, en 2018, con Fernández alejada de la presidencia y con Mauricio Macri como actual mandatario con ansias de que se sepa la verdad, el caso Nisman sigue siendo uno de los mayores y más interesantes misterios de Argentina, un país que ha tenido que acostumbrarse a convivir con tragedias sin esclarecer.