Qué va a cambiar en el Congreso, gobierne quien gobierne
Si los partidos consiguen evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones y la XI Legislatura echa finálmente a andar, independientemente de quién esté al frente del Ejecutivo el funcionamiento del Congreso puede experimentar cambios en ramas tan importantes como el control al Gobierno, el impulso de leyes por parte de los ciudadanos o la regulación del trabajo de los lobbies.
Esos cambios se basarían en una reforma del Reglamento del Congreso, la gran asignatura pendiente del los grupos parlamentarios. Legislatura tras legislatura, los partidos muestran su buena voluntad para cambiar esta norma, pero la realidad es que desde 1982 apenas ha experimentado cambios sustanciales.
El último capítulo se vivió durante la pasada legislatura. La falta de acuerdo entre los partidos y, en mayor medida, el bloqueo de la mayoría absoluta consevadora impidió que se llevasen a cabo reformas en el texto que fija el funcionamiento de la cámara legislativa. Ahora, el nuevo equilibrio de mayorías podría animar a los partidos que vieron frustrados sus intentos de reformar el Reglamento a intentarlo de nuevo.
Preguntas inesperadas al presidente y reprobarle si miente
Durante la pasada legislatura, los socialistas vieron cómo el PP rechazaba una y otra vez sus propuestas para mejorar el funcionamiento del Congreso y la rendición de cuentas del presidente del Gobierno. En la mano del PSOE está ahora recuperar esas medidas.
La más importante es el cambio en el funcionamiento de la Sesión de Control. El PSOE propuso ampliar las preguntas -en número y en tiempo, limitado ahora a cinco minutos- y que se pudiesen presentar sin notificación previa a la Mesa, acercándose al modelo inglés.
Los socialistas también pusieron sobre la mesa la posibilidad de reprobar al presidente del Gobierno si mentía en sede parlamentaria. En una iniciativa presentada a raíz de las comparecencias de Rajoy sobre el caso Bárcenas, reclamaban que si se presentaba una moción de reprobación contra el jefe del Ejecutivo por mentir -consecuencia de una interpelación urgente que estaría obligado a responder-, esta tendría que debatirse y votarse en un plazo máximo de 24 horas.
En este sentido, el PSOE también puede recuperar la iniciativa que presentó en 2013. Reclamaban que, si todos los grupos de la cámara “con excepción del que apoya al Gobierno” pedían la comparecencia del presidente, este lo hiciese en un plazo de 10 días.
Más trabajo y control para los diputados
Entre las propuestas que no salieron adelante la pasada legislatura están algunas que pedían aumentar el trabajo de los parlamentarios. El PSOE propuso, por ejemplo, que se incrementase la actividad de la Cámara en los meses de enero y julio.
El calendario de sesiones plenarias no contempla en un primer momento convocar Plenos durante esos meses, y solo se convocan de manera extraordinaria si los grupos lo piden o si lo exige la dinámica parlamentaria, como ocurrió con la tramitación de los últimos presupuestos generales.
IU se manifestó en el mismo sentido pidiendo que se celebrasen plenos en enero y julio, y fue un poco más allá. Esta formación quería que se sancionase económicamente a los diputados que no cumpliesen con un control de asistencia que sería de acceso público.
Más participación ciudadana
Algunas de las propuestas que podrían recuperar los partidos -con el apoyo de nuevas formaciones- de cara a la nueva legislatura aumentarían el papel de los ciudadanos en el Congreso. La principal afecta a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), las leyes que pueden ser impulsadas mediante la recogida de firmas.
El PSOE, con el apoyo de otros partidos, intentó que estas iniciativas pudiesen ser defendidas por sus impulsores en el hemiciclo, pero el PP lo impidió. Podemos también quiere mejorar este aspecto y en su programa recogen distintas medidas en este sentido, como eliminar las trabas para sacar adelante las ILP.
La mayoría del PP también rechazó otra iniciativa que buscaba convertir la Comisión de Peticiones en la “sede idónea para articular la participación directa de la ciudadanía en los procedimientos parlamentarios”.
La idea era que esa comisión pasase a ser un órgano de debate en el que los ciudadanos participasen en la elaboración de las leyes, además de que compareciesen en ella los autores de peticiones al Congreso.
Control de los grupos de presión
Esta es una de las reformas que más posibilidades tiene de salir debido al consenso que hay entre varios partidos. El Congreso lleva años intentado regular la actividad de los lobbies, y estuvo a punto de conseguirlo la pasada legislatura creando un registro público de estas organizaciones. El desacuerdo de la oposición con el PP lo impidió.
Ahora, aunque con una letra pequeña distinta, PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en la necesidad de regular la actividad que de los grupos de presión ejercen sobre el trabajo legislativo de los diputados.
Los tres coinciden, al menos, en la necesidad de crear un registro público, y PSOE y Podemos reclaman además que se publiciten las reuniones que los diputados mantienen con los representantes de los lobbies.
