El Gobierno y las autonomías abogan por revisar la financiación de la ley de dependencia

El Gobierno y siete comunidades autónomas han elaborado un informe en el que destacan la oportunidad de revisar la ley de dependencia y reconsiderar el actual sistema de financiación para garantizar la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha presidido hoy la última reunión de la Comisión para el análisis de la situación de la dependencia que ha elaborado un informe consensuado para un diagnóstico del sistema y su modelo de financiación, según una nota del Departamento de Sanidad.

El informe cuenta con un voto particular de Andalucía, Aragón, Asturias y Cataluña, que reclaman que la financiación del sistema sea finalista y que se reconozca la deuda que el Estado tiene con las comunidades autónomas en esta materia.

Creada por el Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero tras los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, la Comisión está integrada por representantes de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla-León.

Según el informe, a 30 de junio de 2017, el sistema de dependencia cuenta con 1.217.355 beneficiarios con derecho a prestaciones o servicios, 898.243 con prestaciones efectivas y 319.092 en lista de espera.

El coste del sistema a 31 de diciembre de 2016 era de 7.986 millones de euros.

La Comisión apuesta por una revisión “en profundidad” de la ley de dependencia del año 2006, aprovechando la experiencia acumulada en sus diez años de vigencia, con el fin de adaptarla a las demandas de la ciudadanía y garantizar la sostenibilidad del sistema.

También contempla proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual o, en su caso, a la adopción de uno nuevo que garantice la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas.

Por ello, añade la Comisión, en los próximos años, “se debe avanzar en adecuar los recursos destinados a dependencia a las necesidades generadas en este ámbito, en particular, en un contexto de envejecimiento de la población y previsible crecimiento del número de personas en situación de dependencia”.

Respecto al voto particular para que la financiación sea “finalista” por entender que los recursos que aporta el Estado son “insuficientes”, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha señalado al término que éste se incorporará al informe definitivo que se debatirá en el Consejo Territorial extraordinario que se convocará próximamente.