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El plan del Gobierno contra el acoso escolar se queda en “buenas prácticas que ya aplican las comunidades”

Las autonomías estudiarán cómo será su aportación al pacto de Estado.

Sofía Pérez Mendoza

El Plan Estratégico de Convivencia Escolar anunciado hace más de un año por el Gobierno se queda en una batería de “buenas prácticas que ya se están aplicando en las comunidades autónomas”. Así lo ha definido el ministro de Educación al terminar la reunión que ha mantenido este jueves con los consejeros autonómicos en la segunda Conferencia Sectorial de la legislatura. “No tiene carácter legislativo y, por tanto, o es de obligada imposición”, ha resumido en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Las comunidades gobernadas por el PSOE ya manifestaron esta mañana, y aseguran que lo han vuelto a hacer en la reunión, que el plan “es una duplicidad” porque las regiones tienen sus propios planes y son “sus competencias”. El documento está en fase de borrador y aún tiene que pasar por el visto bueno del Consejo de Ministros para lo que no hay fecha marcada.

El consejero de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha dicho en declaraciones a la prensa que, además, el presupuesto que fija el documento, de cuatro millones de euros, es “escaso” y ha pedido “más recursos”. Mayte Pérez, responsable de Educación de Aragón, se quejaba de que es directamente “inviable”. Su homólogo de Castilla y León, gobernada por el PP, ha puesto en valor el “dinamismo saludable de intercambiar prácticas”, aunque ha reconocido que las comunidades serán “libres de escoger algunas partes del plan o no e implantarlas”.

El ministro ha evitado concretar los recursos que dedicará el Gobierno a este plan, aunque ha especificado que solo el teléfono contra el acoso puesto en marcha en noviembre se lleva casi un millón y medio de esos cuatro totales.

El borrador del plan se articula en ocho líneas de actuación con más de 70 medidas, muchas de ellas enfocadas a acciones directamente en los centros escolares, que deben proveer a los niños y niñas de medios para hacer “denuncias seguras y confidenciales” y de una figura de referencia a la que acudir. En cada colegio e instituto habrá un encargado o encargada de estas cuestiones, con descarga horaria. También prevé el registro y posterior análisis de los incidentes que se produzcan y la formación permanente del profesorado.

Las comunidades en el pacto educativo

El punto que más tiempo de debate ha llevado ha sido la forma de encajar la participación de las comunidades autónomas en el pacto educativo que se está negociando en el Congreso. La mayoría de consejeros han pedido al ministro una participación activa, los socialistas en concreto a través de un grupo de trabajo dentro de la propia Conferencia Sectorial.

Iñigo Méndez de Vigo ha accedido a abrir la puerta a esa participación y ha convenido con las autonomías pedir un informe técnico sobre de qué modo es posible hacerlo legalmente a la Comisión General de la Conferencia Sectorial, que establecerá cómo encajar la demanda de las regiones de ser parte activa en la negociación. El Senado también ha puesto en marcha una ponencia en la que está previsto que, como cámara territorial que es, tengan cabida las comunidades.

El ministro ha negado que, al contrario que decían los socialistas, se haya pedido la creación de otro grupo de trabajo a través de los consejos escolares autonómicos y del Estado para garantizar la participación de la comunidad educativa en el proceso.

En la reunión, o al menos lo que ha trascendido de ella, no se ha avanzado nada sobre la partida destinada a Educación en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Consejo de Ministro prevé aprobar este viernes. Sí ha recordado Méndez de Vigo que también mañana se dará luz verde al decreto que permite que a las comunidades convocar oposiciones al margen de los presupuestos. “Habría entorpecido del desarrollo correcto de las oposiciones y demuestra la sensibilidad del Gobierno hacia los docentes”, ha dicho.

El Ministerio de Educación también ha accedido, según la consejera catalana, a que en el próximo decreto que regula la obtención del título de ESO y Bachillerato, rehecho a raíz de los cambios de las reválidas, se incluya que es el profesorado quien tiene la última palabra para decidir si un estudiante titula o no.

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