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Greenpeace avisa al ministro Soria de que “no pararán” hasta lograr que se cierre Garoña

Los ecologistas acusan a Industria de dictar las leyes al “dictado de Iberdrola y Endesa”, propietarias de la central

Carmen Moraga

La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por tres votos a favor y dos en contra, de permitir que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) solicite la ampliación de su permiso de explotación “en parada”, ha soliviantado a los grupos ecologistas que cuentan con representación en el Consejo Asesor de este organismo. Greenpeace avisa a Industria que ampliará la denuncia que mantiene abierta ante la Audiencia Nacional “hasta conseguir que se declare la nulidad de revocación del cierre de Garoña” decretada por el ministerio que preside José Manuel Soria el 3 de julio de 2012.

“Greenpeace considera que la decisión política tomada por el CSN afecta negativamente al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones, y a la evaluación de las modificaciones tanto del plan de cese de la explotación, como del nuevo proceso inédito abierto, como del plan de acción relativo a las pruebas de resistencia que tienen aprobado y en ejecución”, afirman los ecologistas.

A su juicio, la defensa de los intereses económicos de Iberdrola y Endesa, las empresas privadas que integran Nuclenor, dueña de Garoña, “ha prevalecido sobre la protección de la población y el medio ambiente”.

“El CSN ha sido obligado por el Partido Popular para que el Gobierno tenga una coartada: les han obligado a renunciar a la independencia en la defensa de la seguridad nuclear”, asegura Mario Rodríguez, director Ejecutivo de Greenpeace.

Por todo ello, la organización ecologista avisa a Soria de que van a “redoblar” su denuncia ante los tribunales. Pero antes lo harán en Bruselas. Será el próximo 11 y 12 de junio, durante la segunda conferencia que celebrará el Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (ENSREG) para valorar el seguimiento estas pruebas. Allí, Greenpeace denunciará públicamente “la violación del proceso de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares y, en particular, los planes de acción nacionales y su aplicación”.

“En Bruselas no se va a entender que España vulnere las pruebas de resistencia con Garoña. Desacreditar la seguridad nuclear es negativo para los que sabemos que son peligrosas y para los que creen que no”, afirma Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. “Tampoco van a entender que se defiendan los intereses privados por encima del interés público en materia nuclear”.

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