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Sospechoso movimiento en las partidas presupuestarias de Igualdad

2015 es año electoral y el PP ha decidido sustraer del control político un paquete de recursos económicos para el "emprendimiento, inclusión e inserción socio-laboral de mujeres"

¿El PP utilizará los fondos para el como instrumento de premio/castigo a los ayuntamientos en función de la afinidad de cada gobierno local?

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La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato./EFE

Los Presupuestos Generales del Estado en materia de igualdad de oportunidades aparecen como un mosaico claro de lo que ha sido una nefasta legislatura del Gobierno del PP. El balance pone de manifiesto que ha existido una vocación por  desnaturalizar y desmantelar las estructuras específicas que se constituyeron durante la Transición como un elemento básico para la implantación de las políticas  públicas para el impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En esta estrategia de acoso, encaja que una Reforma Local que plantea eliminar las competencias que venían prestando los ayuntamientos en materia de igualdad, lo que supone de facto la  destrucción de, la muy articulada, red de recursos para la igualdad  y contra la violencia de género.

En Castilla La Mancha las políticas de igualdad han comenzado a desfallecer como consecuencia de decisiones políticas coincidentes con las del actual Gobierno de España, mientras que Andalucía se resiste contra una reforma de la administración local que dejaría sin protección a más de 101.000 mujeres atendidas en los centros municipales distribuidos por todo el territorio y que son la pieza clave para las políticas de igualdad en esa comunidad.

Pero vayamos a los Presupuestos Generales del Estado. Los de 2015 son presupuestos de balance de legislatura. Tras la reestructuración que ha sufrido el Instituto de la Mujer existe opacidad en las partidas destinadas a Igualdad al no quedar discriminados los destinados a la Igualdad entre hombres y mujeres de los que se destinan a la Igualdad de Oportunidades  de manera genérica.

El Gobierno ha querido comparar el presupuesto de 2015 con el de 2014 para intentar sacar pecho sobre la base de un paupérrimo aumento presupuestario que mantiene a las políticas de igualdad muy por debajo de lo que fueron los últimos presupuestos elaborados por el anterior gobierno socialista: exactamente 10,3 millones de euros menos en el programa de igualdad de oportunidades y 6.634.940 menos en prevención de la violencia machista.

Los números de los presupuestos en materia de igualdad que  resumen la legislatura del PP vendrían a ser:

1. La teleasistencia móvil a víctimas de violencia baja con relación al ejercicio anterior un 34,55%. Casi dos millones de euros menos para uno de los principales programas preventivos.

2. No enmiendan su anterior recorte de 1.000.000 de euros para los "Programas de asistencia social para mujeres y menores víctimas de violencia de género con relación a los presupuestos de 2014, lo que implica recortes en la atención a la reparación del daño, la parte más sensibles del apoyo institucional a las víctimas.

3. Un 22% menos de presupuesto para la Delegación del Gobierno de la Violencia de Género de lo que se encontró cuando llegaron al gobierno. Gestionará 23,728 millones de euros, lo que supone 6,6 millones menos para la lucha contra la violencia de género respecto al último presupuesto elaborado por los gobiernos socialistas.

4. El programa de "Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres" sufre un recorte del 33% desde que el PP llegó al gobierno.

Es en este último programa es donde asoma otro asunto a considerar: el sospechoso movimiento de partidas presupuestarias destinadas a las Comunidades Autónomas para "formación y fomento del empleo femenino". En las trasferencias corrientes no desaparece el presupuesto del programa; tan solo se reubica en transferencias a las entidades locales. ¿A que atiende este 'movimiento'? Sencillamente a que 2015 es año electoral y el PP ha decidido sustraer del control político un paquete de recursos económicos por la vía de eludir el reparto a través de las Sectoriales con las Comunidades Autónomas donde existen criterios objetivos para la distribución de los créditos.

Esto no supone un cambio de estrategia que vaya a revertir en beneficio del conjunto de los ayuntamientos, sino a una artimaña para eludir los controles de reparto.

La distribución de estos fondos queda a discrecionalidad del Gobierno. Es decir, en pleno año electoral el PP elude los controles de distribución de fondos públicos establecidos y negociados entre las Comunidades Autónomas y que aseguran una cuantía mínima que permita la realización de esas acciones al considerar, por ejemplo, la heterogeneidad de la distribución geográfica de la población residente en España. Esta reubicación de las transferencias le permite al PP eludir criterios de reparto territorial como la población, la tasa de paradas, la temporalidad de las mismas y otros indicadores que permiten que la distribución se ajuste a criterios lógicos. 

Pregunta: ¿El PP utilizará los fondos para el "emprendimiento, inclusión e inserción socio-laboral de mujeres" como instrumento de premio/castigo a los ayuntamientos en función de la afinidad de cada gobierno local? Cabe pensar mal para acertar: es de esperar un reparto electoralista, y por tanto injusto políticamente y técnicamente ineficaz, de esa distribución. Un reparto que buscará rentabilidad política para el Partido Popular.

El Grupo Parlamentario Popular ya votó en contra de una enmienda socialista en la Ley de Trasparencia para hacer públicos los planes de medios de las campañas publicitarias institucionales, otro espacio de reparto "gracioso" de fondos donde, por ejemplo, el ministerio de Ana Mato contrata los impactos publicitarios para prevenir la violencia contra las mujeres, no a quien tiene más oyentes o lectores, sino favoreciendo a medios con afinidad a las posiciones del Gobierno.

Los números absolutos no son suficientes para analizar los presupuestos. Por eso es preciso habilitar espacios de trasparencia real donde acceder en tiempo a informaciones que nos permitan conocer criterios tasados que reduzcan una discrecionalidad  que puede derivar en abusos.

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