Llega a la Fiscalía el “caos” en la gestión del área de menores del Gobierno de Canarias: “Es un maltrato institucional”

El sindicato CCOO ha denunciado ante la Fiscalía el caos en la gestión del área de menores del Gobierno de Canarias e insiste en que se están vulnerando los derechos de la infancia y se está produciendo un “maltrato institucional”. En su escrito alerta del “procedimiento anómalo” que se utiliza para tomar las decisiones importantes que afecta a la infancia, tanto a los migrantes como a tutelados de origen nacional.

“Tanto los escritos que se adjuntan, como lo que hemos puesto en conocimiento de la Diputación del Común, no han sido atendidos adecuadamente, ni tan siquiera respondidos. El silencio es clamoroso y la realidad afecta gravemente y ralentiza el desarrollo de los casos y afecta negativamente a los niños, niñas y adolescentes que nos ocupan. Hemos sido silenciados literalmente como si no existiéramos. Tal vez porque los niños, niñas y adolescentes afectados, junto a sus familias y contextos no son de la clase pudiente, y no les importa a nadie”, subraya el sindicato.

CCOO añade que los hechos que se exponen “afectan a todos los niños, niñas y adolescentes tutelados y gestionados por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Gobierno de Canarias. Se incluyen también los llamados menores no acompañaos” que en este momento “se encuentran también en situación extrema, que funciona más como una gestoría que como intervención directa para proteger a los menores, puesto que la mayoría de trámites están encaminados a identificación, documentación, residencia, cédulas etc... Dependen del mismo Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores, de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias”, apunta.

El sindicato agrega que en este momento, cada profesional, con independencia de su categoría laboral (psicólogo o psicóloga, trabajado social o educador, médico o pedagogo) tiene de media entre 90 y más de 100 casos. Se incluyen desamparos, guardas, derivaciones, riesgos acogimientos en familia extensa, residencial, jóvenes extutelados...

“Con ese volumen extremo, es imposible gestionarlos con la calidad que se merecen los niños, niñas, adolescentes y familias de origen. En imposible el trabajo en grupo, en equipo multiprofesional, para tomar las decisiones importantes. En realidad es de Imposible cumplimiento su gestión”, añade.

“Estimamos que esta falta de medios técnicos y materiales, está suponiendo un auténtico maltrato institucional”, insisten desde CCOO, que añade que los responsables de los menores no acompañados han llegado a tener una ratio de más de 1000 casos por técnico, actualmente a unos 400 menores sin tener en cuenta que se atienden también a jóvenes extutelados hasta los 23 años.

En este momento, la contratación de un plan de choque para ambas provincias ha aliviado un poco el asunto, “pero no ha podido conseguir hacer un trabajo individualizado en cada uno de los casos”.

CCOO denuncia la falta de control y de inspectores públicos en estos centros y “la absurda politización de un Sistema de Protección que solamente debería tener criterios técnicos y no de signo político, el desarrollo de los acuerdos de reparto se eterniza”.

“Esto supone, que se está incumpliendo la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la Infancia y la Adolescencia. Como tal Ley Orgánica, se supone que su rango es superior a cualquier otra normativa. Se establece un procedimiento para valorar en cada caso cuál es el Interés Superior de niños, niñas y adolescentes, ponderando los diversos factores a favor y en contra y tomando las decisiones importantes que les afectan”, indica.

El sindicato alerta de que es imposible cumplir con la norma porque en la mayoría de las ocasiones las decisiones las debe tomar en solitario el profesional responsable del caso (gestor del caso) con independencia de su categoría laboral (psicología, medicina, trabajo social, pedagogía, educación social), puesto que no hay personal suficiente para tomar todas las decisiones importantes de acuerdo con el procedimiento establecido“, añade.

CCOO destaca que a lo largo del primer semestre de 2024 se realizó un estudio que se plasma en el Informe de Evaluación de Riesgos Laborales de carácter psicosocial donde se puso de manifiesto la carga de trabajo, las demandas psicológicas de los profesionales se realizan una serie de recomendaciones “a las que se ha hecho caso omiso”, concluye en el escrito presentado el pasado viernes.

El sindicato lleva meses denunciando el “caos” en el servicio. A ello se suma que el pasado mes de mayo la Consejería de Bienestar Social, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias cesó al jefe de servicio de Protección de Menores, David León, que llevaba apenas cuatro meses en el cargo. “Mis principios nunca han estado en venta ni nunca lo estarán”, reflejó en un escrito a sus compañeros, donde recordó que probablemente personas de dentro de la Dirección General querían que “desapareciera”.

El cese se produjo además en un contexto en el que se han cerrado centros de menores migrantes por supuestos malos tratos a los jóvenes y por el mal estado de los dispositivos. El último en cerrar (cuatro días después del cese de León) ha sido Fortaleza I, situado en Gran Canaria y gestionado por la organización Quorum 77. La Justicia ordenó su clausura por presuntas vejaciones y delitos de odio hacia los jóvenes acogidos.