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La Justicia prohíbe al líder de una empresa 'desokupa' entrar al barrio de Tenerife donde sembró el caos

La Justicia prohíbe al líder de una empresa 'desokupa' entrar al barrio de Tenerife donde sembró el caos.

Toni Ferrera

5 de noviembre de 2025 22:08 h

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La Justicia ha prohibido al líder de la empresa ‘desokupa’ Ez Property Solutions, Roberto Cristian Pérez, entrar al barrio de San Isidro, en Granadilla de Abona (sur de Tenerife), tras la “escalada en la violencia empleada” para desalojar a los vecinos de un edificio, el Residencial Malvasía, donde él y “aproximadamente una veintena de empleados” suyos sembraron el caos el pasado 23 de septiembre.

En un auto de medidas cautelares firmado el 1 de octubre, el juez del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Granadilla de Abona, Pedro José Rosa, ha acordado impedir a Pérez acceder a San Isidro y a dos de sus colaboradores acercarse a menos de cien menos de la urbanización en la que irrumpieron hace semanas con la “ilícita finalidad de obligar a los vecinos a marcharse de las viviendas en las que residen”.

Hay alrededor de diez investigados, todos ellos trabajadores o colaboradores de la empresa. Los denunciantes son los propios residentes del inmueble, detallan fuentes consultadas.

Según la resolución, basada en las “contundentes” declaraciones de los “perjudicados” corroboradas por la Guardia Civil, Pérez y una veintena de empleados, la mayoría procedentes del sector de la seguridad privada y otros “trabajadores asiduos” de su empresa, marcharon hacia el Residencial Malvasía con “ánimo de amedrentar a los residentes (…) con la finalidad última de que desalojaran el inmueble”.

Para ello accedieron a sus instalaciones interiores comunes, rompieron con un radial las cadenas de cierre del garaje, entraron e impidieron “por unos minutos” que cualquier persona accediera o saliera del edificio por esa zona, para posteriormente “conminar” a los vecinos que desocuparan el garaje “bajo advertencia de inminente cierre del mismo”, que ejecutaron realizando un tapiado.

Pérez advirtió entonces a los vecinos que a las siete de la tarde “vencía el plazo para que abandonaran las viviendas”, manifestando “a viva voz” que si no salían de sus hogares “subirían y destrozarían sus servicios, atemorizándoles expresamente con cortarles el suministro de agua, suprimiéndoles el depósito de agua y quitándoles las placas solares”.

De acuerdo con el auto, el gerente de Ez Property Solutions y sus colaboradores manipularon con espuma de poliuretano u otro material similar una de las arquetas de evacuación de aguas residuales de las cocinas, lo que produjo el atasco de las conducciones, un “sabotaje” que afectó a parte de los residentes.

Pérez y el resto de su equipo permanecieron en la urbanización hasta bien entrada la tarde, entre las 20:00 y las 21:00, momento en el que fueron desalojados por la Guardia Civil. Antes habían dirigido “continuos gritos y amenazas” a dos vecinos en concreto, provocando a uno de ellos, que también había sufrido las consecuencias del bloqueo del desagüe, un ataque de ansiedad que le obligó a recibir asistencia sanitaria.

El juez apunta que este relato responde a las declaraciones prestadas por “los propios perjudicados”, es decir, los moradores del Residencial Malvasía, que se mostraron “reiterativas y persistentes” en todo momento. También agrega que la Guardia Civil puso de manifiesto en su atestado que las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio muestran “indiciariamente” que algunos colaboradores de Pérez habrían portado botes “compatibles” con los que contienen material apto para atascar las conducciones.

Ante “la gravedad” de estos hechos, que “pudieran ser constitutivos de delitos de amenazas condicionales y de coacciones”, indica el auto, “y las circunstancias personales de los investigados”, la justicia determina la presencia de una “presunta organización criminal” y acuerda impedir a dos de los colaboradores “asiduos” del líder de Ez Property Solutions acercarse a menos de cien metros del inmueble. Y ha prohibido directamente a Pérez entrar al barrio de San Isidro, de casi 30.000 habitantes, en Granadilla de Abona.

El juez fundamenta esta última medida cautelar “urgente” en que Pérez habría tenido una “participación principal” en los hechos, siendo quien “vendría dirigiendo los mismos” y “apreciándose una escalada en la violencia empleada”. Esto no resulta en un “particular perjuicio” para el gerente de Ez Property Solutions, agrega el auto, pues tiene su domicilio en Tuineje, en la isla de Fuerteventura.

El investigado reaccionó en redes sociales a la medida. En un vídeo, un hombre que lo acompaña en el coche comienza diciendo “suena a chiste, pero es anécdota, Roberto”. Y Pérez añade a continuación:

“Poquita broma, ¿vale? Aquí están los chicos vacilando… Tengo una escriturita en San Isidro. Una casita que me quedó del trabajo. Y resulta que ahora tengo prohibición de entrar en San Isidro. Medida cautelar. Nada, lo vamos a aceptar, lo vamos a recurrir, pero también nos da un poco igual… porque querían desde Granadilla [de Abona], o sea, ni al Aeropuerto Sur podría ir”, señala el gerente de Ez Property Solutions.  

Pérez opina que lo que hace el juez es “darles la razón a los okupas”, que él sí es propietario en San Isidro de un piso, pero que lo va a “vender ahora, en estos días”, porque no va a poder acudir más al mismo. “De hecho, no me dieron ni tiempo para recoger mis cosas, las cosas de mis hijas, mi mujer, mi familia…”, enumera.

“Nada, muchas gracias a la justicia, pero llevo esperando por ustedes desde el viernes pasado, cuando me pegaron los guardias, se rieron de mí, me dijeron no sé cuántas amenazas… Hasta ahora no pasa nada, ¿no? Pues nada. Ya les digo, detrás de estos papeles blancos que hay aquí”, dice Pérez, mostrando unos folios, “aquí dentro”, y procede a señalarse su cabeza, “tengo toda la información que me hace falta. Si se les ocurre jugar a la calle conmigo, ¡calle!”.

Roberto Pérez fue detenido a mediados de septiembre en Granadilla de Abona, en plena intervención en un edificio, por presuntas coacciones y amenazas a agentes de la Guardia Civil. Vídeos difundidos en la red social X (antes Twitter) muestran a varios agentes de la Benemérita esposándolo, mientras él estaba acompañado de su abogado y un equipo de grabación. También en redes, respondió al agente que lo detuvo de la siguiente forma:

Momento de la detención del líder de la empresa especializada en desocupación Ez Property Solutions

“Sigue fomentando la ‘okupación’, sigue protegiendo a las ratillas que encuentras por ahí. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes personal conmigo? Rata de alcantarilla. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo vas a denunciarme por un altercado a la autoridad, un atentado…? Si yo no te toqué, me pusiste los grilletes por la cara, obligaste a los ‘okupas’ a que me denunciaran”, exclamó.

Ez Property Solutions es una empresa ‘desokupa’ creada en 2023 con sede en Las Palmas de Gran Canaria, pero cuyo objeto social indica que realiza “servicios técnicos de arquitectura”. Es principalmente conocida en el sur de Tenerife por sus polémicos métodos para expulsar a personas de viviendas ‘okupadas’ y ganar miles de euros haciéndolo. Según su último balance de cuentas, obtuvo unos beneficios de 232.553 euros el año pasado. En 2023, perdió dinero: 569 euros.

Su líder, Roberto Pérez, ha concedido numerosas entrevistas en los últimos meses. Dice que lo que hace es “mediar” entre propietarios y okupas, que es “el mejor” y está “preparando a los mejores”. Reconoce que estuvo en prisión, que antes de llegar a este sector estaba metido de lleno en el mundo de la droga, donde “no solo vendía, sino consumía”, y que ese es un “problema grande” que todavía está intentando controlar “poco a poco”.

En un vídeo reciente publicado en TikTok, Pérez describe a Ez Property Solutions así: “Somos una empresa seria, ayudamos a la gente. Si nos has observado en redes sociales, has visto cuál es nuestra trayectoria. Pero de aquí para atrás, éramos unos delincuentes chungos, no te pienses que somos retrasados mentales”, se le escucha decir por teléfono.

En otro vídeo, también en TikTok, Pérez admite que hace poco fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de coacciones y allanamiento de morada. “Tenemos que devolverle la propiedad al ‘okupa’, esto es la primera vez que nos pasa. Ha sido por malas diligencias de la Guardia Civil”, aseguró en esa publicación, de hace semanas.

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