Sánchez anuncia la “mayor inversión en dependencia de la democracia”: 6.200 millones de euros más en dos años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.

La medida, que desde el Ejecutivo califican de “histórica”, supone aumentar de forma estructural la partida que se transfiere desde el Estado central para la dependencia. Estos importes se incorporarán desde el nivel mínimo que reconoce la ley y la cuantía que reciben las comunidades se calcula por cada persona que tiene reconocida la dependencia. “La grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”, ha señalado el presidente.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.

El Estado central transfiere actualmente a las comunidades autónomas más de 3.600 millones de euros al año, por lo que la cuantía supondrá 6.200 millones más entre estos dos ejercicios y llegará al doble en 2027. Unas cantidades que las comunidades autonomas podrán dedicar a aumentar sus ayudas, contratar personal, reducir las listas de espera, mejorar los servicios que prestan, etc. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, la financiación suponía 1.347 millones, trás “años de abandono”.

Esta cifra “récord” se alcanzará en el marco de una reforma del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y supondrá un aumento de las cuantías que los gobiernos autonómicos reciben por cada persona que tiene reconocido algún grado de dependencia. En el caso del grado I, pasarán de 76 a 90 euros al mes por persona, un 18%; para los de grado II, se duplican, de 130 a 260 euros; y para los casos de grado III, subirán un 128%, de 290 a 660 euros al mes por persona.

El real decreto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, que deberá pasar por el Congreso, supondrá así mismo un blindaje de estos presupuestos, ya que revertir estos aumentos requeriría rehacer la normativa, si esta llega a aprobarse. Con esto, el Ejecutivo cumple el acuerdo de coalición de llegar al 50% de la financiación de una ley que alcanza a 1,6 millones de personas en todo el territorio, y avanza en la estrategia de cuidados que impulsó el ministro Pablo Bustinduy.

“Ese compromiso queda reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, pero también para asentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar unos servicios públicos de la mayor calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”, ha dicho el ministro.

Con este impulso el Ejecutivo persigue “reducir las listas de espera”, porque “cuando una persona necesita ayuda, el tiempo importa”, ha defendido Pedro Sánchez, que ha marcado también entre los objetivos que haya “más y mejores cuidados” y “dignificar las condiciones de quienes cuidan” porque “no podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”.

Ese “andamiaje para la tranformación profunda” del sistema de dependencia, como lo ha denominado Bustinuduy, se levantará en torno a este real decreto, que el ministro quiere llevar al Congreso para su convalidación junto a las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo, ha dicho, es “dejar atrás el modelo asistencial y masificado y hacer posible un sistema personalizado y cercano, que permite que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios el tiempo que lo desee”.