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EMPLEADOS PÚBLICOS

El Gobierno aprueba una subida salarial del 4,5% a los funcionarios

Laura Olías

17 de noviembre de 2026 12:44 h

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos para 2027, como avanzó ayer el presidente Pedro Sánchez. Cumple así el compromiso alcanzado con los sindicatos en 2025, en un acuerdo para varios años. La medida alcanzará a más de tres millones de trabajadores públicos, entre funcionarios y personal laboral de las tres administraciones públicas (estatal, regional y municipal).

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha destacado que el aumento salarial aprobado es el más elevado desde 1992, por lo que “es un orgullo” poder dar luz verde a la medida, ha valorado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los tres millones de empleados públicos se reparten entre algo más de medio millón de trabajadores y trabajadoras del Estado (unas 546.000 personas), algo más de 1,9 millones de personal de las Comunidades Autónomas y casi 600.000 personas empleadas en entidades públicas locales.

El Gobierno ha aprobado así el alza antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre, como pidieron los sindicatos mayoritarios de empleados públicos, CCOO, UGT y CSIF, ante el temor de que un posible cambio de signo en el Gobierno central diera al traste con el pacto laboral suscrito en noviembre de 2025, con compromisos hasta 2028.

En concreto, el acuerdo estableció una senda para subir los salarios de los empleados públicos hasta un 11% en el horizonte de 2028 y situó en el 4,5% el aumento para 2027.

Otro aumento del 0,5% en el primer trimestre de 2027

Además, en el primer trimestre de 2027 se abonará en las nóminas de los empleados públicos un 0,5% adicional y retroactivo desde enero de 2026, una vez que el INE confirme que la inflación este año ha crecido por encima del 1,5%. Algo que ya se puede afirmar que así será, con la media del indicador en el 3,5% en estos momentos.

Este compromiso, correspondiente al aumento del 2026 y ya está aprobado por ley en la norma del pasado diciembre, por lo que se desplegará aunque haya un cambio de Gobierno. A menos que hubiera un cambio legal para impedirlo.

Subida del 4,5% de partidas de “acción social”

El real decreto ley también incluye un incremento “del 4,5% en las partidas destinadas a planes de acción social del personal del sector público”, informa el Ministerio de Función Pública, que destaca que es un avance en otro de los puntos del Acuerdo Marco firmado con los sindicatos en 2025 que recogía “una revisión y actualización de los programas de acción social en el ámbito de cada negociación colectiva para orientarlos a necesidades emergentes”.

El ministerio de Óscar López destaca que estos gastos de acción social “han estado congelados durante los últimos 14 años” y recuerda que pueden cubrir, entre otros, “ayudas para cursar estudios, para sufragar el transporte público hacia el lugar de trabajo, para alquiler o adquisición de vivienda, guarderías, ayudas para tratamientos odontológicos, prótesis auditivas, gafas, etcétera”.

Subida de las indemnizaciones por residencia

La ley aprobada también recoge una mejora de las cuantías en concepto de indemnizaciones por residencia, que también se plasmó en el Acuerdo Marco con los sindicatos. Se trata de una compensación económica que perciben los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) para resarcir los sobrecostes de vivir en determinadas zonas con “especiales condiciones geográficas o de insularidad” como Canarias, Balears, Ceuta, Melilla o el Valle de Arán, recuerda Función Pública.

En julio de 2026, se actualizaron las indemnizaciones de los 11.176 efectivos de la Administración del Estado residentes en Balears, que se equipararon a las de Canarias. Ahora, “se suben todas ellas un 4,5%, el incremento máximo salarial previsto”, informa el departamento de Óscar López.

El llamado “Acuerdo Marco” contiene más materias además de las remuneraciones, como la eliminación de la tasa de reposición y la reducción del trabajo temporal excesivo en muchas administraciones, principalmente de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requieren de una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

En esta ocasión, el real decreto-ley con el aumento salarial de los empleados públicos deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, que se espera que dé luz verde a la medida. El ministro Óscar López ha justificado que la medida se apruebe este martes para que llegue a tiempo la orden de pago para los trabajadores en enero de 2027.

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