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La ciudadanía y los viajes de San Pablo

Nadie nace sabiendo ser ciudadano, el conocimiento de los derechos y deberes no se adquiere como consecuencia automática de vivir en un Estado de derecho

Muchos ciudadanos perciben que les faltan claves sobre el funcionamiento del sistema y las buscan donde pueden

El propio Consejo de Europa ha recordado al Gobierno que corresponde al Estado garantizar a todos los estudiantes la enseñanza de los valores democráticos

Educación primará a alumnos con rentas más bajas y mejores notas en las becas

Hice mi primera y única “chuleta” a los doce años, y en ella anoté los itinerarios de los viajes apostólicos de San Pablo. Por entonces –hace unos treinta años- la religión era asignatura evaluable, aprobarla importaba tanto como aprobar todo lo demás y aquella lista de ciudades era materia de examen. En contraste, los libros escolares de la época dedicaban al estudio de los derechos humanos y los valores propios de la convivencia democrática poco más que menciones puntuales; no es que su aprendizaje fuera transversal, es que era prácticamente casual. Durante el bachillerato esos temas se abordaban en función de las convicciones personales de los profesores de ética, filosofía o historia, ya que carecían de espacio diferenciado en el temario. Así pues, hasta que empecé Ciencias Políticas en la Universidad no recibí una explicación mínimamente sistemática de qué es y cómo funciona una democracia.

El debate sobre la Ley Wert me ha recordado esta experiencia, no sólo porque ese proyecto devuelve a las enseñanzas confesionales el estatus que una vez tuvieron y que la Iglesia católica añora desde hace años, sino también porque no reserva espacio curricular concreto para enseñar a los niños y jóvenes en qué consiste ser ciudadanos. Si la ley prospera, volveremos a la situación de hace tres décadas: los valores religiosos muy claros y detallados; los valores cívicos, dispersos y aprendidos a salto de mata.

Nadie nace sabiendo ser ciudadano. El conocimiento de los derechos y deberes no se adquiere por ciencia infusa, como consecuencia automática de vivir en un Estado de derecho. Mediante esa especie de ósmosis las personas pueden formarse una noción aproximada de qué es una democracia, pero todos necesitamos que nos expliquen además cómo funciona en la práctica, el ideal al que aspira, sus principios e instituciones fundamentales. Ese aprendizaje es preciso para ejercer una ciudadanía consciente, responsable y con capacidad crítica y prepararnos para decidir qué tipo de país y de sociedad queremos. Sin él existe el riesgo de que los lugares comunes se transformen en criterio principal en la toma de esas decisiones y en la interpretación de la información transmitida por los medios de comunicación, que no siempre es completa ni desinteresada.

Consciente de que en este terreno España tenía mucho que mejorar, el primer Gobierno de Zapatero creó en 2006 la asignatura de educación para la ciudadanía. Seguía una recomendación del Consejo de Europa, el cual se había declarado preocupado “por el nivel creciente de apatía política y cívica, la falta de confianza en las instituciones democráticas y el aumento de los casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, intolerancia con las minorías, discriminación y exclusión social” y consideraba que el estudio de esta materia contribuiría al desarrollo de ciudadanos más participativos y “sociedades libres, tolerantes y justas”. Dada la corta y algo azarosa experiencia de la educación para la ciudadanía en España, sus objetivos, pensados para el medio o largo plazo, no han tenido tiempo de materializarse.

Sin embargo, los motivos de preocupación que justificaron su creación no sólo siguen vigentes, sino que se han agudizado durante la crisis.

Todas las encuestas indican que en nuestro país ha aumentado el malestar con la política y las instituciones. Pero, tal como destacaba hace unos días Carol Galais en Agenda Pública, el descontento no ha producido un incremento automático de la apatía, sino que al menos parte de él se ha traducido en interés creciente por la política. Un interés, eso sí, trufado de desconfianza y confusión. Demasiado a menudo nos resulta difícil discriminar entre mensajes contradictorios y distinguir, en medio de la avalancha diaria de noticias, entre mitos y realidades, informaciones sesgadas y datos fiables.

Muchos ciudadanos perciben que les faltan claves sobre el funcionamiento del sistema y las buscan donde pueden; parte de las demandas de transparencia tienen este sentido. Sin embargo, aún en un contexto donde triunfara el
paradigma de la transparencia, sería preciso contar con criterios fruto del conocimiento y la reflexión sosegada para organizar la información que recibimos y darle el mejor uso posible en democracia. Incluso en un mundo ideal necesitaríamos un bagaje cívico que ordenara nuestras ideas a la hora de opinar, elegir, exigir y no dejarnos llevar ni por los vientos a favor, ni por aquellos que soplan sistemáticamente en contra.

Es evidente que no vivimos en un oasis de transparencia, sino en un país golpeado por una crisis económica que ha saltado a los ámbitos social, político e institucional, donde el “ruido” constante desvía muchas veces nuestra atención de asuntos cruciales y con frecuencia nos sentimos inermes ante la envergadura de los problemas. Una cultura cívica más sólida no bastaría para resolver nuestras dificultades, pero con ella estaríamos mejor pertrechados para hacerles frente como sociedad y buscar colectivamente soluciones.

Si entre los objetivos de la reforma educativa estuviera mejorar la calidad de nuestra democracia –objetivo que no parece insignificante ni despreciable- lo lógico sería reforzar la educación para la ciudadanía, dotando a nuestros hijos de esas herramientas que sus padres estamos echando en falta. Pero precisamente en este contexto, el Ministro Wert decide caminar en dirección contraria. El propio Consejo de Europa ha recordado al Gobierno que corresponde al Estado garantizar a todos los estudiantes la enseñanza de los valores democráticos, y que transformar esa materia en optativa –como pretende el Ministerio- equivale a diluirla.

Se han hecho muchas y bien fundadas críticas a la Ley Wert; la más grave es que reduce la igualdad en el derecho a la educación, cuestión que merece comentario aparte. Pero en cualquier caso, la suma de mayor desigualdad educativa y menores nociones de ciudadanía sienta las bases de un determinado tipo de sociedad, que es a la que aparentemente –discúlpenme la suspicacia- aspira este Gobierno: una sociedad sumisa, conformista, donde las personas se resignen al destino marcado por su origen social y cada cual se preocupe sobre todo por lo suyo y poco o nada por lo colectivo. Una sociedad menos ciudadana y más súbdita. Puede que, gracias al Ministro Wert, sea también una sociedad más creyente. Aunque ni siquiera esto es seguro.

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