¿Qué valor social asignamos a la infancia?

El Comité Español de UNICEF acaba de publicar su tercer informe sobre la situación de la infancia en España y, una vez más, no hay mucho que celebrar pero sí mucho que reflexionar.

Los niveles de pobreza, privación y desigualdad en la infancia no han parado de crecer en los últimos años, y de una manera mucho más acelerada que en el resto de la población, confirmando lo que ya decíamos en 2012: la pobreza y la exclusión social en España tienen cara de niño.

Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (2013), en España 2.306.000 niños y niñas están en riesgo de pobreza, un 27,5% de la población infantil, 7 puntos por encima de la población adulta y más del doble que los mayores de 65 años. Tener hijos parece haberse convertido en un factor de riesgo que aumenta de manera evidente la probabilidad de un hogar de caer en la pobreza.

Algo parecido pasa con la desigualdad. En un momento en que tanto se habla de los preocupantes niveles de desigualdad de la sociedad española, no se puede pasar por alto que gran parte de ésta se concentra en la infancia, pues las brechas entre niños pobres y niños ricos son sensiblemente más altas que las que se observan entre adultos, y cada vez mayores. Una desigualdad que, además, es el germen de una sociedad más pobre y más desigual para el futuro.

El informe aporta una gran cantidad de datos que ponen de manifiesto avances pero también retrocesos respecto de otras dimensiones del bienestar infantil (recogidos y desglosados en un amplio anexo estadístico). Estos datos nos hablan de diferencias muy significativas en el bienestar infantil en función de la comunidad de residencia del niño o de características personales y del contexto, como el sexo, la edad, o el nivel socioeconómico y cultural del hogar.

Sin dejar de analizar esta realidad, sino a partir de ella, este informe pretende ampliar la mirada y de alguna forma elevar el nivel del debate llevándolo a un plano más amplio, que tiene que ver con la esencia y el origen de esta situación. En este sentido, nos plantea (¡a todos y todas!) una cuestión tan fundamental como la siguiente. ¿Qué valor asigna nuestra sociedad, en su conjunto, a los niños y las niñas? ¿Es España un país que apuesta por los niños, por su bienestar presente y por su, y nuestro, futuro?

Duele decirlo, pero la respuesta es que, claramente, la infancia no está en el centro de las agendas política y social. Vivimos en una sociedad donde, a pesar de los grandes avances en materia de derechos de infancia, los niños son considerados todavía responsabilidad prácticamente exclusiva de sus familias y a los que se les otorga valor sólo dentro de sus hogares y más como futuros adultos que como ciudadanos de pleno derecho. Y es en esta falta de reconocimiento del valor social de la infancia que se encuentra la esencia de la cuestión, pues en definitiva esto hace que los niños y las niñas no hayan sido históricamente una prioridad para nuestra sociedad en su conjunto.

Expresión de ello es justamente la realidad tan insoportable a la que acabamos de hacer referencia, que apunta a que los niños son los primeros en pagar los platos rotos de una crisis que no han generado y frente a la que están más desprotegidos.

Pero además, el informe pone de manifiesto tres elementos muy importantes que tienen que ver con el peso de la infancia en la agenda política y en la intervención pública.

En primer lugar, España se caracteriza (desde mucho antes de la crisis) por una inversión de recursos públicos en infancia muy baja. Mientras que nuestro gasto total en protección social (como % del PIB) no dista mucho del promedio europeo, invertimos en infancia y familia poco más de la mitad que el resto de países de nuestro entorno (1,4% del PIB frente al 2,2% de la EU17). Como si no fuera suficiente, entre 2010 y 2014 la inversión en infancia ha caído en más de un 15% en los presupuestos según estimaciones realizadas por el Centro de Estudios Económicos Tomillo.

Más claro, imposible. Invertimos en infancia muy poco en términos macroeconómicos y además los niños ocupan un lugar muy poco protagonista en los presupuestos, comparado con lo que pasa en el resto de la Unión Europea. ¿Es esto priorizar a la infancia, apostar por los niños?

En segundo lugar, y consecuencia de lo anterior, las políticas públicas en nuestro país tienen una capacidad muy limitada para reducir la pobreza infantil. Mientras que en el conjunto de la Unión Europea las prestaciones sociales consiguen reducir la pobreza de los hogares con niños en un 45%, en España solo lo hacen en un 30%. No obstante, su efecto en la pobreza adulta es mucho mayor, puesto que logran reducirla en un 66% - esta vez sí, en línea con la media europea.

Dicho de otra forma, nuestras políticas reducen significativamente la pobreza de la población adulta, pero no de los niños y las niñas. ¿Es esto priorizar a la infancia, apostar por los niños?

Finalmente, en España todavía existen grandes desafíos en cuanto a disponibilidad de datos suficientemente desglosados, periódicos y accesibles sobre la infancia. Lo lamentan los expertos y las organizaciones de infancia, lo recuerda puntualmente el Comité de Derechos del Niño, e incluso lo asume el propio Estado (mejorar este aspecto es el primer objetivo del Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia). Los datos cuentan, y mucho, a la hora de promover y hacer efectivos los derechos de la infancia y promover su bienestar. Apostar por la infancia con enfoque de equidad requiere de datos de calidad y suficientemente desagregados.

Hoy en día en España todavía no existen datos suficientes en ámbitos tan importantes como por ejemplo la nutrición, la violencia, el maltrato infantil o la salud mental; colectivos especialmente vulnerables, como los niños y niñas con discapacidad, siguen siendo casi invisibles en las estadísticas; los datos oficiales casi no recogen las opiniones y percepciones de los propios niños o lo hacen de una forma muy marginal; y es prácticamente imposible decir con exactitud cuánto dinero se invierte en los niños y en qué (otro tirón de oreja por parte del Comité de Derechos del Niño). ¿Es esto priorizar a la infancia, apostar por los niños?

Ante esta realidad, está claro que el problema no es la falta de medios (en épocas de vacas gordas la cosa no era muy distinta), sino la falta de una apuesta decidida. Sin ir más allá, la historia reciente de España nos demuestra que cuando existe un amplio consenso social y político y este se traduce en una apuesta decidida y en una inversión sostenida, los resultados son muy distintos, como demuestra el Pacto de Toledo y todo lo que ha implicado para una parte importante de la sociedad española.

La pobreza infantil no es una consecuencia inevitable de un ciclo económico desfavorable o de alguna otra fuerza mayor, sino que depende de la manera en que un país ha querido y sabido poner en valor a la infancia y blindar sus derechos, así como de las políticas que se ponen en marcha como respuesta a la crisis.

En un informe internacional de UNICEF de 2007 se decía que “la verdadera medida del progreso de una nación es la calidad con que atiende a sus niños”. Ahora más que nunca es el momento de decidir qué tipo de sociedad queremos ser hoy y en el próximo futuro, y esto tiene que ver con el valor social que atribuimos a los niños y las niñas.

Los niños importan y su valor social va mucho más allá del ámbito doméstico; son un asunto de su familia pero también de todos, y una apuesta política y social por ellos es posible y necesaria. Y en UNICEF no somos los únicos en creerlo: en pocos días casi 45.000 personas han firmado nuestra petición por un Pacto de Estado por la Infancia. ¿Algo se mueve?