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Este blog corresponde a Alternativas Económicas, una publicación mensual que te explica la información económica desde un punto de vista social.

Cooperativismo agrario, ¿grande o pequeño?

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Tomás García Azcárate y Alicia Langreo Navarro

El debate sobre la economía social y cooperativa está más vivo que nunca en estos momentos en los que mejoran ciertas cifras macroeconómicas. Nos gustaría contribuir con algunas reflexiones desde el ámbito en el que desarrollamos nuestra actividad profesional e investigadora, el del sector agrario y alimentario y el de las políticas públicas con él relacionadas.

Partiremos del estudio titulado en inglés Support for Farmers’ Cooperatives (el apoyo a las cooperativas agrarias), realizado para la Comisión Europea en los años 2011 y 2012. En este estudio, se analiza la situación de las cooperativas agrarias en todos los Estados miembros de la Unión y se llega a unas conclusiones interesantes. Que sepamos, no hay otro estudio que analice y compare la situación de la economía social de cualquier otro sector productivo en todos los Estados miembros de la Unión, con una metodología armonizada y unas preguntas de investigación comunes. Creemos que algunas de sus conclusiones pueden ser útiles e interesantes también para otros sectores de la economía.

Una de ella es que los precios percibidos por los agricultores son mayores en las regiones en las que el cooperativismo es fuerte con respecto a las otras. En un contexto de cadena alimentaria desequilibrada, en el que el poder está en manos de la gran distribución, la organización en cooperativa es positiva para los agricultores asociados y también para los no miembros.

Otra conclusión es que, en las regiones con fuerte presencia cooperativa, las empresas privadas pagan un precio medio al agricultor más alto que el pagado por las cooperativas. Esto se explica fácilmente.

En sectores con márgenes comerciales muy reducidos, como pueden ser el de los cereales, todos los actores (sean cooperativas o privados) están a la búsqueda de volúmenes para comercializar. En España, en particular, la situación se acentúa al ser una zona deficitaria. Pero en los restantes sectores, la regla general es que las empresas privadas intentan quedarse únicamente con los mejores agricultores, más grandes, mejor localizados y se hacen cargo únicamente de la parte de la producción que les interesa. En España, es claramente el caso en sectores clave como el vino, el aceite de oliva y la leche.

En el polo opuesto, cuando se preguntó a los socios de las cooperativas cuáles eran las razones de su adhesión, las dos más frecuentemente citadas fueron el que la cooperativa se hace cargo de toda la producción de sus socios y la seguridad del cobro. Este segundo factor fue resaltado con fuerza en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, en donde los agricultores fueron primero víctimas de la burocracia estatal y luego de los tiburones del capitalismo más salvaje.

La cuota de mercado de las cooperativas es mayor en las primeras fases de la comercialización, acopio del producto y/o primera transformación, que en las siguientes. En España, la división del trabajo en las décadas de los sesenta y setenta dejaba la segunda transformación en manos de la industria privada. En los países del mercado común, a este fenómeno se sumó la especialización de las cooperativas en los productos que tenían garantía de compra por la intervención comunitaria, como los cereales, la leche en polvo, la mantequilla y el alcohol vínico. Aseguran, además, otros servicios al agricultor que no siempre son pagados a su coste real.

La última década ha visto dos nuevos fenómenos que van en sentido opuesto. Por un lado, la desaparición de la intervención ha empujado a ciertas cooperativas hacia la creación de valor añadido. Es el caso, por ejemplo, de las cooperativas lácteas Arla y Campina. Por otro, la mayor competencia industrial ha empujado a las empresas privadas que tenían algún pie en la primera transformación a retirarlo y a vender las instalaciones a cooperativas con las que pueden mantener incluso contratos de suministro. Es el caso de Heinz en el tomate para industria o el de Unilever en el aceite de oliva.

Dos preguntas

Nos tenemos que hacer, en esta fase de la reflexión dos preguntas importantes: ¿Qué agricultura queremos? ¿Qué agricultores queremos?

Si deseamos mantener una agricultura de dimensión humana, vertebradora del territorio, anclada en los pueblos, la organización colectiva es la única manera de hacerlo compatible con la economía de mercado. Téngase en cuenta que hemos utilizado la expresión “organización colectiva” y no la de “cooperativas”, porque las firmas que adoptan los agricultores para actuar juntos son variadas. Por supuesto, las cooperativas son el núcleo duro y mayoritario, pero otras fórmulas legales, incluso sociedades anónimas o limitadas, tienen amparo bajo el paraguas jurídico comunitario de las “organizaciones de productores”.

Sabemos que se trata de una condición necesaria, aunque no suficiente. El agricultor individual, salvo los de muy gran dimensión, ni tiene capacidad para construir el valor de sus productos y defenderlo frente a la gran distribución, ni tiene capacidad para incorporarse a la nueva ola de cambio tecnológico de la agricultura 2.0, de los drones.

Organizado, puede añadir valor y servicios a sus productos, diferenciarlos en el mercado, negociar en mejor posición contratos con sus compradores, acceder a los beneficios que la nueva agricultura 2.0 va a brindar.

En Valencia se ha desarrollado una interesante práctica para hacer frente al envejecimiento de la población agraria, al minifundismo y evitar el abandono de parcelas, con todas las implicaciones fitosanitarias que esto podría tener. Algunas cooperativas se están haciendo cargo de las tierras de los agricultores que se jubilan, cultivándolas directamente desde la cooperativa o instalando agricultores jóvenes sobre explotaciones de aceptable dimensión.

Queríamos hablar ahora de dos prejuicios muy difundidos, el de “small is beautiful” (lo pequeño es bonito) y el de “un hombre, un voto”

Son muchos, demasiados, los que piensan que las pequeñas cooperativas (como lo son los pequeños agricultores) son mucho mejor que las grandes porque están mucho más próximas a sus socios. Todo depende, a nuestro juicio, del mercado en el cual trabaje la cooperativa.

La cooperativa pequeña es un instrumento adecuado para trabajar en un mercado pequeño, por su ámbito geográfico o por las características del producto. Para mercados locales, circuitos cortos, productos muy específicos, un tamaño reducido puede ser un acierto, por flexibilidad y costes operativos.

Iniciativas como las de Madrid Agro-Ecológico de un mapeo de los grupos de consumo existentes para que cualquiera que quiera contactarlos lo pueda hacer de manera sencilla es una buena idea. El extenderlo a un mapeo de los productores para, entre otros, que se conozcan y se coordinen para ahorrar costes logísticos es otra excelente iniciativa.

Para los grandes mercados, las cooperativas pequeñas son un lastre que debilita a los productores. España es un gran país exportador. El excedente comercial de la balanza agroalimentaria alcanza los 10 billones de euros. Muchos territorios viven gracias a ello, desde los oleicultores de Jaén hasta los horticultores de Almería pasando por los viticultores de Castilla-La Mancha. La exportación es el mercado principal de los productores ecológicos. En estos mercados, para ser alguien hay que ser grande.

Hoy es necesario mejorar tanto la organización social para abordar los mercados locales como la cooperación para estar presente en los mercados globales.

Ya sabemos que algunos solo apuestan por los circuitos cortos y los mercados locales. Pero la construcción de una utopía realista pasa por apoyar decididamente esta agricultura y estos agricultores, aunque también a la agricultura de exportación o suministradora de nuestros supermercados, siempre, por supuesto, que se enmarquen en estrategias productivas sostenibles.

Las cooperativas pequeñas pueden presentar problemas de gobernanza, relacionados, por ejemplo, con la falta de capital humano suficiente o con el riesgo de caciquismo. Pero es verdad que una cooperativa grande plantea problemas de gobernanza importantes. El estudio europeo al que nos referimos al principio recolectó algunas de las respuestas a este reto de gobernanza que los agricultores de distintos Estados miembros habían encontrado.

Entre ellos, destacaríamos cinco, algunas más evidentes que otras:

  • La formación cooperativista y empresarial de los miembros del consejo rector y de los empleados, pero también de los propios socios. Las cooperativas son empresas de economía social, y allí los dos términos son importantes, tanto el de economía como el de social.
  • La trasparencia interna de la información, muy facilitada por las nuevas tecnologías.
  • La profesionalización de los técnicos.
  • La transparencia en el reclutamiento.
  • El mantenimiento y la animación de secciones locales, que deben desempeñar un papel decisivo en el suministro de servicios y apoyos a los socios.
  • La existencia de consejeros independientes en los consejos de gestión o de administración, con consciencia cooperativa. Estos pueden provenir de otros sectores económicos que el agrario y alimentario e incluso de otros países que el de la cooperativa.

Esta lista no es exhaustiva, ni garantía de éxito, pero nos parece útil. Entre otras opciones cabría destacar, por ejemplo, la realización de una universidad de verano o una escuela de cuadros que reúna a participantes del conjunto de los territorios o actividades en los que trabaja la cooperativa.

Desgraciadamente en el estudio no se ha abordado el papel que las mujeres desempeñan, pueden desempeñar o deberían desempeñar en el proyecto cooperativista. Es verdad que la gran mayoría de los investigadores que en él trabajaron son hombres, que este tema no estaba en la época tan de actualidad como hoy, pero no deja de ser una laguna importante y lamentable en el mundo del cooperativismo.

¿Un socio, un voto?

Existen pocos estudios sobre el tema de la presencia de la mujer en el mundo cooperativo, aunque es verdad que la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias ha abierto una línea de trabajo sobre el tema y ha fundado la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España. La participación de la mujer en el seno de las cooperativas es aún inferior a su protagonismo en los sindicatos agrarios, que ya de por sí es muy reducida.

Estamos tocando aquí un segundo principio establecido por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), el del control democrático de la cooperativa por los miembros que tradicionalmente ha pasado, al menos en las cooperativas de base o de primer grado, por el principio de “un socio, un voto”.

Este principio, histórico ciertamente, choca con la cruda realidad de hoy en, al menos, dos aspectos importantes.

El primer desencuentro nace de la existencia de socios activos y socios no activos. En las cooperativas agrarias, muchos jubilados de la actividad agraria siguen siendo socios de las cooperativas. A veces pueden incluso representar la mayoría de los votos. Cuando los dirigentes de la cooperativa se encuentran ante grandes decisiones, como la de realizar inversiones importantes, la lógica patrimonialista de los socios jubilados puede llegar a chocar de frente con la lógica económica y productiva de los socios activos. Esto puede llevar a la muerte lenta de la cooperativa o a su abandono por los socios más dinámicos.

El segundo desencuentro fue subrayado por el estudio del que ya hemos hablado anteriormente. El análisis comparado de las cooperativas europeas concluye que funcionan mejor aquellas en las que el voto está ponderado por la actividad del socio en la cooperativa que en aquellas que respetan estrictamente el principio “un socio, un voto”.

No se trata de dar más poder al gran agricultor frente al pequeño, sino de dárselo a aquel socio que utiliza plenamente todos los servicios de la cooperativa, desde la comercialización de una amplia gama de productos hasta la compra de insumo o el uso de maquinaria, por poner solo algunos ejemplos del día a día de un cooperativista.

Tomás García Azcárate es investigadore del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y presidente de la Asociación Española de Economistas Agrarios.

Alicia Langreo Navarro es directora de la Sociedad de Estudios Saborá.

[Este artículo ha sido publicado en el número 58 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

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