Los partidos dan la espalda al campo

La agricultura ha salido relativamente fortalecida de la crisis económica que sufre España. El sistema alimentario en su conjunto —incluye desde la pesca y la agricultura hasta la distribución— es el mayor actor de la economía española; el mejor distribuido sobre el conjunto del territorio; el más exitoso en la exportación y el responsable de una oferta alimentaria importante para un turismo de calidad y fundamental para la salud de la población. Por poner encima de la mesa una sola cifra, en el año 2014 (último con cifras consolidadas) la exportación agroalimentaria alcanzó 40.830 millones de euros, el 17% de las exportaciones totales, con un saldo positivo de 9.742 millones. En los años de la crisis la evolución ha sido positiva en todos los capítulos. 

Pero siguen persistiendo problemas estructurales. Entre ellos, podríamos destacar el desequilibrio creciente de la cadena alimentaria; la concentración de la industria de los insumos, de las mayores firmas alimentarias y de la distribución frente a un sector agrario envejecido y aún desorganizado a pesar de las mejoras; los cambios en la relación entre consumidores y alimentos; las crecientes exigencias de seguridad alimentaria;  las mayores demandas en torno al bienestar animal; la progresiva toma de consciencia medioambiental en el conjunto de la sociedad, desde los consumidores hasta los agricultores; el impacto del cambio climático, la necesidad de su mitigación, y la urgencia de una adaptación…

En lo que respecta a la situación del medio rural, a pesar de las innegables mejoras desde la adhesión de España a la Unión Europea, cabe mencionar como hecho más grave la persistencia, si no profundización, de un desequilibrio demográfico y poblacional en la mayor parte del interior peninsular que condiciona todos los aspectos de la vida cotidiana e hipoteca su desarrollo.

Además, el sistema alimentario es hoy el más intervenido políticamente desde distintos ámbitos,  con grandes partidas de gasto público,  gran sensibilidad social y medioambiental y responsabilidades (para bien y para mal) sobre el 75% del territorio. 

Sobre todas estas cuestiones tenemos la intención de volver más en detalle en próximas colaboraciones. Para hoy queremos mencionar que, a pesar de que ha estado presente en la propuesta del candidato a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, incluso más claramente  que en otras ocasiones, la importancia de algunas de estas cuestiones no ha merecido atención a nuestro juicio suficiente en los programas de los principales partidos políticos.

Es cierto que Sánchez abogó en sus intervenciones por “un Gobierno en el que el medio rural sea una política de Estado” y ha hablado entre otros problemas de despoblamiento, envejecimiento y de los empleos en la industria alimentaria. Por esto nos hemos leído con atención el texto del acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, en busca de referencias a esta problemática. 

Debemos hacer dos aclaraciones preliminares: no vamos a realizar una lectura en busca de “¿Y de lo mío, qué?”, ya que muchos de los problemas que padecen los actores de la cadena alimentaria y del medio rural son los mismos que sufren muchos otros ciudadanos y pensamos que en una propuesta de este tipo no tiene sentido un desglose de problemas sectoriales. También  somos conscientes de que se trata más de un catálogo de intenciones que de un programa de gobierno como tal.

CRECIMIENTO INCLUSIVO

Encontramos referencias bastante específicas cuando se habla de fiscalidad y de “cambios en el sistema de modelos acomodándolos más a una realidad de ingresos reales y menos al sector de actividad”; cuando se propone una reforma de la ley de cooperativas; cuando se expone la necesidad de una “reforma de la ley de defensa de los consumidores y usuarios”; de “luchar contra el desperdicio de productos comestible”; de “aprobar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala”; de una “política forestal y usos del suelo”; de “mejorar la protección de la biodiversidad”; de “la promoción de una gestión sostenible y eficiente del agua incluyendo una atención prioritaria a los territorios afectados por la sequía”; de “un plan de usos de espacios marinos”, o de “una ley marco de bienestar animal”.

Siendo bondadosos, y teniendo en cuenta que no caben aquí análisis sectoriales, podríamos también poner en el haber del acuerdo la referencia a un crecimiento inclusivo; a la innovación tecnológica; al cambio climático y la necesaria transición energética; al apoyo a las pymes y los autónomos (donde caben la industria alimentaria y el desarrollo rural); a  promover compras públicas innovadoras (?) primando criterios de sostenibilidad ambiental (?); a la digitalización de todo el país;  al combate contra la morosidad empresarial (que entendemos incluye a la cadena alimentaria); a la defensa de la unidad de mercado; al fomento de la competencia (que puede utilizarse para reequilibrar, entre otros, la cadena alimentaria); al impulso a la economía circular, a la limitación de los pagos en efectivo….

Tendrían también un impacto positivo para el medio rural y el sector alimentario, las medidas encaminadas a mejorar la educación, la formación, la fiscalidad empresarial y el pacto por la ciencia. 

Aunque es verdad que se menciona el problema del despoblamiento y el desequilibrio demográfico en la propuesta del candidato, pensamos que no queda claro hasta qué punto esta tiene que ser una cuestión de Estado, más allá de sectores o autonomías. Lamentamos también que esta cuestión no haya tenido eco en los portavoces de los restantes grupos políticos.

Cuando se habla de “generación de mapas de riesgo e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial” se mencionan los ámbitos “territorial, urbano, hidráulico, energético y de infraestructura”. Se cita lo “urbano”, pero no lo “rural”. Lo mismo puede decirse de la referencia al “medio ambiente urbano” y a las  Smart cities y no se menciona ni el medio ambiente rural ni las Smart rural areas.

Uno de los temas más controvertidos es el referido a la supresión de las diputaciones. Por un lado, se anuncia que se van “a evitar duplicidades y racionalizar el gasto a fin de ofrecer de forma eficaz y eficiente el mismo nivel de prestaciones de servicios a todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan”. Para ello, se propone “la racionalización de las entidades locales en España, promoviendo la fusión voluntaria de municipios”.

Por otro, a diferencia de otras propuestas para las cuales se van a realizar estudios, en este caso se propone la desaparición de las diputaciones sin ningún análisis de impacto en el debate público para alcanzar un grado suficiente, y elevado, de consenso donde debería incluirse la estructura de la Administración local en su conjunto. A diferencia de la “exigencia de una evaluación periódica de todas las políticas y del gasto público” que corresponde a una práctica de “nueva política”, la adopción de propuestas radicales como esta a la que nos estamos refiriendo sin ningún análisis previo es más una práctica de la “vieja política”.

NUEVAS EXIGENCIAS

El sistema alimentario y el mundo rural están totalmente imbricados en la sociedad y la economía española. Por eso nos parece bien que se contemplen conjuntamente los problemas, aunque queda mucho para que en el conjunto de la sociedad se perciba en su dimensión real la importancia de la alimentación y del mundo rural. Sólo profundizando en el conocimiento mutuo se podrá afrontar el reto del cambio climático y la sostenibilidad del sector alimentario. 

Los agentes del sistema alimentario tienen que asumir las nuevas exigencias de los consumidores, en bienestar animal por ejemplo, pero éstos deben comprender las exigencias de unos procesos productivos biológicos y  complejos. El  lógico objetivo de promover un desarrollo sostenible y entregar un planeta en buenas condiciones a las generaciones futuras debe tener en cuenta que la razón de ser del sistema alimentario es… ALIMENTAR.

Los actores de la cadena deben madurar lo suficiente para construir relaciones de colaboración, nunca exentas evidentemente de tensión, y las autoridades públicas deben encontrar el grado justo de intervención que las responsabilice. El libre mercado no puede ser el libre zorro en el libre gallinero, y la política de defensa de la competencia también debe ser sostenible y tener en cuenta los desequilibrios que se producen en la cadena alimentaria, para los que debe ser parte de la solución y no el problema. 

Estamos refiriéndonos a algo que merece un gran debate de la sociedad. Nuestro propósito con esta nueva colaboración es contribuir y animar este debate. Con mucho gusto, disfrutaríamos de opiniones distintas, diferentes o discrepantes de los sabios lectores de Alternativas Económicas. 

Alimentación y Territorio es un colectivo de reflexión sobre el futuro de la alimentación y el territorio rural animado por Alicia Langreo y Tomás García Azcárate.

[Este artículo ha sido publicado en el número de mayo de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]